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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artº. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo. Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-66/93. INSTRUIDO A: D. Honert Karl Heinz y Brignitte Wieland Friedel. D.N.I. o N.I.F.: 8315991 y 1700322.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 29 de diciembre de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el bar-cafetería El Rosario, situado en la calle El Rosario, 12, planta 1 (El Galeón), término municipal de Santa Cruz de La Palma, y mediante acta nº 30.123 instruida al efecto, se comprueban las infracciones, abajo indicadas, que habían sido puestas en conocimiento de la Dirección Territorial de Comercio y Consumo a través de la reclamación número 18/93. Las infracciones en materia de consumo son las siguientes: - Que en ese establecimiento para el uso del teléfono allí instalado se cobra a los usuarios del mismo la cantidad de 15 pesetas por paso según se desprende de la reclamación y del reconocimiento expreso por parte del compareciente, según consta en el acta, debiendo haberse cobrado un recargo máximo del 35% sobre el importe de la llamada. - Carecer del cartel informativo sobre el uso y recargos a cobrar por cada paso que se efectúe en las llamadas telefónicas. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3, apartados 3.2.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 3 y 5 de la Orden Ministerial de 22 de junio de 1982 (B.O.E. nº 196), para la prestación al público del servicio telefónico a través de teléfono con recaudación directa y punto noveno del anexo de la Orden de 12 de mayo de 1992 (B.O.E. nº 116), por la que se autoriza la modificación de determinadas tarifas de Telefónica de España, S.A. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: la contestación al Pliego de Cargos se efectuó fuera del plazo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO
Imponer a D. Honert Karl Heinz y Brignitte Wieland Friedel la sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 27 de diciembre de 1993.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
2) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-80/92. INSTRUIDO A: Lavandería Febles, S.A. D.N.I. o N.I.F.: 38060992.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 29 de noviembre de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la Tintorería y Lavandería, sita en el Polígono Industrial Valle de Güímar, manzana 5, parcela 30, término municipal de Arafo, y mediante acta nº 22.761 instruida al efecto, se pudo comprobar reclamación presentada en las dependencias de este Organismo con nº Registro de Inspección 665/91, siendo motivo de la misma la presunta comisión de irregularidades en un servicio de tintorería, causando desperfectos en vestido de color blanco, constatando los Servicios de Inspección de esta Dirección Territorial que la prenda es depositada por la persona reclamante en buen estado (en el resguardo de depósito no hay observación alguna que indique lo contrario) y es retirada por la misma deteriorada, motivando el consiguiente perjuicio. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 8.1 del Real Decreto 1.457/1987 (B.O.E. nº 285), en concordancia con el artº. 3.1.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución fueron notificados mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado, así como que, en los plazos concedidos al efecto, no se dio contestación a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artículo 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO
Imponer a Lavandería Febles, S.A. la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de 1993.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
3) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-320/91. INSTRUIDO A: D. Antonio Bonilla Aznar. D.N.I. o N.I.F.: 27.858.276-D.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 31 de enero de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el taller de chapa y pintura, situado en el Valle San Lorenzo, 25, término municipal de Arona, y mediante acta nº 18.449 instruida al efecto, comprobó que no se tenía en el exterior del taller la placa distintivo oficial. Asimismo, no existía a la vista del público el precio por hora de trabajo y por otros servicios, ni las leyendas de información al usuario, en el horario de prestación de servicio al público. Por otro lado, esta empresa no disponía de impresos de resguardos de depósito ni de Hojas de Reclamaciones. Los clientes no daban su conformidad al presupuesto o renunciaban de forma fehaciente a la elaboración del mismo para proceder a la reparación del vehículo. Además no se presentó en este Organismo documento acreditativo de la inscripción en el Registro Especial de Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles. En las copias de los presupuestos no constaba el tiempo de validez de los mismos. Finalmente, el inspector actuante constató que se habían reparado vehículos con entrada posterior al del objeto de la reclamación. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 6, 12.1.a), b) y c), 13, 14.2.g), 14.5, 14.7 y 17.1 del Real Decreto 1.457/1986 (B.O.E. de 16 de julio de 1986), en relación con los artículos 3.3.4, 3.3.6, 5.1 y 14.1 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución se notificaron mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 13, apartado g), y artº. 20, apartado 2, letras k) y m), del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 134),
ACUERDO
Imponer a D. Antonio Bonilla Aznar la sanción de multa de cincuenta y cinco mil (55.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 22 de noviembre de 1993.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
4) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-305/92. INSTRUIDO A: Ocumare Los Hermanos, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38222915.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 13 de marzo de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el taller de reparación de automóviles de chapa y pintura, situado en la calle Rayco, 6, término municipal de Güímar, y mediante acta nº 22.970 instruida al efecto, se comprobó reclamación presentada en este Organismo con nº de Registro de Inspección 103/92, siendo el motivo de la misma la posible comisión de irregularidades en la facturación por la reparación del vehículo matrícula TF-7175-AF, constatando el inspector actuante que no se expone en el interior del establecimiento la preceptiva placa distintivo oficial, no figuran expuestos a la vista del público de forma perfectamente visibles las leyendas de información al usuario, y los precios aplicables por horas de trabajo y por servicios concretos. Asimismo, se comprueba que carece de Hojas de Reclamaciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 6, 12 y 17 del Decreto 1.457/1986 (B.O.E. nº 169), en concordancia con el artículo 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artículo 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO
Imponer a Ocumare Los Hermanos, S.L. la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 1993.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
5) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-24/92. INSTRUIDO A: Parámetro Benavides, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38239224.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de septiembre de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la empresa de decoraciones y construcciones interiores, situada en la calle Benavides, 19, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 22.229 instruida al efecto, se pudo comprobar la reclamación presentada en este Organismo con nº de Registro de Inspección 533/91, siendo motivo de la misma el presunto incumplimiento contractual en la ejecución de una obra de construcción de estructuras de biblioteca, salón y comedor por parte de la empresa reclamada en el plazo previsto, constatando el inspector actuante la veracidad de tal incumplimiento, comprometiéndose posteriormente en el acta antes citada a llevar a cabo la finalización de las obras en un plazo determinado, compromiso que, generalmente, no se llevó a cabo por parte de Parámetro Benavides, S.L. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3.1.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO
Imponer a Parámetro Benavides, S.L. la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de 1993.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
6) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-157/92. INSTRUIDO A: Reformas y Construcciones Guanche, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38246286.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 30 de enero de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en las oficinas situadas en la calle General Mola, 13, 2º (término municipal de Santa Cruz de Tenerife), y mediante acta nº 22.799 instruida al efecto, comprobó la reclamación presentada en las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 60/92, siendo motivo de la misma la comisión de diversas irregularidades y defectos en la ejecución de obras llevadas a cabo en un local propiedad de la persona reclamante, situado en Tío Pino, constatando el inspector actuante que el Sr. Gerente de esa empresa, compareciente en el acta de inspección anteriormente señalada, adquirió el compromiso de acudir esa misma tarde a la citada obra y reparar los posibles defectos y carencias, compromiso que no se ha cumplido hasta el día de la fecha. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3.2.8 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución se notificaron mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artículo 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO
Imponer a Reformas y Construcciones Guanche, S.L. la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 1993.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu. 7) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-396/92. INSTRUIDO A: D. Nanik Lekhraj Berxani. D.N.I. o N.I.F.: X-0510769-P.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de junio de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el bazar Texas, situado en el Centro Comercial Parque Santiago, II, local nº 38, Playa de Las Américas (término municipal de Arona), y mediante acta nº 30.661 instruida al efecto, comprobó que tenía dispuesto para su venta al público en escaparate exterior un total de doce cámaras de vídeo, cinco de las cuales están marcadas con el preceptivo precio de venta al público, figurando en una de ellas, marca Phillips, 54.900 pesetas, no incluyendo en el total del precio indicado el valor de los accesorios que acompañan de origen a dichas cámaras, y que son de obligada incorporación para el normal funcionamiento de la citada cámara de vídeo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972 (B.O.E. nº 247), en concordancia con el artº. 3.2.1 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: dentro del plazo concedido al efecto, el interesado presentó escrito de descargos, en el que sustancialmente manifiesta: 1º) Que no está de acuerdo con la calificación e imputación de los hechos que realiza el inspector, toda vez que siete de las doce cámaras de vídeo estaban debidamente marcadas y con sus respectivos P.V.P. 2º) Que no se trata de una triquiñuela para facilitar la venta dado que las perfectamente marcadas en el escaparate no dan lugar a mal entendidos. 3º) Que más importante es la venta, dejando estas obligaciones para momentos muertos y de poco trabajo. Termina en solicitud de que se decrete el sobreseimiento del expediente. Existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a la misma. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO
Imponer a D. Nanik Lekhraj Berxani la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 16 de diciembre de 1993.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu. 8) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-151/92. INSTRUIDO A: D. Atwani Raju Kishinchand. D.N.I. o N.I.F.: X-0681051-K.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 27 de diciembre de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el almacén al por mayor Comercial Cita, situado en la calle Anzofe, 8, planta b (término municipal de Las Palmas de Gran Canaria), y mediante acta nº 34.033, esta empresa es la importadora del teléfono sin cable marca Sony, modelo SPP-50, a que hacen referencia las actas de inspección números 19.772 y 22.130, cuyos datos en el envase de cartón, certificado de garantía y manual de instrucciones estaban redactados en idioma extranjero. Asimismo, en la garantía, las direcciones de servicios Sony estaban ubicadas en varias ciudades de los EE.UU. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2.1.d) y 13.1 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a la misma. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 13, apartado g), y artº. 20, apartado 2, letra k), del Decreto 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a D. Atwani Raju Kishinchand la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 1993.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
9) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-471/91. INSTRUIDO A: Comercial Borgor, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38051686.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de mayo de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el establecimiento de venta al por mayor de congelados Comercial Borgor, S.L. situado en La Bloquera, San Bernardo, 1, término municipal de Los Silos, y mediante acta nº 18.985, solicitado el justificante de compra del producto langostinos, a que hacía referencia el acta de inspección nº 18.798 y el nº de Registro Sanitario de esta empresa, no se presentó en este Organismo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: el Pliego de Cargos fue contestado alegándose en síntesis que se adjunta fotocopia de la factura de compra de las mercancías del expediente nº 38-471/91. Que esta empresa se ha visto obligada al cierre de sus instalaciones, toda vez que no estaba obteniendo ningún tipo de rendimientos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 13, apartado g), y artº. 20, apartado 2, letra k), del Decreto 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Comercial Borgor, S.L. la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 1993.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
10) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-263/92. INSTRUIDO A: D. Eugenio Vicente del Pino Rodríguez. D.N.I. o N.I.F.: 42.014.384-G.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de marzo de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el Restaurante Madonna, sito en la Avenida Penetración, Edificio Los Cristianos I, término municipal de Arona, y mediante acta nº 030230, instruida al efecto, comprobó la existencia de discrepancias entre los precios que aparecían en la lista oficial y los que constaban en la lista expuesta a los clientes. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 8.2 del Decreto 2.807/1972 (B.O.E. nº 247), en concordancia con el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 13, apartado g), y artº. 20, apartado 2, letra k), del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134),
ACUERDO
Imponer a D. Eugenio Vicente del Pino Rodríguez la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 1993.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
11) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-474/91. INSTRUIDO A: La Sudamérica Cía. de Seguros y Reaseguros Generales, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-78151677.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 30 de abril de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en Seguros y Reaseguros, situada en la calle Puerto Escondido, 5, 2º izquierda (término municipal de Santa Cruz de Tenerife), y mediante acta nº 19.613 instruida al efecto, comprobó la reclamación remitida a las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 232/91, siendo motivo de la misma la presunta negativa de la empresa aseguradora a llevar a cabo la cobertura de los daños causados en el siniestro por colisión del vehículo Opel Kadett GSI, matrícula TF-5253-Z, con el vehículo Opel Corsa, TF-3134-S, incumpliendo con ello las disposiciones de la póliza suscrita. Personado el inspector actuante en las dependencias de esa entidad aseguradora, y así recabar la información precisa para diligenciar la citada reclamación, no le es facilitado dato alguno, al no contactar con el citado inspector el Sr. Director de esa empresa aseguradora, una vez requerido para ello. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: el encartado, con fecha 24 de abril del presente año, presenta escrito de descargos manifestando que considera el compareciente que no resulta aplicable a la actividad desarrollada por el compareciente el nº de Registro 1.945/83, ya que el título genérico del mismo es alimentos. Además, según el compareciente, cuando en el citado Real Decreto se habla de servicios, no se habla de servicios en general, sino que se refiere a servicios vinculados a actuaciones alimentarias o de producción agropecuaria. Por todo, considera que el Pliego de Cargos es contrario al principio de legalidad y por tal nulo de pleno derecho, en base a lo cual solicita la anulación del procedimiento a él incoado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 13, apartado g), y artº. 20, apartado 2, letra k), del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134),
ACUERDO
Imponer a La Sudamérica Cía. de Seguros y Reaseguros Generales, S.A. la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 1993.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
PROVIDENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO
Por motivos de servicios en la funcionaria Dña. María Asunción Falcón Fernández, Instructora del presente expediente nº 38-474/91,
ACUERDO
Sustituirla por D. Germán Grassa Vargas, que desde esta fecha, 7 de mayo de 1993, seguirá la correspondiente tramitación del expediente. Lo que notifico a los efectos oportunos. Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 1993. El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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