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Se hace saber a D. Rubén Reyes Yanes, con título de empresa operadora revocado, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de Presidencia y Turismo, con el nº 196/93, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, recayendo una sanción de dos millones doscientas mil pesetas, al haberse comprobado por la Inspección del Juego, según acta de fecha 22 de julio de 1993, que en el establecimiento Bar Café Heladería Don, sito en Ten-Bel, se encuentra instalada y en funcionamiento una máquina recreativa tipo B, careciendo al momento de la inspección de Boletín de Instalación, de Guía de Circulación y del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, resultando, además, que la máquina de referencia pertenece a D. Rubén Reyes Yanes (Recreativos Reyes), quien tiene su título de empresa operadora revocado.
Lo que supone infracción a los artículos 11, 12, 13, 30.1.b) y 31.1.b) y c) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificadas como faltas muy graves, la explotación de máquinas recreativas por personas no autorizadas como empresa operadora y la explotación de máquinas sin autorización de explotación, a tenor de lo dispuesto en el artº. 39.1 y 2, correspondiéndole una sanción de un millón de pesetas por cada una; y como falta grave, la no entrega por la empresa operadora al titular del bar de la documentación a conservar en dicho lugar, a tenor de lo dispuesto en el artº. 40.4 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, correspondiéndole una sanción de doscientas mil pesetas.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su publicación previa la comunicación a la Consejería de Presidencia y Turismo, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mayo de 1994.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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