BOC - 1994/060. Lunes 16 de Mayo de 1994 - 990

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990 - RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1994, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, sobre notificaciones de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra los mismos, por infracción a la normativa turística, y conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 16 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 1994.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro. A N E X O

1) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 4, nº 73.

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 93/086, instruido a Juan Evaristo Viera Pérez, titular de la explotación turística del establecimiento denominado “Bar Casa Extremadura”.

Visto el presente expediente sancionador incoado contra Juan Evaristo Viera Pérez, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 6 de abril de 1993, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Francisco Espiñeira y del Acta de Inspección nº 2.043 de 8 de mayo de 1993.

RESULTANDO

Primero: que con fecha 3 de marzo de 1993 se recibió en esta Consejería reclamación formulada por D. Francisco Espiñeira, contra el Bar Casa Extremadura, en la que manifiesta que el establecimiento referido está abierto al público y no solamente a los socios, sin reunir las exigencias que se requieren para este tipo de apertura.

Segundo: que para comprobar el hecho denunciado, el 8 de mayo de 1993 se personó en el establecimiento de referencia el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 2.043, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento realizaba la actividad de bar, toda vez que estaba abierto al público en general, careciendo de las Hojas de Reclamaciones, Libro de Inspección y precios notificados a la Administración Turística Canaria.

Tercero: que se mandó incoar expediente sancionador que lleva el nº 93/086, previo nombramiento de Instructor y Secretario.

Cuarto: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos con fecha 6 de abril de 1993, por “estar funcionando en régimen de explotación turística como bar, sin haber notificado a la Administración turística canaria, los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios y sin tener el Libro de Inspección y las Hojas de Reclamaciones”.

Quinto: que el expedientado no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.

Sexto: que con fecha 10 de septiembre de 1993, se formuló Propuesta de sanción de multa en cuantía de 50.000 pesetas. Séptimo: que por el expedientado no se ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.

Octavo: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

CONSIDERANDO

Primero: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de resolver la presente Resolución.

Segundo: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base a la reclamación formulada por D. Francisco Espiñeira y al Acta de Inspección nº 2.043 de 8 de mayo de 1993.

Tercero: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artº. 30.1 de la Orden de 17.3.65, modificado por la Orden Ministerial de 29.6.78, en relación con el artículo 4º de la Orden de 19.6.70; artículo 1º de la Orden de 31.10.70 y artículo 1º de la Orden de 13.11.86; con calificación de leve, en base al artículo 8º.d) y f), en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril (B.O.C. de 11.4.86).

Vistas las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador y de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística; la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo,

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas a Juan Evaristo Viera Pérez, titular de la explotación turística del establecimiento denominado “Bar Casa Extremadura”.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 16 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de febrero de 1994.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro. 2) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 4, nº 74.

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 93/107, instruido a D. Juan Mussa Abdelnour Montesdeoca, titular de la explotación turística del establecimiento denominado “Bar Discoteca Joker”.

Visto el presente expediente sancionador incoado contra D. Juan Mussa Abdelnour Montesdeoca, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 3 de mayo de 1993, como consecuencia del Acta de Inspección nº 2.145 de 29 de marzo de 1993.

RESULTANDO

Primero: que con fecha 29 de marzo de 1993 se levantó el acta nº 2.145, al establecimiento denominado “Bar Discoteca Joker”, sito en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, en la que se comprobó que se había producido un cambio de titularidad a favor de los Sres. Abdelnour, Vacas y Canales que explotaban el establecimiento consignado desde el mes de diciembre de 1992, sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística canaria.

Segundo: que se mandó incoar expediente sancionador que lleva el nº 93/107, previo nombramiento de Instructor y Secretario.

Tercero: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 3 de mayo de 1993, contra el expedientado por “continuar la explotación turística del referido establecimiento, sin haber comunicado preceptivamente a la Administración turística, el cambio de titularidad en el plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la transmisión”.

Cuarto: que el expedientado no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.

Quinto: que con fecha 30 de julio de 1993, se formuló Propuesta de sanción de multa en cuantía de 50.000 pesetas.

Sexto: que por el expedientado no se ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.

Séptimo: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

CONSIDERANDO

Primero: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Segundo: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al Acta de Inspección nº 2.145 de 29 de marzo de 1993.

Tercero: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artículo 2º de la Orden de 23.9.88, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, con calificación de leve, en base al artículo 8º.c), en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril (B.O.C. de 11.4.86).

Vistas las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador y de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística, la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo,

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas a Juan Mussa Abdelnour Montesdeoca, titular de la explotación turística del establecimiento denominado “Bar Discoteca Joker”.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 16 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de febrero de 1994.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.

3) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 9, nº 204.

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 93/117, instruido a D. Horacio Méndez Marrero, titular de la explotación turística del establecimiento denominado “Bar Galería Ayala”. Visto el presente expediente sancionador incoado contra D. Horacio Méndez Marrero, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 3 de mayo de 1993, como consecuencia del Acta de Inspección nº 2.262 de 8 de abril de 1993.

RESULTANDO

Primero: que con fecha 8 de abril de 1993 se levantó el acta nº 2.262, al establecimiento denominado “Bar Galería Ayala”, en Las Palmas de Gran Canaria, en la que se constata que el establecimiento carecía del anuncio, tanto en el interior como en el exterior, de los precios de los productos que ofrece a su clientela, así como de la existencia de Hojas de Reclamaciones.

Segundo: que se mandó incoar expediente sancionador que lleva el nº 93/117, previo nombramiento de Instructor y Secretario.

Tercero: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos con fecha 3 de mayo de 1993, por “no exhibir, tanto en el interior como en el exterior del establecimiento, la relación de servicios con los precios que rigen en la prestación de los mismos. No anunciar la existencia de Hojas de Reclamaciones”.

Cuarto: que el expedientado no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.

Quinto: que con fecha 13 de octubre de 1993, se formuló Propuesta de sanción de multa en cuantía de 15.000 pesetas.

Sexto: que por el expedientado no se ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.

Séptimo: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

CONSIDERANDO Primero: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Segundo: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al Acta de Inspección nº 2.262 de 8 de abril de 1993.

Tercero: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artº. 10.3 de la Orden Ministerial de 17.3.65, modificado por la Orden Ministerial de 29.6.78, en su artículo 1º y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19.6.70, artículo 4º de la Orden de 13.11.86, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias; con calificación de leve, en base al artículo 7º.a) de la Ley 3/1986, de 8 de abril (B.O.C. de 11.4.86).

Vistas las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador y de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística; la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo,

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de quince mil (15.000) pesetas a D. Horacio Méndez Marrero, titular de la explotación turística del establecimiento denominado “Bar Galería Ayala”.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 16 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de marzo de 1994. El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.

4) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 4, nº 79. Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 93/143, instruido a Juan Santiago Díaz, titular de la explotación turística del establecimiento denominado “Bar Pub Turbo”.

Visto el presente expediente sancionador incoado contra D. Juan Santiago Díaz, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 1 de junio de 1993, como consecuencia del Acta de Inspección nº 2.331 de 25 de abril de 1993.

RESULTANDO

Primero: que con fecha 25 de abril de 1993 se levantó el acta nº 2.331, al establecimiento denominado “Bar Pub Turbo”, sito en Puerto Rico, término municipal de Mogán, en la que se comprobó que el establecimiento de referencia se encontraba abierto al público realizando la actividad turística de bar y carecía de las Hojas de Reclamaciones y de los precios notificados a la Administración turística canaria.

Segundo: que se mandó incoar expediente sancionador que lleva el nº 93/143, previo nombramiento de Instructor y Secretario.

Tercero: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos con fecha 1 de junio de 1993, por “estar funcionando en régimen de explotación turística como bar, sin haber notificado a la Administración turística canaria, los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios y sin tener las Hojas de Reclamaciones”.

Cuarto: que el expedientado no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.

Quinto: que con fecha 25 de agosto de 1993, se formuló Propuesta de sanción de multa en cuantía de 75.000 pesetas.

Sexto: que por el expedientado no se ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.

Séptimo: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

CONSIDERANDO

Primero: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Segundo: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al Acta de Inspección nº 2.331 de 25 de abril de 1993.

Tercero: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artº. 30.1 de la Orden de 17.3.65, modificado por la Orden Ministerial de 29.6.78, en relación con el artículo 4º de la Orden de 19.6.70; artículo 1º de la Orden de 31.10.70 y artículo 1º de la Orden de 13.11.86, con calificación de leve, en base al artículo 8º.d) y f), en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril (B.O.C. de 11.4.86).

Vistas las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador y de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística; la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo,

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas a D. Juan Santiago Díaz, titular de la explotación turística del establecimiento denominado “Bar Pub Turbo”.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 16 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de febrero de 1994.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.

5) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 2, nº 34.

Resolución de 25 de enero de 1994, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 93/192, instruido a Riu Hotels, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado “Hotel Riu Paraíso”.

Visto el presente expediente sancionador incoado contra Riu Hotels, S.A., por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 2 de agosto de 1993, como consecuencia del Acta de Inspección nº 2.294 de 12 de mayo de 1993.

RESULTANDO

Primero: que con fecha 12 de mayo de 1993 se levantó el Acta nº 2.294 al establecimiento denominado “Hotel Riu Paraíso”, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, en la que se comprobó:

1º) Que se había producido un cambio de denominación que no había sido comunicado previa y preceptivamente a la Administración turística canaria, toda vez que se anunciaba como Riu Paraíso y la denominación autorizada es la de Lanzarote Palace. 2º) Que se había producido un cambio de titularidad a favor de Riu Hotels, S.A., que explotaba el establecimiento desde el 27 de abril de 1993, sin comunicarlo a la Administración turística canaria.

Segundo: que se mandó incoar expediente sancionador que lleva el nº 93/192, previo nombramiento de Instructor y Secretario.

Tercero: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos con fecha 2 de agosto de 1993, contra la empresa expedientada, por “haber cambiado la denominación del establecimiento de referencia, sin haberlo comunicado previa y preceptivamente a la Administración turística canaria, toda vez que se anuncia como “Riu Paraíso”. Continuar la explotación turística del referido establecimiento, sin haber comunicado el cambio de titularidad a su favor, a la Administración turística canaria”.

Cuarto: que la expedientada ha realizado contestación al Pliego de Cargos, en la que en síntesis alega que al iniciar la explotación del establecimiento en abril de 1993, por parte de la empresa expedientada, ésta solicitó el cambio de titularidad y denominación, obteniéndose resolución favorable el 23 de julio del mismo año.

Quinto: que con fecha 29 de octubre de 1993, se formuló Propuesta de sanción de multa en cuantía de 500.000 pesetas.

Sexto: que por la expedientada se ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que se ratifica en lo argumentado en el Pliego de Descargos.

Séptimo: que consultados los Archivos de esta Consejería a efectos de antecedentes, no obra constancia de haberse instruido expedientes sobre los que haya recaído resolución firme.

Octavo: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

CONSIDERANDO

Primero: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Segundo: que debe estimarse en parte la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base a las circunstancias manifestadas en las alegaciones formuladas.

Tercero: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a los artículos 3º y 4º de la Orden de 19.10.88, de los nombres y de la publicidad de los establecimientos turísticos; artículo 8º del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros, con calificación de leve, en base al artículo 8º.c), en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril (B.O.C. de 11.4.86).

Vistas las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador y de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística; la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo,

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de noventa mil (90.000) pesetas a Riu Hotels, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado “Hotel Riu Paraíso”.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 16 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de enero de 1994.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.



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