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Resultando que por Orden Departamental de 11 de marzo pasado, se dispuso la suspensión de la aprobación definitiva del expediente de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, en la parcela 104 de la Avenida Marítima del Norte, en tanto se completase el documento remitido con la incorporación de una Memoria, justificativa de la modificación propuesta, en los términos regulados en el artº. 38 del Reglamento de Planeamiento.
Resultando que, con fecha 5 de abril de 1994 y registro de entrada nº 03-1533, se recibe en la Consejería de Política Territorial el documento requerido.
Resultando que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el día 7 de abril de 1994, adoptó, entre otros, el Acuerdo de informar favorablemente el expediente modificatorio dejando constancia del profundo rechazo producido por la incorrecta utilización de los criterios de oportunidad y conveniencia realizados por la Corporación Municipal, así como por la anómala tramitación seguida en todo el procedimiento de modificación tendente a la adaptación forzada del planeamiento, y de la función pública que implica, a un edificio de diseño dudosamente representativo.
Considerando que se ha dado cumplimiento a los trámites procedimentales establecidos en la normativa de aplicación.
Considerando que aunque puedan existir criterios discrepantes en esta Administración sobre la oportunidad y conveniencia de la modificación propuesta, resulta evidente -y así se ha pronunciado igualmente la jurisprudencia (entre otras, Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1990, Arz. 6034)- que la acomodación del proceso bifásico de aprobación del planeamiento al principio constitucional de la autonomía municipal sólo permite que la Comunidad Autónoma se pronuncie contra dichos criterios cuando éstos tienen incidencia en intereses supralocales lo que en el presente caso no se produce y, en consecuencia, ha de prevalecer el modelo dibujado por el municipio.
Considerando que compete al Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial, entre otras funciones, la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación, Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento y Programas de Actuación Urbanística de los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, del resto de las capitales insulares y de las ciudades de más de cincuenta mil (50.000) habitantes, previo informe de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, conforme se determina en el artº. 5.2 del Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial (B.O.C. nº 163, de 12.12.91).
Considerando que de conformidad con lo preceptuado en el artº. 128.1 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, las modificaciones de cualquiera de los elementos de los Planes, Proyectos, Programas, Normas y Ordenanzas se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación.
Visto el expediente administrativo, documentos e informes obrantes en el mismo, Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Real Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, sobre Reglamento de Planeamiento, Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, concordantes y demás normas de general y preceptiva aplicación, D I S P O N G O:
Primero: aprobar definitivamente, al amparo de lo preceptuado en el artº. 132.3.a) del Reglamento de Planeamiento, el expediente de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, en la parcela 104 de la Avenida Marítima del Norte.
Segundo: notifíquese la presente Orden al Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y a cuantas personas, físicas o jurídicas, se hayan personado en el correspondiente expediente administrativo.
Contra este Acuerdo cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, que deberá venir acompañado de dos copias, ante el Excmo. Consejero de Política Territorial, y contra su desestimación expresa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución del recurso; y si ésta fuera presunta, en el plazo de un año a partir de la interposición del recurso de reposición en virtud de lo dispuesto en el artº. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación al apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de mayo de 1994.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, Fernando Redondo Rodríguez.
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