Se hace saber a Recreativos Los Reyes, con título de empresa operadora revocado, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador, que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de Presidencia y Turismo, con el nº 92/92, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, recayendo una sanción de tres millones de pesetas, por la instalación y funcionamiento en el Bar Plutos, sito en la calle José Campos Llarena, Edificio Llanos de Ucanca, Puerto de la Cruz, Tenerife, de una máquina recreativa del tipo modelo B-1761, totalmente indocumentada, incluso la Placa de Identidad, presentando las grabaciones borradas. La empresa operadora que aparece en la fotocopia de una Guía del tipo A, TF-A-3285 (Rubén Reyes Yanes), carece de título de empresa operadora.
Lo que supone infracción a los artículos 8, 11, 12, 13, 18.1.c), 30.1.a), b), c), d), 31.1.b), c) y d), 44 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, y artº. 6 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, tipificándose como faltas muy graves, la explotación de máquinas de juegos por personas físicas y jurídicas no autorizadas como empresa operadora; la explotación, en cualquier forma, de máquinas de juego que carezcan de la autorización de explotación; la inexistencia en la máquina de juego de la marca de fábrica y de la Placa de Identidad o su alteración, manipulación o inexactitud, correspondiéndole a cada una de ellas una multa de un millón de pesetas, a tenor de lo dispuesto en el artº. 39.1, 2 y 10 y en relación con los artículos 42 y siguientes del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88).
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su publicación, previa la comunicación a la Consejería de Presidencia y Turismo, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 1994.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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