BOC - 1994/069. Lunes 6 de Junio de 1994 - 1156

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Sanidad y Asuntos Sociales

1156 - RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 1994, de la Viceconsejería de Asuntos Sociales, por la que se notifica Resolución resolviendo recurso ordinario interpuesto por D. Santiago Cordero Bolaños.

Descargar en formato pdf

Habiendo sido intentada la notificación de la Resolución de 10 de diciembre de 1993, en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Servicios Sociales, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1. Notificar a D. Santiago Cordero Bolaños la Resolución de 10 de diciembre de 1993, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales, recaída en el expediente nº 35/2292.

2. Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

A N E X O

Visto el recurso ordinario interpuesto por D. Santiago Cordero Bolaños, contra la Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de 7 de junio de 1993, por la que se resuelve el cese de las prestaciones de Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, Subsidio de Ayuda a Tercera Persona, Asistencia Sanitaria y Farmacéutica y Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero.- Que de conformidad con lo establecido en la Orden Ministerial de 13 de mayo de 1984, artículo 13 y lo dispuesto en el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, se procedió a la revisión anual de los requisitos exigidos para continuar siendo beneficiario de las prestaciones reguladas por dicho Real Decreto.

Segundo.- Que de dicha revisión y de acuerdo con lo declarado, se comprobó la percepción de la prestación familiar por hijo a cargo, otorgada por la Seguridad Social por importe de 47.295 ptas., a D. Santiago Cordero Bolaños.

Tercero.- Que la persona en cuestión ha dejado de reunir los requisitos exigidos en el artículo 2º.c) del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, mediante el cual se determina que para tener derecho a estas prestaciones al no ser beneficiario o no tener derecho por edad y otra circunstancia a prestación de análoga naturaleza o finalidad, y en su caso, de igual o superior cuantía otorgada por otro organismo público, y lo establecido en el artículo 169.2 de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, mediante el que se establece la incompatibilidad de la percepción de la asignación por hijo a cargo con cualquier otra prestación análoga establecida en los restantes regímenes de prestación social.

Cuarto.- Que la citada Dirección General dictó Resolución con fecha 7 de junio de 1993, resolviendo el cese definitivo de las prestaciones de LISMI, por los motivos expuestos en el fundamento anterior.

Quinto.- Que los motivos alegados en el recurso no desvirtúan la razón de la Resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que es competencia de esta Viceconsejería la resolución de recursos por haber sido transferida a la Comunidad Autónoma de Canarias esta materia por Real Decreto 1.935/1985, de 23 de enero (B.O.E. de 23.10.85), y ser este organismo el superior inmediato del órgano que dictó la Resolución impugnada de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 144 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos 9 y 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- En virtud del artículo 2.c) del Real Decreto 383/1984, tendrán derecho a percibir estas prestaciones quienes no sean beneficiarias o no tengan derecho, por edad u otras circunstancias, a prestaciones de análoga naturaleza o finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía otorgada por otro organismo público; a la par de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social (Decreto 2.065/1974, de 30 de mayo), en la nueva redacción dada por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por el que se establece la incompatibilidad de la percepción de la prestación por hijo a cargo con cualquier otra prestación análoga, establecida en los restantes regímenes públicos de protección social, por tanto, es incompatible la percepción de las prestaciones de la LISMI con la prestación por hijo a cargo por parte de D. Santiago Cordero Bolaños.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre de 1992); la Ley de Integración Social de Minusválidos, de 13 de abril de 1982; el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero; la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de marzo de 1984 (B.O.E. nº 70, de 23 de marzo de 1984); Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, en la nueva redacción dada por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, Real Decreto 1.935/1985, de 23 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias funciones y servicios del Inserso, de la Seguridad Social; Decretos 147/1991, de 17 de julio, 1.252/1991, de 3 de octubre; Decretos 191/1987 y 212/1991, de 11 de septiembre, del Gobierno de Canarias de Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Esta Viceconsejería

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. Santiago Cordero Bolaños, contra la Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de 7 de junio de 1993, y en consecuencia confirmar ésta en todos sus extremos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde su notificación/publicación, previa comunicación a la Viceconsejería de Asuntos Sociales, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 1994.- El Viceconsejero de Asuntos Sociales, Rafael Sastre Merinero.



© Gobierno de Canarias