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BOC Nº 068. Viernes 3 de Junio de 1994 - 1115

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

1115 - RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1994, de la Dirección General de Comercio y Consumo, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artº. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-2/94. INSTRUIDO A: D. José Antonio González González. D.N.I. o N.I.F.: 42.162.366-P.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de julio de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el Hotel El Castillete, sito en la Avenida Marítima, término municipal de Santa Cruz de La Palma, y mediante acta nº 32.496 instruida al efecto, se ha podido comprobar, en relación a la reclamación con nº de Registro de Inspección 753/92, una falta de calidad en el servicio que se ofrece al cliente, al realizar una obra de fontanería en abril de 1992 en la vivienda de Dña. María Nieves de la Cruz Jaubert, y más tarde se produce un problema consistente en que rezumaba el agua en el piso bajo, y requeridos en multitud de ocasiones para constatar el defecto en julio de 1993, aún no había estado en la vivienda de la reclamante. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3.1.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.C. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: ha transcurrido el plazo máximo de un mes desde que inició el procedimiento para su resolución. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado 2.b), letra k), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),

ACUERDO

Imponer a D. José Antonio González González el archivo del expediente. Santa Cruz de Tenerife, a 28 de febrero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

2) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-114/93. INSTRUIDO A: Unión Social de Seguros. D.N.I. o N.I.F.: A-78786746.

Vistos los expedientes sancionadores números 38-291/93, 38-462/93 y 38-114/93, que se siguen contra la empresa Unión Social de Seguros, con domicilio social en Plaza San Antonio de Texas, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y,

Resultando que los hechos en virtud de los cuales se procedió a la incoación de los expedientes, guardan identidad sustancial. Considerando lo previsto en el artº. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285).

Por la presente,

R E S U E L V O:

1º) La acumulación de los expedientes números 38-291/93 y 38-462/93 al expediente nº 38-114/93.

2º) Comunicar a la entidad encartada que contra el presente acuerdo no procede recurso alguno.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de octubre de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en las oficinas de la Compañía de Seguros Unión Social de Seguros, sitas en la Plaza de San Antonio de Texas, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 031067 instruida al efecto, se procedió a efectuar comprobación de la reclamación interpuesta por D. Manuel Javier Hernández Plasencia, con D.N.I. nº 42.092.555, y provista en el Registro de Inspección con el nº 616/92; de dicha reclamación se extrae lo siguiente: Que el reclamante tenía concertada con la referida compañía una póliza de seguro de vehículo a todo riesgo, y que sufrió dos siniestros presentando las facturas de arreglo en la compañía para el abono de la indemnización y que la compañía tardó 89 días en abonarle la indemnización por el primer siniestro y 47 días para el segundo. El compareciente ante el inspector y firmante del acta manifestó, según consta en esta, que reconoce la veracidad de lo manifestado por el reclamante en cuanto a la presentación de las facturas y a la fecha de pago de las indemnizaciones. Por ello se considera cometida infracción en materia de consumo al haber excedido el plazo para el pago de la indemnización. El día 16 de febrero de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en Unión Social de Seguros Unial, S.A., sita en la Plaza San Antonio de Texas, s/n, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 31.625 instruida al efecto, se ha podido comprobar, en relación a la reclamación con nº de Registro de Inspección 817/92, una falta de calidad en el servicio ofrecido al cliente, al producirse un accidente el día 21 de julio de 1992, con el vehículo modelo Opel, matrícula TF-1447-AM, asegurado a todo riesgo en esa compañía y en la fecha 16 de febrero de 1993, aún no se había realizado el pago de la indemnización. El día 26 de mayo de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en la compañía de seguros Unial, S.A., sita en la calle Méndez Núñez, 84, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 32.328 instruida al efecto, se ha podido comprobar, en relación a la reclamación con nº de Registro 233/93, una falta de calidad en el servicio prestado al cliente, al haberse producido un accidente el día 28 de diciembre de 1992, nº de siniestro 920050064, póliza 920000538, y con fecha 2 de abril del pasado año se percibe el importe de la indemnización, superando el plazo de cuarenta días establecidos por la Ley. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3, apartado 3.1.4, del Real Decreto 1.945/1983, (B.O.E. nº 168); artº. 34, apartado 4, de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y artº. 18 de la Ley 50/1980, de Regulación del Contrato de Seguro. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió los Pliegos de Cargos y Propuestas de Resolución pertenecientes a los expedientes números 38-114/93, 38-291/93 y 38-462/93, así como que no dio contestación a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93), ACUERDO

Imponer a Unión Social de Seguros la sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 15 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

3) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-111/93. INSTRUIDO A: D. Antonio Enríquez Negrín. D.N.I. o N.I.F.: 42.937.653-B.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de septiembre de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el taller Internacional, situado en la trasera 7 Mares, La Cuesta-Ofra, en el término municipal de La Laguna, y mediante acta nº 31.101 instruida al efecto, se comprobó en relación con la reclamación presentada en las dependencias de este Organismo con el nº de Registro de Inspección 606/92, que en la factura extendida no se especifican las horas de trabajo empleadas. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, y artº. 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en concordancia con los artículos 15 y 19.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos y componentes. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: el Pliego de Cargos ha sido contestado, alegándose, en síntesis, que se ha acreditado la improcedencia de la reclamación presentada por D. José Domingo Perdomo Marichal. Que existió una orden de trabajo nº 1.337, firmada y aceptada por el cliente, con descripción de los trabajos a realizar y presupuesto tanto de repuestos como de mano de obra. Que no aparecen especificadas las horas de trabajo pero que no es menos cierto que está perfectamente presupuestado y aceptado por el cliente el importe de la mano de obra. Que no fue motivo de la reclamación en su día interpuesta el que especificaran las horas de trabajo. Se solicita se acuerde el archivo del expediente. A solicitud de la Instructora del expediente, se levantó Acta de Inspección nº 33.256, de fecha 25 de enero de 1994, adjuntado a la misma orden de trabajo nº 1.337, de fecha 6.3.92, en la que consta presupuesto de mano de obra y repuestos del trabajo a realizar, aceptado por el cliente. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a D. Antonio Enríquez Negrín la sanción de multa de veinte mil (20.000) pesetas, haciéndose advertencia de que en las facturas entregadas a los clientes deben, además de indicarse las horas de trabajo empleadas en la reparación, desglosarse las operaciones realizadas, señalando el importe parcial de cada una de ellas. Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, p.s. (Orden de 25 de febrero de 1994; B.O.C. nº 27, de 4.3.94), Luis García Martín, Director General de Industria y Energía.

4) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-325/93. INSTRUIDO A: D. Claudio Barreiro Grela. D.N.I. o N.I.F.: 35.362.207-Y.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 13 de abril de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el comercio mayorista situado en la Avenida Tíncer, 11 bajo, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 31.892, instruida al efecto, en el marco de la Campaña Nacional de Inspección de Productos Químicos de uso doméstico, solicitó justificante de compra del producto químico “Limpiabrill-desinfectante perfumado”; localizado en el establecimiento minorista a que se refiere el acta nº 31.843. El hecho que se imputa es que ha transcurrido el plazo de diez días, concedidos en acta nº 31.892, sin que el interesado haya aportado dicho documento, lo que supone negativa a facilitar la información necesaria en orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución, que competen a este Centro Directivo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que la Providencia de Incoación, el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución fueron notificados mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a D. Claudio Barreiro Grela la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, p.s. (Orden de 25 de febrero de 1994; B.O.C. nº 27, de 4.3.94), Luis García Martín, Director General de Industria y Energía.

5) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-155/93. INSTRUIDO A: D. Ernst Aschenbrenner. D.N.I. o N.I.F.: X-0665770-W.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 19 de noviembre de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección a D. Ernst Aschenbrenner, provisto del N.I.E. X-0665770-W, y titular de la empresa llamada Baudekoration Schaenbrenner, que tiene sus oficinas en la Urbanización Garañaña, 14, Costa del Silencio, término municipal de Arona; al objeto de proceder a efectuar comprobación de la reclamación nº 553/92, interpuesta por D. Paul Georg Martín Kayser, con N.I.E. X-0897683-Q, versando ésta sobre una obra de impermeabilización, realizada por aquella empresa, en el techo del baño del domicilio del reclamante, en la que a los cinco meses de su terminación comenzaron a despegarse trozos de pintura, negándose la empresa a asumir cualquier responsabilidad. Sobre ello, el titular de la empresa manifiesta según consta en el acta nº 31.215, lo siguiente: que es cierto que realizó un trabajo a la persona reclamante consistente en la impermeabilización de aproximadamente dos metros cuadrados de azotea y para ello utilizó una pintura especial. Que aunque la pintura se está despegando, al tratarse de un trabajo pequeño, esta empresa no está dispuesta a reparar los desperfectos, puesto que estima que se trata de un fallo de la pintura. Por todo lo anterior se considera cometida una infracción en materia de consumo, consistente en un fraude en la prestación de un servicio por mala calidad del mismo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3, apartado 3.1.4, del Real Decreto 1.945/1983, en relación con el artº. 34.4 de la Ley 26/1984. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos, así como que no contestó al mismo. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a D. Ernst Aschenbrenner la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 28 de febrero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

6) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-62/93. INSTRUIDO A: Mercocanarias, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-38075750.

MOTIVACIÓN

Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de noviembre de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en la nave Mercocanarias, S.A., sita en la Carretera General km 55,6 Barranco El Cuarto, Buen Paso, término municipal de Icod de los Vinos, y mediante acta nº 031214 instruida al efecto, comprobó que tenía dispuestas para su venta al público naranjas del país en envases de cartón con la siguiente inscripción “hortalizas”, sin que haya otra serie de etiquetado. La compareciente manifiesta que esta mercancía se la compra a la cooperativa Daute Flor, quien la vende en sacos de malla de 10 kg. El inspector comprueba que dichos sacos carecen de etiquetado. Al solicitar el Inspector las facturas de compra se le manifiesta que no las tienen en ese lugar, por lo que el Inspector le requiere para que se aporten en el plazo de 10 días, en las dependencias de la Dirección Territorial de Comercio y Consumo, y no las aportan ni en plazo ni fuera de él. Por todo lo anterior se han cometido las siguientes infracciones en materia de consumo: 1. Comercialización de cítricos sin etiquetado. 2. Negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior; y el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, 10.9.93),

ACUERDO

Imponer a Mercocanarias, S.A. la sanción de multa de ciento veinticinco mil (125.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 28 de febrero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de abril de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

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