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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artº. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-395/92. INSTRUIDO A: D. Virginio Sánchez Alonso. D.N.I. o N.I.F.: 7.776.501-V.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de junio de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la carnicería Virsamar, situada en Santa María del Mar, frente al grupo escolar Santa María del Mar (término municipal de Santa Cruz de Tenerife), y mediante acta nº 30.768 instruida al efecto, se pudo comprobar que tenía dispuestas para su venta al público, en frigorífico expositor, diversas piezas de carne de vacuno refrigerada, canales de pollo, chuletas de cerdo, lomo adobado, diversos productos de charcutería y quesos, careciendo en su totalidad del preceptivo marcado de precios de venta al público, habiéndose advertido con anterioridad. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972 (B.O.E. nº 247), en concordancia con el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: no se formuló escrito de descargos. Con fecha 30 de abril de 1993, el interesado presentó escrito de alegaciones en el que manifiesta: 1º) Que por motivos de enfermedad del trabajador destinado a ese mencionado despacho, ocupó el puesto el suplente y por llegar con retraso al trabajo no había colocado los P.V.P. 2º) Que una vez incorporados los trabajadores sí están colocados los P.V.P. 3º) Que se compromete a que día a día se cumpla la legislación vigente. Las alegaciones formuladas por el interesado no desvirtúan los hechos imputados, ya que reconoce de forma explícita las irregularidades detalladas en el Pliego. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Virginio Sánchez Alonso la sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 17 de febrero de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
2) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-59/93. INSTRUIDO A: Garajes Automóviles, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-380080111.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 29 de septiembre de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la calle Sor Soledad Cobián, 9, término municipal de La Orotava, y mediante acta nº 031093 instruida al efecto y con el objeto de proceder a comprobar reclamación nº 325/91, se requirió al compareciente, D. Jorge Domínguez Quijada, para que en el plazo de diez días presentara, en la Dirección Territorial de Comercio y Consumo, la escritura de constitución de la entidad, Garajes Automóviles, S.A., escrito explicando el estado actual de la misma y la documentación de la venta del automóvil TF 384-AM, Ford Sierra. Que ha transcurrido dicho plazo sin que se presentara ninguno de los documentos requeridos. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: tanto el Pliego de Cargos como la Propuesta de Resolución fueron notificados a través de publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia y de Canarias, respectivamente, así como en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento sin que se diera contestación a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Garajes Automóviles, S.A. la sanción de multa de doscientas mil (200.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 17 de febrero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
3) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-603/91. INSTRUIDO A: Materiales Eléctricos y Maquinaria, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-48017917.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 5 de septiembre de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la delegación Otsein, venta de repuestos, aparatos y S.A.T., sita en la calle Buenaventura Bonnet, números 4-6, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 22.234 instruida al efecto, se pudo comprobar reclamación presentada en las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 494/91, siendo motivo de la misma la adquisición del programador para lavadoras Otsein, repuesto que una vez instalado no parece cumplir con su cometido, constatando el inspector actuante respecto al Servicio de Asistencia Técnica lo siguiente: 1. No se exponen a la vista del público las preceptivas listas de precios aplicables, por tiempo de trabajo, gastos de transporte y demás servicios ofertados, así como las leyendas de información al usuario. 2. En los casos en que un aparato de uso doméstico queda depositado en ese establecimiento tanto para la elaboración de un presupuesto, como para llevar a cabo una reparación, no se entrega a los clientes el preceptivo resguardo de depósito. 3. Los clientes no renuncian de forma expresa a la elaboración del presupuesto previo, ni autorizan la reparación del aparato al quedar en depósito. Asimismo, no se indica el plazo previsto de entrega del aparato ya reparado. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 3 y 8 del Real Decreto 58/1988 (B.O.E. nº 29), en concordancia con el artículo 3.2.1, 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: el Pliego de Cargos así como la Propuesta de Resolución fueron notificados por medio de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin que se diera contestación alguna. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Materiales Eléctricos y Maquinaria, S.A. la sanción de multa de treinta mil (30.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
4) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-83/92. INSTRUIDO A: Broker Informática Canarias, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38259511.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de noviembre de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el S.A.T. de ordenadores, situado en la calle Camino Largo, 10 (término municipal de La Laguna), y mediante actas números 22.754 y 22.753 instruidas al efecto, comprobó la reclamación presentada en las dependencias de este Organismo, con nº de Registro de Inspección 754/91, siendo motivo de la misma la presunta comisión de irregularidades en la reparación de un ordenador BPC, modelo 286, propiedad de D. Antonio Nieto Palomo, constatando el inspector actuante que el resguardo de depósito extendido por la entidad Broinca, S.L. carece de una serie de requisitos exigidos por la legislación vigente, como el número de orden correlativo, número de serie del aparato, domicilio y N.I.F. del S.A.T., especificación detallada de los daños manifiestamente visibles, presuntas averías existentes, defectos observados y/o, en su caso, servicios a realizar, así como el plazo previsto de entrega del aparato ya reparado. Asimismo, se comprueba por el inspector actuante que no figuran expuestos de forma visible para los usuarios los preceptivos carteles informadores de los precios aplicados por tiempo de trabajo, gastos de transporte y/o desplazamiento, en su caso, precios de aquellos otros servicios ofertados, así como recargos a aplicar y las leyendas de información al usuario. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 3 y 8 del Real Decreto 58/1988 (B.O.E. nº 29), en concordancia con el artículo 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución se notificaron mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Laguna, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Broker Informática Canarias, S.L. la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 3 de marzo de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
5) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-421/92. INSTRUIDO A: Comunidad de Bienes Natur Canarias. D.N.I. o N.I.F.: E-38264495.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 29 de septiembre de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección a la Comunidad de Bienes Natur Canarias, venta al mayor de alimentación, sita en la Avenida de la Pila, 4, Icod de los Vinos, y mediante acta nº 030991 instruida al efecto, se pudo comprobar que la citada empresa comercializa los productos (frutos secos) a que se hace referencia en el acta nº 030785. El etiquetado de dichos productos es incorrecto, ya que no se recogen los siguientes datos exigidos por la legislación vigente: ingredientes, cantidad neta, domicilio del envasador o del vendedor, e indicación del lote. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 7º, 9º, 10º y 13º del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo (B.O.E. nº 72, de 24), por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: dentro del plazo concedido al efecto, el interesado presentó escrito de descargos en el que se manifiesta: 1. Que los frutos secos El Volcán son envasados en origen por su proveedor, quien recoge en la etiqueta la normativa de la legislación vigente al respecto. 2. Que las muestras de etiquetas no incluían la parte inferior en la que se incluyen diversos datos. 3. Que en cuanto al domicilio del envasador se recoge en el registro sanitario. 4. Que el proveedor les ha manifestado que las modificaciones que apuntó el inspector estarían recogidas en las próximas partidas. El día 26 de abril de 1993, dentro del plazo conferido al efecto, el representante legal de la comunidad encartada presentó escrito de alegaciones, en el que manifestaba que han surgido problemas de entendimiento entre el proveedor y esta empresa, por lo cual se han quedado con unas partidas en el almacén de las cuales no pueden desentenderse, ya que le causarían daño económico. Termina en solicitud de un plazo de dos meses para corregir la anomalía del etiquetado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Comunidad de Bienes Natur Canarias la sanción de multa de veinticinco mil (25.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu. 6) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-352/92. INSTRUIDO A: Tecno Empleo, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-38078754.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 8 de abril de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la oficina de Tecno-Empleo, sita en la Carretera General Santa Cruz-La Laguna, 232, de La Higuerita, término municipal de La Laguna, y mediante actas números 30.315 y 30.316 instruidas al efecto, comprobó reclamación presentada en las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 148/92, siendo motivo de la misma la presunta existencia de defectos y carencias técnicas de un ordenador y otros elementos de la marca Olivetti adquirido por la persona reclamante a Tecno-Empleo, S.A., constatando el inspector actuante lo siguiente: Solicitada diversa documentación relacionada con la citada reclamación (facturas de compra de todo el material, acreditación del cambio del Ready Sistem, de las visitas efectuadas y garantía escrita) no la presentan en el momento de llevarse a cabo la visita de inspección, ni en las dependencias de este Organismo en el plazo de diez días concedidos al efecto. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución se notificaron mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Laguna, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Tecno Empleo, S.A. la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 4 de marzo de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
7) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-308/92. INSTRUIDO A: Distribuidora Canarias Internacional, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-35092394. MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de marzo de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en los almacenes-oficinas situadas en el Polígono Industrial Los Majuelos, nave 7, término municipal de La Laguna, y mediante acta de instrucción nº 22.969 instruida al efecto, se pudo comprobar que esa empresa es importadora y a su vez comercializa un producto alimenticio localizado en el supermercado Los Gigantes, lo que consta en acta de inspección nº 22.955, en cuyo etiquetado figuran los siguientes datos: Whitworths Cane, Demerasa Sugar 1 Kg e Nutritional, información y relación de calorías y otros datos todo ello en idioma extranjero, y careciendo de la información en idioma castellano. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 19 del Real Decreto 1.122/1988 (B.O.E. nº 238), derogado por el artº. 20 del Real Decreto 212/1992 (B.O.E. nº 72), en concordancia con el artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: la representación legal de la Sociedad presentó escrito de descargos en el que manifiesta: 1º) Que el pliego fue recogido el pasado 7 de enero de 1993, en las antiguas instalaciones. 2º) Que realizada visita de inspección el día 12 de febrero, se procedió a etiquetar el azúcar moreno mediante etiqueta que se adjunta. 3º) Que consideran que las antiguas etiquetas cumplían los requisitos exigidos por la ley, por lo que solicitan que su conducta no sea considerada como infracción. Existe constancia de que la Propuesta de Resolución se notificó mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Laguna, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación al mismo. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Distribuidora Canarias Internacional, S.A. la sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 3 de marzo de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
8) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-57/92. INSTRUIDO A: D. Francisco Bonilla Armas. D.N.I. o N.I.F.: 42.057.373. MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de octubre de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el establecimiento de venta al por menor de charcutería La Ideal, situado en la calle Calvo Sotelo, 48, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 22.414 instruida al efecto, se pudo comprobar que tenía dispuestas para su venta al público frutas, tales como manzanas, mangos, uvas, ciruelas negras, higos y papayas que carecían de precio de venta al público. Asimismo, se tenía dispuestas para su venta distintas variedades de pan común sin envasar al alcance del público, comprobándose por el inspector actuante como un cliente se servía por su propia mano el referido pan. Finalmente, no se exponía cartel indicador del precio y peso de las diferentes piezas de pan. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972 (B.O.E. nº 247), la Resolución de 21 de julio de 1976 (B.O.E. nº 189) y el artículo 18.1 del Real Decreto 1.137/1984 (B.O.E. nº 146), en relación con el artículo 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución se notificaron mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 15 de febrero de 1993, y Boletín Oficial de Canarias, de fecha 10 de enero de 1994, respectivamente, y exposición en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación al mismo. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Francisco Bonilla Armas la sanción de multa de treinta y cinco mil (35.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 7 de marzo de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
9) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-14/93. INSTRUIDO A: D. Santiago Mesa Molina. D.N.I. o N.I.F.: 42.025.692.T.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: los días 27 de noviembre y 15 de diciembre de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la tienda-exposición, propiedad de D. Santiago Mesa Molina, situada en la calle Dieciocho de Julio, 10, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante actas números 31.223 y 31.319 instruidas al efecto, se pudo comprobar en relación a la reclamación con nº de Registro de Inspección 394/92, la no realización del traspaso al nuevo propietario de la moto marca Honda, modelo 70, matrícula TF-5647-AF, vendida en el mes de noviembre del año 1991. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3.1.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos, así como que no contestó al mismo. La Propuesta de Resolución ha sido notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de fecha 3 de enero de 1994, y exposición en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, no contestando a la misma en el plazo concedido al efecto. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Santiago Mesa Molina la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 7 de marzo de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
10) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-339/92. INSTRUIDO A: Punto Móvil, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38236477.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de marzo de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en las oficinas Punto Móvil, sitas en la calle Las Tribulaciones, 15, Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 30.303 instruida al efecto, se pudo comprobar la reclamación presentada en las dependencias de este Organismo, con nº de Registro de Inspección 151/92, siendo motivo de la misma la instalación de una alarma para vehículos con presuntos defectos, constatando el inspector actuante lo siguiente: solicitado documento escrito acreditativo de la garantía que ha de acompañar a este tipo de aparatos, no lo aportó al inspector actuante, ni en las dependencias de este Organismo en el plazo concedido al efecto. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos, así como que no contestó al mismo. En fecha 10 de marzo de 1993, fuera del plazo de ocho días concedidos al efecto, el interesado presentó escrito de alegaciones en el que manifiesta que el documento de garantía va incorporado en la caja que contiene el alarma y debe ser sellado por el establecimiento que realiza la inspección, a partir de cuya fecha el producto tiene una garantía de un año. El motivo por el que se ha presentado el documento acreditativo de la garantía es que esta empresa carece de ellos por tratarse de un artículo que ha dejado de comercializarse, y a pesar de haberlo solicitado al proveedor repetidas veces, éste no los ha remitido. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Punto Móvil, S.L. la sanción de multa de treinta y cinco mil (35.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 31 de enero de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
11) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-393/92. INSTRUIDO A: Basauto Isla Bonita, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38089363.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de junio de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en los servicios de talleres, situados en la carretera El Zumacal, 17, Breña Alta, y mediante acta nº 30.705 instruida al efecto, se pudo comprobar la reclamación remitida a las dependencias de este Organismo con el nº de Registro de Inspección 419/92, siendo el motivo de la misma la comisión de diversas irregularidades en la reparación de un vehículo propiedad de D. Anselmo Gutiérrez Pérez, constatando el inspector actuante que carece de documentos de inscripción en el Registro Especial de Talleres. Asimismo, solicitada determinada documentación acreditativa de la estancia del citado vehículo en las instalaciones del taller, no la presenta al inspector actuante en el momento de llevarse a cabo la visita de inspección, ni en las dependencias de este Organismo en el plazo concedido al efecto. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 4 y 5 del Real Decreto 1.457/1986 (B.O.E. nº 169), en concordancia con los artículos 3.3.2, 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Basauto Isla Bonita, S.L. la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 16 de febrero de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
12) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-165/93. INSTRUIDO A: Orsueco, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-38023560.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 9 de diciembre de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el Hipermercado Orsueco, sito en Las Torres de Taco, Taco, término municipal de La Laguna, y mediante acta nº 31.327 instruida al efecto, se pudo comprobar reclamación con nº de Registro de Inspección 752/92, siendo motivo de la misma la presunta negativa a permitir al reclamante la adquisición de 10 ó 12 envases de aceite Adelina, a pesar de haber existencias suficientes, limitando la compra de un envase por persona, pudiendo constatar el inspector actuante que hay una oferta-estrella de los siguientes artículos: Turrón El Almendro Alicante/Jijona, La Bruja, Pasta Isleña, Spaguetti/Corta Pluma, con carteles en los que consta, respectivamente, máximo 2 unidades por compra; máximo 4 unidades por compra superior a 2.000 ptas., y máximo 6 unidades por compra. En un folleto a disposición del público, constan los productos de la oferta-estrella, así como la siguiente indicación: Orsueco se reserva el derecho de fijar la cantidad de artículos por compra. Asimismo, manifiesta el compareciente que la limitación se realiza para evitar la acaparación de dichos productos por pequeños comerciantes minoristas, y benefician al consumidor. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 3º, apartado 3.2.8, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. de 24). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Orsueco, S.A. la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, p.s. (Orden de 25 de febrero de 1994; B.O.C. nº 27, de 4.3.94), Luis García Martín, Director General de Industria y Energía.
13) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-207/93. INSTRUIDO A: Dña. Candelaria González Salcedo. D.N.I. o N.I.F.: 43.620.800.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 30 de abril de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el establecimiento de venta al por menor de coches usados, situado en la calle Porlier, 32, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 30.465 instruida al efecto, se comprobó la reclamación con el nº de Registro de Inspección 223/92, siendo el motivo de la misma la presunta demora en la tramitación de la documentación del vehículo marca Opel, modelo Corsa 1.05, matrícula GC-1539-Z, objeto de compra-venta el día 14 de enero de 1992. Con el fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades susceptibles de sanción, el día 5 de mayo de 1992 se giró visita de inspección en la Gestoría sita en la calle Méndez Núñez, 22, 1º, de esta capital, en Autos Faycan, S.L. (Actas números 34.617 y 34.618, de fecha 2 de julio de 1992), y en Palma Canaria, S.A. (Acta nº 31.661, de fecha 17 de febrero del presente año). A la vista de las diligencias practicadas, se comprueba la comisión de una infracción en materia de protección al consumidor, consistente en la demora en la entrega de la documentación del vehículo reseñado, en poder del transmitente. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartado 4, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), y el artículo 3, apartado 3.1.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución se notificaron mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Dña. Candelaria González Salcedo la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, p.s. (Orden de 25 de febrero de 1994; B.O.C. nº 27, de 4.3.94), Luis García Martín, Director General de Industria y Energía.
14) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-355/92. INSTRUIDO A: Garajes Automóviles, S.A. D.N.I. o N.I.F.: B-38244802.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de abril de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el Garaje-Repuestos, sito en la Avenida Sor Soledad Cobián, 9, término municipal de La Orotava, y mediante acta nº 30.369 instruida al efecto, se pudo comprobar la reclamación presentada en las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 158/92, siendo el motivo de la misma la posible comisión de irregularidades en la compraventa del vehículo de la marca Fiat, modelo Uno 45, matrícula TF-3360-S, celebrada entre la empresa precitada y la persona reclamante, constatando el inspector actuante que, solicitada determinada documentación e información a efectos de diligencias, la citada reclamación no la presentó en el momento de llevarse a cabo la misma, ni en las dependencias de este Organismo en el plazo de diez días concedidos al efecto. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución se notificaron mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Orotava, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Garajes Automóviles, S.A. la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 7 de marzo de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
15) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-20/93. INSTRUIDO A: D. Murli Lalwani. D.N.I. o N.I.F.: 0766330.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de julio de 1992, un inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección al Bazar Milano, situado en el Centro Comercial Playa-Shop de la Avenida Litoral, 11, Playa de Las Américas (término municipal de Adeje), y mediante acta nº 030833 instruida al efecto, se pudo comprobar la reclamación nº 407/92, siendo el motivo de la misma diversas irregularidades en la reparación de un reloj de pulsera marca Morita, constatándose que la garantía entregada al adquirente carece de los siguientes datos obligatorios: designación del titular de la garantía y derechos que le corresponden. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 11, apartado 2, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.1.5, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que la Propuesta de Resolución se notificó mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Adeje, así como que en el plazo concedido al efecto no se dio contestación al mismo. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Murli Lalwani la sanción de multa de treinta mil (30.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
16) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-172/93. INSTRUIDO A: D. Hnert Karl Heinz y Dña. Brighitte Wieland Friedel. D.N.I. o N.I.F.: 8315991 y 1700832.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 29 de diciembre de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el bar-cafetería situado en la calle El Rosario, 12, planta 1ª, término municipal de Santa Cruz de La Palma, y mediante acta nº 30.124 instruida al efecto, se pudo comprobar la reclamación presentada ante la oficina municipal de información al consumidor de Santa Cruz de La Palma, con fecha 28 de diciembre de 1992, y a la que se le ha asignado el nº 19/93, siendo motivo de la misma la presunta negativa a entregar la lista oficial de precios y el Libro de Reclamaciones, pudiendo constatar el inspector actuante que la lista oficial de precios sellada por la Consejería de Turismo no se exhibe al público en lugar visible. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1º y 6º del Decreto del Ministerio de Comercio 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regulan la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: el día 10 de mayo de 1993, fueron remitidos la Providencia de Incoación y el Pliego de Cargos mediante efecto certificado con aviso de recibo. Dicha documentación fue devuelta por el Servicio de Correos al rehusar el destinatario su recepción, según se deja acreditado en el sobre por el funcionario de Correos. En virtud de lo dispuesto en el artº. 59, apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esta Instrucción tiene por efectuado el trámite, siguiéndose con el procedimiento. Existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a la misma. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Hnert Karl Heinz y Dña. Brighitte Wieland Friedel la sanción de multa de treinta y cinco mil (35.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, p.s. (Orden de 25 de febrero de 1994; B.O.C. nº 27, de 4.3.94), Luis García Martín, Director General de Industria y Energía.
17) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-121/92. INSTRUIDO A: D. Antonio Marcaro Llino. D.N.I. o N.I.F.: 42.944.004.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de diciembre de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el Restaurante Pizzería Jolly, situado en los Apartamentos Masaru en la Urbanización La Paz, término municipal de Puerto de la Cruz, y se pudo comprobar la reclamación presentada en las dependencias de este Organismo, con nº Registro de Inspección 797/91, siendo el motivo de la misma la presunta negativa a entregar a D. Guillermo Pérez Pastor, cliente del citado establecimiento, factura debidamente cumplimentada con los requisitos legales preceptivos, constatando el inspector actuante lo siguiente: - La factura extendida por esa empresa carece de diversos requisitos exigidos por la legislación vigente, como nombre y apellidos o denominación social y nº de identificación fiscal del expedidor. Asimismo, no se desglosan debidamente los servicios prestados y sus precios. - No figura expuesta a disposición del público la lista de precios. - Solicitada por el inspector actuante determinada documentación (licencia fiscal, libro de inspección de la Consejería de Turismo y fotocopia de la factura JF 26604, de fecha 21.11.91 y factura correctamente extendida), no la presenta en el momento de realizarse la visita, ni en las dependencias de este Organismo en el plazo de diez días concedidos al efecto. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3 del Real Decreto 2.402/1985 (B.O.E. nº 312), artº. 6 del Decreto 2.807/1972 (B.O.E. nº 247), en concordancia con los artículos 3.2.9, 3.3.4, 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Antonio Marcaro Llino la sanción de multa de setenta mil (70.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 17 de febrero de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
18) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-168/92. INSTRUIDO A: D. Mateo Pérez Gómez. D.N.I. o N.I.F.: 48.335.984-P.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 14 de enero de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el Servicio de Asistencia Técnica situado en la calle La Cruz, 6, La Cruz Santa (término municipal de Los Realejos), y mediante acta nº 22.699 instruida al efecto, se pudo comprobar en relación a la reclamación con nº de Registro de Inspección 796/91, que el resguardo de depósito nº 100628 adolecía de la marca, modelo y nº de serie del aparato, del domicilio y nº de Identificación Fiscal del S.A.T., del plazo previsto de entrega del aparato reparado y de la firma del usuario. Se hace advertencia de que en la factura se debe indicar el tiempo en horas de trabajo invertidas en reparar el aparato. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 3.11.1, apartados 2, 3, 7 y 8, del Real Decreto 58/1988 (B.O.E. de 3.2.88), en relación con el artº. 3.3.1 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución han sido notificados mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y de la Comunidad Autónoma, respectivamente, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Los Realejos, no habiéndose contestado a los mismos en el plazo concedido al efecto. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Mateo Pérez Gómez la sanción de multa de veinte mil (20.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 4 de marzo de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
19) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-413/92. INSTRUIDO A: Servicio Courier Mensajero - S.C.M. D.N.I. o N.I.F.: B-35094978.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 19 de mayo de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en las oficinas del Servicio Courier Mensajero, S.C.M., situadas en la calle San Sebastián, 68, planta baja, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 30.436 instruida al efecto, se pudo comprobar en relación a la reclamación con nº de Registro de Inspección 289/92, referente al transporte de una pecera desde Santa Cruz de Tenerife a Puerto del Rosario (Fuerteventura), que llegó rota, el incumplimiento del compromiso de esta empresa a la devolución del importe de la citada pecera. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3.2.8 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos, así como que no contestó al mismo. La Propuesta de Resolución ha sido contestada, alegándose en síntesis: Que según su escrito, existe constancia de que hemos recibido el Pliego de Cargos, quisiéramos saber en qué fecha y por quién fue recibido, fehacientemente en estas oficinas, dicho escrito; es la primera noticia que tenemos sobre este asunto. Que su empresa se dedica principalmente al transporte de correspondencia, documentos y pequeña paquetería, debidamente embalada, y no al embalaje de objetos delicados, como el que nos denuncian. Que notificamos claramente a nuestro cliente que cualquier objeto delicado y costoso sea bien embalado y asegurado, previamente, por si pudiera existir rotura o extravío del mismo. Que para asegurarlo deben aportar facturas del mismo, para asegurar el montante y costo del envío. Que en numerosas ocasiones se nos oculta lo enviado y padecemos denuncias como la actual. Que en el caso actual se le notificó al cliente el peligro que corría si se enviaba en las condiciones que estaba y este cliente comunicó que daba igual, que correría ese riesgo, dicho al trabajador de esta empresa y conductor, cosa mal hecha por nuestro personal al admitirlo sin nuestra conformidad, ni tomando las condiciones que exigimos para envíos de esta índole, alegando nuestro empleado que el cliente se hacía cargo de la posibilidad de rotura. Que visto el problema existente, no le cobramos el importe del transporte por atención al cliente. Por esta Dirección Territorial se quiere manifestar que con fecha 26.11.92, se notificó a esa empresa la Providencia de Incoación y el Pliego de Cargos. Se adjunta acuse de recibo de los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Servicio Courier Mensajero - S.C.M. la sanción de multa de veinte mil (20.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 1 de marzo de 1994.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
20) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-463/93. INSTRUIDO A: D. Santiago Rodríguez Amador. D.N.I. o N.I.F.: 41.928.726-W.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 30 de abril de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la fábrica de lejía de la que es titular D. Santiago Rodríguez Amador, situada en la Montaña Pacho, 4, Barrio Chimisay, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, levantando el acta nº 32.168, en la que consta que se procedió a tomar muestras de lejía diluida marca La Isleña, eligiendo tres envases tomados al azar de entre los dispuestos para su comercialización, entre las existencias almacenadas en esta empresa. Y siguiendo el procedimiento legal, tal y como consta en acta, al objeto de remitir una de las muestras al Centro de Investigación y Control de la Calidad de Madrid, para su análisis, por una parte en el acta se recogen los datos del etiquetado observándose en el mismo las siguientes irregularidades: - No se indican el nº de Registro del prototipo del envase por el Ministerio de Industria y Energía, ni el Lote de Fabricación. - Se indica una: Solución de 40 gr de cloro activo por litro, cuando en realidad y según consta en el resultado del análisis es de 38 gr por litro. - En cuanto al envase, según el Boletín de Análisis remitido por el Centro de Investigación y Control de Calidad del Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, recibido en la Dirección Territorial de Comercio y Consumo de Santa Cruz de Tenerife, el día 16 de junio de 1993, se desprende que del ensayo de estanqueidad se produjo pérdida de líquido. Por lo anterior, se consideran cometidas sendas infracciones en materia de consumo por irregularidades en el etiquetado y por deficiencias en la estanqueidad del envase, no constando, además, la homologación de los mismos. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 3, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983; artº. 34, apartados 2 y 6, de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con los artículos 9 y 10 del Real Decreto 3.360/1983, de 30 de noviembre (B.O.E. nº 24, de 28.1.84) y lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre de 1985 (B.O.E. nº 313, de 31.12.85). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: en escrito recibido en la Dirección Territorial de Comercio y Consumo de Santa Cruz de Tenerife, el día 4 de enero de 1994, y provisto en el Registro de Entrada con el nº 20 y con sello de la oficina de Correos de fecha 30.12.93, el interesado manifiesta, sucintamente, lo siguiente: 1. El etiquetado y la homologación del envase fueron solicitados en su momento, a través de la empresa National Service Gestión, S.A. (N.S.G.), la cual, por causas que ignora el firmante, devino en quiebra, circunstancia que ignoraba el dicente el cual confiaba en todo momento que el trámite correspondiente seguía su curso reglamentario. Es decir, que solamente hace escasas fechas y después de ardua investigación por su parte, se enteró el recurrente de aquella circunstancia. 2. Por lo que respecta a la idoneidad de la solución de cloro empleada en la fabricación del producto, expone que el hipoclorito sódico utilizado proviene de la firma Productos Químicos Sevillanos, S.A., establecida en Paseo Colón, 15, Sevilla, la cual tiene nº de Identificación Fiscal A/41014622, habiendo quedado aquélla autorizada e inscrita en el Registro con el nº 31.411/SE-2440. 3. Que en la actualidad, una vez conocidas las circunstancias por las que ha pasado la empresa encargada en su día de llevarlos a cabo, el compareciente se ha puesto en contacto nuevamente con una empresa especializada, domiciliada en Madrid, para ultimarlos. Por lo que solicita que se considere lo alegado. Existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a la misma. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Santiago Rodríguez Amador la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, p.s. (Orden de 25 de febrero de 1994; B.O.C. nº 27, de 4.3.94), Luis García Martín, Director General de Industria y Energía.
21) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-58/93. INSTRUIDO A: Floan, S.L. D.N.I. o N.I.F.: no presenta.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de diciembre de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el establecimiento de venta al menor textil del que es titular la entidad Floan, S.L., ubicado en la Rambla de Pulido, 16, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 31.248 instruida al efecto, se comprobó que tenía dispuesto para su venta al público un edredón similar al que se hace mención en la reclamación nº 748/92; se compara la etiqueta con la de la fotocopia que se adjunta a la reclamación y se ve que son idénticas, por lo que se acredita que el etiquetado de los edredones, tanto del que se encuentra en el establecimiento como el que adquirió la reclamante, es incorrecto por infringir la normativa vigente, al respecto, ya que carece de la siguiente información: Nombre o Razón Social o Denominación del Fabricante, Comerciante o Importador; Domicilio; nº de Identificación Fiscal del Importador; asimismo, los datos que se incluyen en el etiquetado aparecen en idioma extranjero. Por otra parte, el inspector requirió al compareciente para que en el plazo de 10 días presentara, ante las dependencias de la Dirección Territorial de Comercio y Consumo, el documento de compra del citado edredón, transcurrido dicho plazo no se presentó la documentación requerida por lo que se produce otra infracción en materia de consumo, al producirse resistencia a suministrar los datos requeridos por la inspección. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 19 del Real Decreto 1.122/1988, de 23 de septiembre (B.O.E. nº 238), por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados. Y el artº. 6 del Real Decreto 396/1990, de 16 de marzo, de productos textiles, que modifica el Real Decreto 928/1987. Infringiéndose además lo dispuesto en el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el arº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que el Pliego de Cargos se notificó mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación al mismo. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Floan, S.L. la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, p.s. (Orden de 25 de febrero de 1994; B.O.C. nº 27, de 4.3.94), Luis García Martín, Director General de Industria y Energía.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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