Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 069. Lunes 6 de Junio de 1994 - 1136

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

1136 - RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1994, de la Dirección General de Comercio y Consumo, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

Descargar en formato pdf

No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artº. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-229/92. INSTRUIDO A: D. Miguel Ángel Suárez Gómez. D.N.I. o N.I.F.: 42.125.178-N.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de febrero de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el taller de chapa, pintura y mecánica, sito en la calle Pasión, 16, término municipal de Los Llanos de Aridane, y mediante acta nº 30007 instruida al efecto, se ha podido comprobar, en relación a las reclamaciones con nº de Registro de Inspección 773/91 y 774/91, presentadas por un mismo usuario del servicio de taller, que en la factura nº 00972, de fecha 21 de noviembre de 1991, no se especificaban las horas de trabajo empleadas en la reparación. Asimismo, se comprobó que carecía en el exterior del taller de la placa-distintivo, que no tenían impresos de resguardos de depósito, que no existían carteles con el precio-hora taller y las leyendas de información al usuario a que hace referencia el artº. 12.1.b) del Real Decreto regulador de los talleres de reparación de vehículos y no existía escrito en el que para poder proceder a la reparación del vehículo, el usuario, o persona autorizada, haya concedido su conformidad mediante la firma del presupuesto o haya renunciado de forma fehaciente a la elaboración del mismo. Finalmente, no se presentó en este organismo documento acreditativo de la inscripción de este taller en el Registro Especial de Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 5, 6, 12.1.a) y b), 14.5, 14.7 y 15.1 del Real Decreto 1.457/1986 (B.O.E. de 16.7.86), en relación con los artículos 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. de 15.7.83). Se hace advertencia en relación a las piezas de segunda mano instaladas en el vehículo del reclamante, llevadas al taller por el mismo, que el Real Decreto 1.457/1986, en su artº. 9.1.c), dispone que podrán utilizarse piezas usadas en el vehículo a reparar, previa conformidad escrita del cliente, siempre que el taller se responsabilice por escrito de que las piezas usadas se encuentran en buen estado y cuando no afecte a elementos activos o conjuntos de los sistemas de frenado, suspensión y dirección del vehículo. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a D. Miguel Ángel Suárez Gómez la sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.

2) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-385/92. INSTRUIDO A: Viajes Cita, S.L. D.N.I. o N.I.F.: no presenta.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de mayo de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el Centro Comercial Chaparral de Tenbel (término municipal de Arona), y mediante acta nº 30.579 instruida al efecto, comprobó que los contadores de pasos no estaban a la vista del público. Asimismo, en los recibos entregados a los clientes no se especificaba el número de pasos consumidos. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 6 de la Orden de 22 de junio de 1982 (B.O.E. nº 196), el artº. 3 del Real Decreto 2.402/1985 (B.O.E. nº 312), en relación con el artº. 3.3.1 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos, así como que no contestó al mismo. Existe constancia de que la Propuesta de Resolución se notificó mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arona, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación a la misma. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a Viajes Cita, S.L. la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 7 de marzo de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu. 3) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-117/92. INSTRUIDO A: Dña. María Lourdes Valido Martín. D.N.I. o N.I.F.: 42.785.339.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: los días 12 y 14 de noviembre de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el establecimiento de venta al por menor de confecciones Boutique Hollywood, sita en el Hipermercado Hipertrébol, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante actas números 22576 y 22579 instruidas al efecto, se ha podido comprobar en relación a la reclamación con nº de Registro de Inspección 728/91, que esta empresa cobró al cliente un 5% más de la cantidad a pagar por la compra realizada, al efectuarse el pago mediante la tarjeta Visa. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 8.1 del Decreto 2.807/1972 (B.O.E. nº 247), en relación con el artº. 3.2.1 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución han sido notificados mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y de la Comunidad Autónoma, respectivamente, así como en el tablón de edictos del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, no contestando a los mismos en el plazo concedido al efecto. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a Dña. María Lourdes Valido Martín la sanción de multa de veinticinco mil (25.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 4 de marzo de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.

4) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-427/92. INSTRUIDO A: Canarimport, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-38061297.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 24 de septiembre de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en la empresa Canarimport, S.A., sita en la calle Castillo, 41, 2º, oficina 224, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 031087 instruida al efecto, se pudo comprobar que la citada empresa comercializa el producto congelado a que hacen referencia las actas números 030765 y 030780, en cuyo etiquetado figuran los siguientes datos: “Frigorífico San Jacinto, Nirea, ES, nº 344, Telex Nirea Uy 22059, Peceto Eyeround, Product of Uruguay”. En consecuencia, el etiquetado carece de los siguientes datos de información obligatoria: cantidad neta, fecha de duración mínima, condiciones especiales de conservación y de utilización, domicilio, indicación del lote e información expresada en lengua española oficial del Estado. Además no se aportó la documentación solicitada por la Inspección (justificante de compra) en acta nº 031087, en el plazo concedido al efecto. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 5, 9, 10, 11, 13 y 20 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo (B.O.E. nº 72), que deroga el Real Decreto 1.122/1988, de 23 de septiembre, en relación con el artº. 65 del Real Decreto 179/1985, de 6 de febrero (B.O.E. nº 40), por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria de mataderos de aves, salas de despiece, industrialización, almacenamiento, conservación, distribución y comercialización de sus carnes, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.3.4, y artículos 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a Canarimport, S.A. la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.

5) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-140/92. INSTRUIDO A: D. José Acevedo Torres. D.N.I. o N.I.F.: 41.956.681.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de marzo de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la exposición y venta de automóviles, sita en la Avenida 25 de Abril, 32, término municipal de Icod de los Vinos, y mediante acta nº 22966 instruida al efecto, comprobó la reclamación remitida a las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 106/92, siendo motivo de la misma la presunta comisión de irregularidades en la compraventa del vehículo de la marca FIAT, modelo SPORT 127, matrícula TF-5979-M, adquirido por la persona reclamante, al no coincidir el nº de bastidor del vehículo con el nº de bastidor que figura en la ficha técnica, constatando el inspector actuante la veracidad de las alegaciones vertidas por el reclamante. Asimismo, se comprueba que figuran en exposición para su venta cinco vehículos careciendo de sus respectivos precios de venta al público. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 3.1.4 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972 (B.O.E. nº 247). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a D. José Acevedo Torres la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 3 de marro de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.

6) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-419/92. INSTRUIDO A: D. Juan Vicente Pérez Moreno. D.N.I. o N.I.F.: 41.997.153-F.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 8 de julio de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la fábrica de frutos secos, propiedad de D. Juan Vicente Pérez Moreno, sita en la calle La Gaviota, 32, término municipal de Icod de los Vinos, y mediante acta nº 030877 instruida al efecto, se pudo comprobar que el citado empresario es fabricante y envasador de los productos “Frutos secos La Gaviota” a los que se refiere el acta nº 030773, de fecha 1 de julio de 1992, concretamente ciruelas pasas, cuyo etiquetado es incompleto ya que no se incluyen las indicaciones de información obligatoria sobre condiciones especiales de conservación, domicilio del fabricante y/o envasador e indicación del lote. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 11, 13 y 14 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo (B.O.E. nº 72), que regula la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a D. Juan Vicente Pérez Moreno la sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.

7) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-232/93. INSTRUIDO A: Mercocanarias, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-38075750.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de febrero de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el puesto de venta al mayor de frutas y hortalizas, sito en la Carretera General, Buen Paso, término municipal de Icod de los Vinos, y mediante acta nº 31.746 instruida al efecto, comprobó la presencia de cajas y sacos conteniendo frutas y hortalizas (aguacates, calabacines, coles, pimientos, puerros, tomates, naranjas, limones, zanahorias, coliflores, fresones y manzanas rojas), que carecen del preceptivo etiquetado de normalización. Asimismo, solicitadas por el inspector actuante las facturas de dos partidas de fresones, suministradas por diferentes proveedores, no las aporta en el momento de la inspección ni en el plazo de diez días concedido al efecto. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 13 y 34, apartados 6 y 8, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, y artículos 5º.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 7º del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad de las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a Mercocanarias, S.A. la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, p.s., el Director General de Industria y Energía (Orden de 25.2.94; B.O.C. nº 27, de 4.3.94), Luis García Martín.

8) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-324/93. INSTRUIDO A: D. Eladio Cabello Cabello. D.N.I. o N.I.F.: 41.916.629-A.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 4 de marzo de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el taller de reparaciones de vehículos NECAB, situado en la calle San Francisco, 18, Camino de la Hornera, término municipal de La Laguna, del que es titular D. Eladio Cabello Cabello, al objeto de proceder a comprobar la reclamación nº 26/93, levantándose el acta nº 31.784. Como consecuencia de lo anterior se aprecian las siguientes irregularidades: 1. Efectuar trabajos de reparación de vehículos sin estar inscrito en el Registro Especial de Talleres, ya que en el documento acreditativo de la inscripción consta la fecha de 9 de febrero de 1993. 2. Carecer de la preceptiva placa-distintivo de talleres. 3. Carecer de los carteles de información al usuario. 4. Se procedió a la prestación del servicio sin que el usuario hubiera concedido su conformidad mediante firma del presupuesto o renuncia de forma fehaciente a la elaboración del mismo. 5. No entregar al usuario el resguardo acreditativo del depósito del vehículo. 6. Expedir y entregar al usuario factura incorrecta, al carecer la misma de los números de factura como de identificación fiscal del expedidor y de domicilio; no especificar las horas de trabajo empleadas. 7. Cobrar al usuario precios superiores a los de adquisición de los repuestos. 8. Utilización en la reparación de piezas usadas sin que exista conformidad escrita del cliente, ni documento de responsabilidad de que las piezas usadas están en buen estado. 9. Excesiva demora en la reparación. Por tanto, se le imputa la comisión de infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18 y 19 del Real Decreto 1.457/1986; artº. 3 del Real Decreto 2.402/1985, ambos en relación con el artº. 3, apartados 3.1.4, 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que el Pliego de Cargos se notificó mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Laguna, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación al mismo. En escrito presentado en la Dirección Territorial de Comercio y Consumo de Santa Cruz de Tenerife, el día 9 de marzo de 1994, y provisto con el nº de registro de entrada 557, el interesado manifiesta, sucintamente, lo siguiente: Primero.- Estoy en disconformidad con este punto ya que me hallo inscrito en el Registro Especial de Talleres desde el 9 de febrero de 1993, como la propia resolución reconoce, y la inspección es de 8 de junio de 1993. Por otro lado, respecto a la denuncia de D. Antonio Luis Luis, los hechos acontecieron el 22 de julio de 1992, por lo que ya han prescrito según dispone el artº. 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Segundo y tercero.- En la fecha de 8 de junio de 1993, no disponía de la placa-distintivo ni de los carteles de información ya que se hallaba todo ello en trámites administrativos, debido a que primero era necesario obtener el Registro Especial de Talleres, que se obtuvo el 9 de febrero de 1993. Cuarto.- Conforme al correlativo de la Resolución, argumento que D. Antonio Luis Luis era un cliente habitual y nunca había solicitado presupuesto alguno. En todo caso, solicito igualmente la aplicación del artº. 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Quinto.- Respecto al correlativo, solicito igualmente la aplicación del artº. 132 de la Ley 30/1992. Sexto.- En lo que atañe al correlativo de la Resolución, he de decir que todas estas irregularidades se debieron a un error en la utilización del programa de informática. También solicito la aplicación del artº. 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Séptimo.- Alego que lo único que se hizo en este punto fue cobrar a D. Antonio Luis Luis un pequeño porcentaje sobre una pieza usada. Esto se debió a las dificultades y trabajo que entrañó la búsqueda de dicha pieza. Igualmente, solicito la aplicación del artº. 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Octavo.- Conforme al correlativo de la Resolución, he de manifestar que hubo conformidad verbal por parte del Sr. Luis Luis y aunque no hubo documento de responsabilidad comprobé que se hallaba en buen estado. Asimismo, solicito la aplicación del artº. 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Noveno.- Respecto al correlativo de la Resolución, he de alegar que D. Antonio Luis Luis me manifestó verbalmente que no tenía prisa, y por otra parte como ya he dicho hubo dificultades para conseguir algunas piezas. Asimismo, solicito la aplicación del artº. 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Suplica dicte Resolución acordando el sobreseimiento del mismo. INFORME A LAS ALEGACIONES DEL INTERESADO: en cuanto a la primera alegación, decir que la fecha a tener en cuenta para la obligatoriedad de estar inscrito en el Registro Especial de Talleres, es aquella en la que se efectuó la reparación, es decir en noviembre de 1992 y no la del Acta de Inspección. Por lo que se refiere a la pretendida prescripción, ésta no se ha producido, puesto que es de aplicación el artº. 18 del Real Decreto 1.945/1983. En cuanto a la solicitud o no del presupuesto, es preceptiva su emisión salvo renuncia, expresa y escrita. No acredita el error en el programa de informática. No se expresa en la factura la razón del sobreprecio en el repuesto usado. Por lo que respecta a la utilización de piezas usadas en la reparación de vehículos, la normativa es muy clara y no deja lugar a la interpretación subjetiva que el interesado pretende. Por lo que respecta a la alegación novena, el interesado tampoco prueba lo que alega. Por ello, no procede estimar las alegaciones del interesado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a D. Eladio Cabello Cabello la sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 15 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

© Gobierno de Canarias