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No habiéndose podido notificar al interesado, en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución recaída en el expediente tramitado en esta Dirección General con referencia 148/92.U, de conformidad con el apartado cuarto del antedicho artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Juan Bethencourt Rodríguez la Resolución de fecha 11 de enero de 1994, recaída en el expediente 148/92.U, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente:
Resultando que en la calle Montaña, nº 19, término municipal de Arona, se están realizando obras de construcción de un edificio con una superficie de unos 420 m2, promovidas por D. Juan Bethencourt Rodríguez, sin contar con la preceptiva licencia municipal.
Considerando que de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, en relación con el artículo 248 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, procede la suspensión de las referidas obras y la apertura del oportuno expediente en orden a determinar el carácter legalizable o ilegalizable de las mismas.
Considerando que el Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental es competente para ordenar la suspensión de las referidas obras de conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, en relación con el artículo 21 de la citada Ley 7/1990, de 14 de mayo.
Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,
R E S U E L V O:
Ordenar la suspensión de las obras de construcción de un edificio con una superficie de unos 420 m2, que promueve D. Juan Bethencourt Rodríguez, en la calle Montaña, 19, término municipal de Arona, y en orden a garantizar dicha medida, precíntense las citadas obras una vez transcurrido el plazo de tres días a partir de la notificación de la presente, plazo que se le concede a efectos de poder retirar cuantos útiles y demás bienes le sean necesarios, advirtiendo que de continuarse las obras se procederá a la retirada de la maquinaria afecta a éstas, así como a dar traslado de los hechos a la fiscalía por ser presuntamente constitutivos del delito de desobediencia, tipificado en el artículo 237 del Código Penal.
Requerir al Ayuntamiento para que incoe el correspondiente expediente sancionador, apercibiéndole de que su inactividad dará lugar a la subrogación de la Dirección General en los términos previstos en el artículo 47.2 de la citada Ley 7/1990, de 14 de mayo, debiéndose recibir en este Centro Directivo, a efectos de la citada subrogación, informe sobre las actuaciones llevadas a cabo por esa Corporación, en el plazo de los diez días siguientes a la adopción de las mismas.
Notifíquese la presente Resolución al Ayuntamiento y a los interesados.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de abril de 1994.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, p.s., el Director General de Urbanismo, Faustino García Márquez (Orden de 30.4.93; B.O.C. nº 57, de 3.5.93).
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