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BOC Nº 070. Miércoles 8 de Junio de 1994 - 1180

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Presidencia y Turismo

1180 - RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería que resuelve recurso de alzada interpuesto por Dña. Carmen Iglesias Llorente.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero: notificar al establecimiento Restaurante El que Faltaba, la Orden de 12 de abril de 1994 (libro nº 02, folio 724), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 99/93 (expediente nº 141/92), interpuesto contra la Resolución de 4 de agosto de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.

Segundo: remitir al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 1994.- El Secretario General Técnico, José Espejo González. A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Dña. Carmen Iglesias Llorente (Restaurante El que Faltaba).

Visto el recurso de alzada interpuesto por Dña. Carmen Iglesias Llorente, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El que Faltaba, contra la Resolución de 4 de agosto de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 141/92, y vistos los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en no notificar a la Administración turística la modificación de los precios, según se constata en el acta de inspección nº 11.585, del 17 de febrero de 1992, hecho que determinó la imposición de sanción en cuantía de veinticinco mil (25.000) pesetas.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando su revocación, a cuyos efectos exponen, en síntesis, que en el año 1989 se solicitó toda la documentación y, no expidiéndose por diversos motivos, con fecha 24 de febrero de 1992, se autoriza el expediente iniciado el día 21 del mismo mes y año, estando en posesión de la documentación necesaria para la explotación del establecimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Consejero de Presidencia y Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso, de acuerdo con lo que establece el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente no le eximen de responsabilidad al haber modificado los precios sin notificarlo previamente a la Administración turística canaria, de conformidad con lo previsto en el artº. 30.1 de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes, modificado por la Orden de 29 de junio de 1978, según se constata en el acta de inspección 11.585, de 17 de febrero de 1992, si bien deben tenerse en cuenta las circunstancias de la ubicación del negocio y la de no haber reincidido en infracciones en materia turística, según informa la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, proponiéndose la imposición de una multa de diez mil (10.000) pesetas, al considerar esta última proporcionada a la clase de infracción de conformidad con los criterios previstos en el artº. 13 de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina turística, que recoge en su artº. 7.d) las “infracciones que, aunque estuvieran tipificadas como graves, no merecieran sin embargo tal calificación en razón de su naturaleza, ocasión o circunstancias”.

Quinto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Estimar en parte el recurso de alzada promovido por Dña. Carmen Iglesias Llorente, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El que Faltaba y modificar la Resolución de 4 de agosto de 1992, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 141/92, que determinó la imposición de una sanción de veinticinco mil (25.000) pesetas, en el sentido de reducir la sanción, imponiéndose por importe de diez mil (10.000) pesetas.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a esta Consejería de Presidencia y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Presidencia y Turismo, Miguel Zerolo Aguilar.

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