Resultando que el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión extraordinaria celebrada el 8 de octubre de 1993, aprobó provisionalmente el expediente de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito de la Unidad de Actuación nº 27-Almatriche.
Resultando que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 23 de noviembre de 1993, adoptó, entre otros, el acuerdo de informar favorablemente el expediente de modificación condicionando la remisión al Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial a la previa petición de informe del órgano autonómico competente en materia de carreteras, sobre la posible afectación de la vía que conecta Las Palmas de Gran Canaria con Almatriche.
Resultando que con fecha 29 de marzo de 1994 y registro 1420, se recibe informe emitido por el Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias manifestándose favorablemente a la propuesta de planeamiento con la introducción de una serie de condiciones.
Considerando que se han cumplido los trámites procedimentales establecidos en la vigente legislación urbanística.
Considerando que compete al Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial, entre otras funciones, la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación, Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento y Programa de Actuación Urbanística de los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, del resto de las capitales de más de cincuenta mil (50.000) habitantes, previo informe de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, conforme se determina en el artículo 5.2 del Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial (B.O.C. nº 163, de 12.12.91).
Considerando que es de aplicación el artículo 128 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en relación al artículo 114 del mismo cuerpo legal.
Vistos el expediente administrativo, documentos e informes obrantes en el mismo, el Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, concordantes y demás normas de general y preceptiva aplicación,
D I S P O N G O:
Primero: aprobar definitivamente, al amparo de lo preceptuado en el artículo 132 del Reglamento de Planeamiento, la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito de la Unidad de Actuación nº 27-Almatriche, con los siguientes condicionantes: A) La alineación del muro de cerramiento deberá quedar a doce (12) metros de la arista exterior de la calzada más próxima, como mínimo. Caso de no existir muro de cerramiento, las fachadas de los edificios deberán respetar dicha distancia mínima.
B) Las viviendas más próximas a la carretera GC-210, Tamaraceite a Tafira, no tendrán acceso directo, ni de vehículos ni de peatones, a la misma.
C) Se dispondrá, de acuerdo con los artículos 36.5 y 47.2 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias (B.O.C. nº 63, de 15.5.91), de una franja ajardinada hasta la línea de expropiación de la carretera, como separación de la misma para protección de la calidad de vida como barrera anti-ruido.
Segundo: publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias y notifíquese al Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.
Contra este Acuerdo cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, que deberá venir acompañado de dos copias, ante la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, y contra su desestimación expresa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución del recurso, y si ésta fuera presunta, en el plazo de un año a partir de la interposición del recurso de reposición en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación al apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de abril de 1994.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, Fernando Redondo Rodríguez.
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