No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo. Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-320/93. INSTRUIDO A: D. Ignacio Pérez Pila. D.N.I. o N.I.F.: 13762334-P.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 4 de febrero de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el establecimiento Tintorería Tiendas, del que es titular D. Ignacio Pérez Pila, sito en la calle Heraclio Sánchez, 18, del término municipal de La Laguna, y mediante acta nº 031607 instruida al efecto, comprobó la reclamación con nº de Registro de Inspección R 720/92, interpuesta por Dña. Francisca del Pino Rodríguez Godar, con D.N.I. nº 42.888.818, por haber sufrido deterioro dos mantas tras el servicio efectuado en dicha tintorería, que según dice encogieron a la mitad y por ello solicita indemnización. Que como consecuencia de la anterior se observan las siguientes irregularidades: 1. El resguardo de depósito carece de los siguientes datos de carácter preceptivo: a) No consta el domicilio del usuario, pues únicamente se menciona su vecindad. b) No consta el servicio tipo solicitado. c) No se hace mención a la fecha prevista de terminación del servicio. 2. Que no se ha efectuado el servicio con la debida diligencia y a consecuencia de ello se produjeron deterioros en, al menos, una de las prendas, en concreto en la manta de lana, sin que se haya procedido a indemnizar al reclamante. Como se pudo comprobar por el Inspector haciéndolo constar en el acta nº 031614 por él levantada el día 9 de febrero de 1993, y tampoco se aportó notificación sobre el acuerdo o no de indemnización. Por tanto se ha cometido infracción en materia de protección al consumidor. FUNDAMENTOS DE DERECHO: los artículos 6 y 8 del Real Decreto 1.453/1987, en relación con el artº. 3, apartados 3.1.4 y 3.3.1, artº. 5, apartado 1, del Real Decreto 1.945/1983, apartados 4, 8 y 9 del artº. 34 y el artº. 25 de la Ley 26/1984. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que la Providencia de Incoación y el Pliego de Cargos se notificaron mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación a los mismos. Existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a la misma. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en los artículos 11, apartado f), y 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Ignacio Pérez Pila la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, p.s., el Director General de Industria y Energía, Luis García Martín (Orden de 25.2.94; B.O.C. nº 27, de 4.3.94).
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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