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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0134/92. INSTRUIDO A: Canari Merca, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-35280726.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 10 de abril de 1992, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Hipermercado Vivó, propiedad de Canari Merca, S.L., sito en la Carretera Aeropuerto, km 4.700, del término municipal de San Bartolomé, y mediante acta instruida al efecto (nº 34.459), en virtud de denuncia nº 286/91, comprobaron que tenía expuesto para su venta al público diversas clases de carnes envasadas en bandejas en cuyo etiquetado figuraba la siguiente leyenda: Preembalado. Hiper Vivó. Peso kg 0,670 gramos. Precio kg 1475. Fecha caducidad 8.7.92. Caducidad 9.4.92. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 32 del Real Decreto 379/1984, de 25 de enero (B.O.E. nº 49), por el que se aprueba la R.T.S. de industrias cárnicas, almacenes al por mayor y envasadoras de productos cárnicos y derivados elaborados y de establecimientos de comercio al por menor de carne. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: ninguna. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 13, apartado 8, y artº. 20, letra k) del Decreto 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134),
ACUERDO
Imponer a Canari Merca, S.L. la sanción de multa de 45.000 pesetas. Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de agosto de 1993.- El Director General de Comercio y Consumo. Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0046/93. INSTRUIDO A: Hansen Hanse Nicolai. D.N.I. o N.I.F.: X-0673726-T.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de febrero de 1993, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento HNH-La Cocina, propiedad de D. Hansen Hanse Nicolai, sito en Urbanización Patalavaca, 380. Estab. HNH-La Cocina, del término municipal de Mogán, y mediante acta levantada al efecto nº 39.451 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público 5 bolsas con 4 salchichas cada una careciendo de etiquetado. También había 30 sobres del producto Ertesthins Toro y 12 botes del producto Aprikos Lerum Lettsylttoy. Los mencionados productos carecían de etiquetados en lengua española oficial del Estado. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el capítulo IV y artº. 20 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: que el día 23 de diciembre de 1993, el interesado presentó pliego de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente: 1. Que poseo las etiquetas de todos los productos que vendo y que de los productos que fueron inspeccionados, sólo nos queda la información del contenido de las bolsas de salchichas, la cual aportamos fotocopia de la información del envase; de los restantes productos quedaban muy pocas existencias y éstas se habían vendido; yo sólo ordeno hacer etiquetas por la mercancía que tenemos, si el producto no lo solicitamos de nuevo como es este caso no guardamos ninguna etiqueta. 2. Que fui inspeccionado en un momento en que habíamos estado colocando anteriormente la mercancía y no hicimos uso de la buena costumbre de ir pegando las etiquetas mientras eran colocados los productos en las estanterías y frigoríficos para su venta. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES: las alegaciones formuladas por el interesado no pueden ser tomadas en consideración pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado 2.B).m) del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Hansen Hanse Nicolai la sanción de multa de 65.000 pesetas. Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de febrero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo. Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
3) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0074/93. INSTRUIDO A: Manuel de los Reyes Báez López. D.N.I. o N.I.F.: 42.741.488.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de marzo de 1993, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección a la Agencia Las Palmas, propiedad de D. Manuel de los Reyes Báez López, sito en la calle Alemania, 76, planta 1ª, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de la reclamación nº 96/93, y mediante acta levantada al efecto (nº 39.081) solicitaron un informe sobre la reclamación presentada por D. Joan Rafael Pérez Padrón sobre un envío de 15 bultos a través de la citada agencia. El interesado no presentó la documentación requerida por el Servicio de Inspección en el plazo establecido. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: ninguna. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado 2.B).m) del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Manuel de los Reyes Báez López la sanción de multa de 80.000 pesetas. Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre de 1993.- El Director General de Comercio y Consumo. Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
4) Visto el expediente número 35/0121/93, instruido por esta Dirección General de Comercio y Consumo, contra Heinemann Hermanos, S.A., con domicilio en la Carretera de los Hoyos, 61, Jinámar, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria y Resultando: el día 6 de abril de 1993, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado Center, propiedad de Cemetro, S.L., sito en el Centro Comercial Puerto Rico del término municipal de Mogán, y mediante acta levantada al efecto (nº 39.106) comprobaron que tenía expuesto para su venta al público, dentro de una caja, treinta y dos tubos que según el compareciente eran jabón para viaje. Estos tubos llevaban impreso como etiquetado la siguiente leyenda en idioma alemán exclusivamente: Rei in dei tube. Draktisch für die Roise und daheim. Wäscht emfach alles frisch und rein. Füllmenge e 125 ml. Mindestlangen menge 87 Liter. UB7 0673-1603. Proder & Gambi VmbH 1086 wien Postlach 280. Los mencionados productos carecían de etiquetado en lengua española oficial del Estado y se vendían a 470 pesetas la unidad. La caja que contenían los tubos de jabón incorporaba idéntico etiquetado. El compareciente presentó la factura de adquisición del producto nº 12805 de fecha 5 de marzo de 1993, suministrado por Heinemann-Hermanos, S.A. El día 29 de abril de 1993, los inspectores realizaron visita de inspección en el almacén distribución-importación Heinemann, propiedad de Heinemann Hermanos, S.A., sito en la calle Carretera de los Hoyos, 61, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y mediante acta levantada al efecto (nº 37.105) comprobaron que había para su distribución y venta 18 cajas conteniendo cada una 32 tubos del producto Rei in dei tube con el mismo etiquetado en idioma alemán, descrito anteriormente y careciendo de etiquetado en lengua española oficial del Estado. El compareciente manifestó que el producto era un jabón neutro para uso de limpieza de vehículos. Resultando: que los hechos son motivo de una infracción administrativa tipificada en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con lo dispuesto en la Orden de 28 de junio de 1977 sobre etiquetas de productos químicos (B.O.E. de 13 de julio). Resultando: que la Propuesta de Resolución, de fecha 25 de enero de 1994, no ha sido notificada al interesado por el Servicio de Correos. Considerando: que la Disposición Transitoria Única, apartado 3º del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, establece la caducidad de los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento y que no estén resueltos antes del día 19 de marzo de 1994. Considerando: que el presente expediente no ha sido resuelto por carecer de la acreditación de la notificación de la Propuesta de Resolución, es por lo que el Instructor que suscribe propone la caducidad del expediente número 35/0121/93 y el archivo de las actuaciones realizadas. Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de marzo de 1994.- La Instructora. Visto el expediente número 35/0121/93, seguido por esta Dirección General, contra Heinemann Hermanos, S.A., y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor, y Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), y Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado 2.B).m) del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
La caducidad de las diligencias seguidas contra Heinemann Hermanos, S.A., expediente número 35/0121/93, por carecer de la acreditación de la notificación de la Propuesta de Resolución y el archivo de las actuaciones realizadas. Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.
5) Visto el expediente número 35/0191/93 instruido por esta Dirección General de Comercio y Consumo, contra Explotaciones Maldimar, S.L., con domicilio en Centro Comercial Yumbo-Centrum, planta 3ª, local 1342-10, y Resultando: el día 7 de julio de 1993, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Locutorio Telefónico propiedad de Explotaciones Maldimar, S.L., sito en el Centro Comercial Yumbo Center, planta 3ª, local 1342-10, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y mediante acta levantada al efecto nº 37.292 comprobaron que tenía 3 cabinas telefónicas para uso del público careciendo de forma visible del preceptivo cartel indicativo del precio-paso contador. Resultando: que, como consecuencia de ello, se formuló Providencia de Incoación y Pliego de Cargos, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 5º de la Orden Ministerial de 22 de junio de 1982 (B.O.E. nº 196), para prestación al público del servicio telefónico con recaudación directa por el titular, de acuerdo con la Orden de 27 de abril de 1993, por la que se autoriza la modificación de determinadas tarifas de Telefónica de España, Sociedad Anónima. Resultando: que a pesar de haberse formulado tanto la Providencia como el Pliego dentro del plazo establecido para ello, éstos no pudieron ser notificados por los Servicios de Correos, puesto que el certificado fue devuelto. Considerando: que se ha producido la caducidad del presente expediente al haber transcurrido siete meses desde la entrada en vigor (10.8.93) del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en su Disposición Transitoria. Por todo lo cual, el Instructor que suscribe propone el sobreseimiento de las diligencias seguidas contra Explotaciones Maldimar, S.L. por caducidad del expediente y el archivo del expediente nº 35/0191/93, sin más trámite. Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 1994.- La Instructora. Visto el expediente número 35/0191/93 instruido por esta Dirección General de Comercio y Consumo, contra Explotaciones Maldimar, S.L., con domicilio en Centro Comercial Yumbo-Centrum, planta 3ª, local 1342-10, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor, y Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, letra B) apartado k) del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
El sobreseimiento de las diligencias seguidas contra Explotaciones Maldimar, S.L. por caducidad y el archivo del expediente número 35/0191/93 sin más trámite. Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo. 6) Visto el expediente número 35/0192/93 instruido por esta Dirección General de Comercio y Consumo, contra Said Alami, con domicilio en Centro Comercial Yumbo-Centrum, local 323-4, y Resultando: el día 7 de julio de 1993, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Alami, propiedad de D. Said Alami, sito en el Centro Comercial Yumbo Centrum, local 323-4, P. 3, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y mediante acta levantada al efecto nº 37.492 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público 8 camisetas de color gris que llevaban impresas un dibujo y la leyenda Islas Canarias, carecían del marcado del Precio Venta al Público. Tenían una etiqueta cosida en la que se leía XXL ELIZABETH. Solicitados el Impuesto de Actividades Económicas y la factura de adquisición del producto no fueron presentados en el plazo otorgado a tal efecto. Resultando: que, como consecuencia de ello, se formuló Providencia de Incoación y Pliego de Cargos, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34, apartados 5, 6 y 8 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartado 3.3.4, y el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 6 del Real Decreto 928/1987, de 5 de junio (B.O.E. nº 170), sobre etiquetado y composición de los productos textiles en relación con los artículos 1º y 3º del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. Resultando: que a pesar de haberse formulado tanto la Providencia como el Pliego de Cargos dentro del plazo establecido para ello, éstos no pudieron ser notificados por los Servicios de Correos, puesto que el certificado fue devuelto. Considerando: que se ha producido la caducidad del presente expediente al haber transcurrido siete meses desde la entrada en vigor (10.8.93) del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en su Disposición Transitoria. Por todo lo cual, el Instructor que suscribe propone el sobreseimiento de las diligencias seguidas contra Said Alami por caducidad del expediente y el archivo del expediente nº 35/0192/93, sin más trámite. Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 1994.- La Instructora. Visto el expediente número 35/0192/93 instruido por esta Dirección General de Comercio y Consumo, contra Said Alami, con domicilio en Centro Comercial Yumbo-Centrum, local 323-4, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor, y Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, letra B) apartado k) del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
El sobreseimiento de las diligencias seguidas contra Said Alami por caducidad y el archivo del expediente número 35/0192/93 sin más trámite. Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.
7) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0352/93. INSTRUIDO A: Dolores Acosta Hernández. D.N.I. o N.I.F.: 78433221R.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de octubre de 1993, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Autoservicio Dolores, propiedad de Dña. Dolores Acosta Hernández, sito en la calle Los Caídos, 91, del término municipal de Arucas, y mediante acta levantada al efecto nº 37.585 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público, en un expositor-mantenedor al precio de 42 ptas./unidad, 16 yogures marca Kalise, sabor a pera, cuyas fechas de caducidad eran para 4 yogures 8 octubre y para los otros 12 18 octubre. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 14.6 y 18 del Real Decreto 381/1984, de 25 de enero (B.O.E. nº 49), que aprueba la R.T.S. del Comercio minorista de alimentación. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 28 de marzo de 1994, presentó escrito de alegaciones manifestando en síntesis lo siguiente: En ningún momento obró en la compareciente intencionalidad alguna al dejar los yogures con las citadas fechas de caducidad en el expositor; de hecho, los yogures se encontraban apartados en un extremo del expositor para ser retirados de la venta al público, como así ya se había hecho con otra partida de yogures cuyas fechas habían vencido y que se habían retirado del expositor-mantenedor correspondiente, hecho éste que pudo constatar el inspector actuante ya que se le mostró que se habían apartado de la venta, encontrándose en el almacén del establecimiento preparados para devolverlos al proveedor. Asimismo en dicho momento de la visita de inspección se le hizo saber al Sr. Inspector que de inmediato se iba a proceder a retirar los 16 yogures caducados de la venta al público, ya que se debió a un error involuntario de la compareciente, pues en ningún momento tuve intención de defraudar a los consumidores. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones de la interesada no modifican la calificación de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución por cuanto que del acta de inspección se desprende que los yogures estaban expuestos para su venta al público, no siendo causa eximente de responsabilidad el error alegado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, letra B), apartados k) y m) del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Dolores Acosta Hernández la sanción de multa de 30.000 pesetas. Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de abril de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo. Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de mayo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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