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Se hace saber a D. Guillermo Marrero Santos, titular de la empresa operadora nº 472, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de Presidencia y Turismo, con el nº 85/93 acumulado al 93/93, por infracción a la normativa sobre el juego, recayendo una sanción de 200.000 pesetas, como consecuencia de las actas levantadas por la Inspección del Juego en el bar La Laguna Plaza, sito en La Laguna, Plaza del Adelantado, 8, los días 30 de abril de 1993, de apercibimiento; 4 de mayo de 1993, de infracción, 12 de mayo de 1993, de apercibimiento y 17 de mayo de 1993, de infracción, dando origen a los expedientes 85/93 y 93/93, por la instalación y funcionamiento de las máquinas recreativas TF-B-4515 y NA-B-36, careciendo de justificante de abono de la Tasa Fiscal sobre el Juego en las dos visitas giradas por la Inspección del Juego. Se procede a la acumulación de los expedientes en curso, según lo solicitado por el interesado mediante escrito de 30 de julio de 1993, R.E. nº 4327.
Lo que supone infracción al artº. 30.1.d) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificándose como falta leve, la carencia de justificante de abono de la Tasa Fiscal de Juego, correspondiéndole una multa de cien mil pesetas, por cada uno de los hechos, a tenor de lo dispuesto en el artº. 41.3 y en relación con el artº. 42 del citado Decreto 93/1988.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse ante el Consejero de Presidencia y Turismo recurso ordinario en el plazo de un mes, contado desde el día de su publicación, en virtud de lo dispuesto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 1994.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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