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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero: notificar al establecimiento Restaurante Pepe Ramos I la Orden de 4 de mayo de 1994 (libro nº 02, folio 1.009), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 82/93 (expediente nº 446/91), interpuesto contra la Resolución de 27 de mayo de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.
Segundo: remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de mayo de 1994.- El Secretario General Técnico, José Espejo González.
A N E X O
Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. José Ramos Abreu (Restaurante Pepe Ramos I).
Visto el recurso de alzada promovido por D. José Ramos Abreu, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pepe Ramos I, contra la Resolución de 27 de mayo de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 446/91, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en no notificar a la Administración turística competente los precios de la ensalada por persona y del pan, y haber percibido por el agua un precio superior al notificado a dicha Administración, según se desprende de la factura adjunta a la reclamación formulada por D. Luis Rodríguez Guirado y de la consulta de los archivos correspondientes, hechos que determinaron la imposición de sanción en cuantía de treinta mil (30.000) pesetas.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando se revoque la misma, a cuyos efectos se exponen, en síntesis, que ha cobrado los precios que aparecen en las listas autorizadas, con la única variación presentada con fecha 17 de febrero de 1992.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Presidencia y Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso, de acuerdo con lo que establece el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Segundo.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- El artº. 122.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, redactado de acuerdo con la Ley 164/1963, de 2 de diciembre, aplicable a tenor de lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda, apartado uno, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que el plazo para la interposición del recurso de alzada será de quince días y habiéndose notificado la Resolución recurrida el día 11 de junio de 1992, según consta en acuse de recibo unido al expediente, y presentado el escrito de recurso con fecha de registro de entrada el 12 de agosto de 1992, resulta el carácter extemporáneo del mismo, deviniendo firme e inimpugnable la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.
Cuarto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación, D I S P O N G O:
Declarar la inadmisión del recurso de alzada promovido por D. José Ramos Abreu, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pepe Ramos I, por interposición fuera de plazo, deviniendo firme e inimpugnable la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística de fecha 27 de mayo de 1992, recaída en el expediente sancionador número 446/91, que determinó la imposición de una sanción de treinta mil (30.000) pesetas. Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a esta Consejería de Presidencia y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Presidencia y Turismo, Miguel Zerolo Aguilar.
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