No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra los mismos, por infracción a la normativa turística, y conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda les remitirá a su propio domicilio. 2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de marzo de 1994.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
A N E X O
1) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 3, número 66.
Resolución de 4 de febrero de 1994, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 93/119, instruido a Viajes Intraeromar, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Intraeromar.
Visto el presente expediente sancionador incoado contra Viajes Intraeromar, S.A., por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 24 de mayo de 1993, como consecuencia del Acta de Inspección nº 2.261 de 6 de abril.
RESULTANDO
Primero: que con fecha 6 de abril de 1993, se levantó el acta nº 2.261 al establecimiento denominado Agencia de Viajes Intraeromar en Las Palmas de Gran Canaria, en la que se comprobó que el establecimiento realizaba la actividad turística de agencia de viajes, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria para la apertura y desempeño de tal actividad.
Segundo: que se mandó incoar expediente sancionador que lleva el nº 93/119, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Tercero: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos con fecha 24 de mayo de 1993, contra la empresa expedientada por Tener abierto al público el establecimiento de referencia, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria, para el desempeño de la actividad turística de agencia de viajes.
Cuarto: que la expedientada no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.
Quinto: que con fecha 18 de agosto de 1993, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 700.000 pesetas.
Sexto: que por el expedientado no se ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución. Séptimo: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
CONSIDERANDO
Primero: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Segundo: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, toda vez que según informe emitido por el Negociado de Agencia de Viajes, el titular del establecimiento consignado, el 8 de enero de 1993, comunicó el traslado de oficinas a Dr. Grau Bassas, 33, sin que hasta el 5 de mayo de 1993, hubiera sido autorizado el cambio de domicilio al no haber aportado contrato de arrendamiento solicitado mediante escrito nº 156, de 14 de enero de 1993.
Tercero: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artº. 11 del Decreto 231/1987, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de las Agencias de Viajes de la Comunidad Autónoma de Canarias, con calificación de grave, en base al artículo 9º.b), en relación con el artículo 8º.Ll), de la Ley 3/1986, de 8 de abril (B.O.C. de 11.4.86)
Vistas las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador y de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística; la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de quinientas mil (500.000) pesetas a Viajes Intraeromar, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Intraeromar.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de febrero de 1994.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
2) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 4, número 75.
Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 93/126, instruido a D. Jerónimo Carmelo Hernández Méndez, titular de la explotación turística del establecimiento denominado La Parrala.
Visto el presente expediente sancionador incoado contra D. Jerónimo Carmelo Hernández Méndez, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 24 de mayo de 1993, como consecuencia del Acta de Inspección nº 2.314, de 13 de abril de 1993.
RESULTANDO
Primero: que con fecha 13 de abril de 1993, se levantó el acta nº 2.314, al establecimiento denominado Bar La Parrala, sito en Arrecife, en la que se comprobó que el establecimiento ejercía la actividad de bar, careciendo de las Hojas de Reclamaciones y sin haber notificado, como es preceptivo, a la Administración turística canaria, los precios que regían en la prestación de los servicios.
Segundo: que se mandó incoar expediente sancionador que lleva el nº 93/126, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Tercero: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos con fecha 24 de mayo de 1993, por Estar funcionando en régimen de explotación turística como bar, sin haber notificado a la Administración turística canaria los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios y sin tener las Hojas de Reclamaciones.
Cuarto: que el expedientado no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.
Quinto: que con fecha 18 de agosto de 1993, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 50.000 pesetas.
Sexto: que por el expedientado no se ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
Séptimo: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
CONSIDERANDO
Primero: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Segundo: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al Acta de Inspección nº 2.314, de 13 de abril de 1993.
Tercero: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artº. 30.1 de la Orden de 17.3.65, modificado por la Orden Ministerial de 29.6.78, en relación con el artículo 4º de la Orden de 19.6.70; artículo 1º de la Orden de 31.10.70 y artículo 1º de la Orden de 13.11.86, con calificación de leve, en base al artículo 8º.d), f), en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril (B.O.C. de 11.4.86).
Vistas las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador y de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística; la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas a D. Jerónimo Carmelo Hernández Méndez, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar La Parrala.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de febrero de 1994.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
3) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 4, número 77.
Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 93/129, instruido a Dña. Magdalena Cruz Santiago, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Cafetería Guay. Visto el presente expediente sancionador incoado contra Dña. Magdalena Cruz Santiago, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 24 de mayo de 1993, como consecuencia del Acta de Inspección nº 2.265, de 12 de abril de 1993.
RESULTANDO
Primero: que con fecha 12 de abril de 1993, se levantó el acta nº 2.265, al establecimiento denominado Bar Cafetería Guay, sito en Lanzarote, en la que se comprobó que el establecimiento no estaba dado de alta como bar y por tanto carecía de las Hojas de Reclamaciones y de los precios, notificados a la Administración turística canaria.
Segundo: que se mandó incoar expediente sancionador que lleva el nº 93/129, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Tercero: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos con fecha 24 de mayo de 1993, contra el expedientado por Estar funcionando en régimen de explotación turística como bar, sin haber notificado a la Administración turística canaria los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios y sin tener el Libro de Inspección y las Hojas de Reclamaciones.
Cuarto: que el expedientado no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.
Quinto: que con fecha 18 de agosto de 1993, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 50.000 pesetas.
Sexto: que por el expedientado no se ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
Séptimo: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
CONSIDERANDO
Primero: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Segundo: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al Acta de Inspección nº 2.265, de 12 de abril de 1993.
Tercero: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artº. 30.1 de la Orden de 17.3.65, modificado por la Orden Ministerial de 29.6.78, en relación con el artículo 4º de la Orden de 19.6.70; artículo 1º de la Orden de 31.10.70 y artículo 1º de la Orden de 13.11.86, con calificación de leve, en base al artículo 8º.d), f), en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril (B.O.C. de 11.4.86).
Vistas las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador y de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística; la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas a Dña. Magdalena Cruz Santiago, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Cafetería Guay.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de febrero de 1994.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
4) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 28, número 481.
Resolución de 28 de diciembre de 1993, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 93/140, instruido a Dña. Victoria Silva Jorge, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante La Vista. Visto el presente expediente sancionador incoado contra Dña. Victoria Silva Jorge, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 1 de junio de 1993, como consecuencia de la denuncia formulada por el Servicio de Inspección de Actividades Clasificadas del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote.
RESULTANDO
Primero: que con fecha 1 de abril de 1993, se levantó el acta nº 2.162, al establecimiento denominado Restaurante La Vista en Yaiza, en la que esencialmente se hace constar que se había efectuado un cambio de titularidad a favor de Dña. Victoria Silva Jorge que explotaba el establecimiento desde hacía 4 años, sin haberlo comunicado como es preceptivo a la Administración turística canaria y asimismo en el momento de la visita de inspección no presentó la autorización de la Administración turística canaria que le habilita para realizar la actividad turística de restaurante.
Segundo: que con fecha 10 de mayo de 1993, se emitió informe por el Departamento de Turismo de la Consejería de Transferencia del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, en el que figura como titular D. Juan Silva García.
Tercero: que se mandó incoar expediente sancionador que lleva el nº 93/140, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Cuarto: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos con fecha 1 de junio de 1993, contra la expedientada por Continuar la explotación turística del referido establecimiento, sin haber comunicado el cambio de titularidad a su favor, a la Administración turística canaria, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la transmisión.
Quinto: que la expedientada no ha formulado contestación al Pliego de Cargos.
Sexto: que con fecha 13 de octubre de 1993, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 75.000 pesetas.
Séptimo: que por la expedientada no se ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
Octavo: que consultados los archivos de esta Consejería a efectos de antecedentes, no obra constancia de haberse instruido expedientes sobre los que haya recaído resolución firme.
Noveno: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
CONSIDERANDO
Primero: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Segundo: que debe estimarse en parte la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al Acta de Inspección nº 2.162, de 1 de abril de 1993, en la que se hace constar que se trata de un pequeño local explotado como negocio familiar y según el informe emitido por el Departamento de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote la expedientada tramitaba el cambio de titularidad, pendiente de documentación complementaria.
Tercero: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a los artículos 2º y 5º de la Orden de 23.9.88, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos con calificación de leve, en base al artículo 8º.c), en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril (B.O.C. de 11.4.86).
Vistas las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador y de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística; la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas a Dña. Victoria Silva Jorge, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante La Vista.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de diciembre de 1993.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
5) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 4, número 81.
Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 93/153, instruido a Dña. Concepción Leal Naredo, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Manila.
Visto el presente expediente sancionador incoado contra Dña. Concepción Leal Naredo, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 10 de junio de 1993, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Luisa María Álvarez Cervantes y D. José Miguel Fernández Gutiérrez y del Acta de Inspección nº 2.334, de 28 de abril de 1993.
RESULTANDO
Primero: que con fecha 21 de abril de 1993, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por Dña. Luisa María Álvarez Cervantes y D. José M. Fernández Gutiérrez, contra la Cafetería Manila, en la que manifestaban el precio excesivo de una consumición, consistente en un zumo de frutas, y al hecho de no estar en sitio visible ni ser mostrada la lista de precios.
Segundo: que para comprobar los hechos denunciados, el 28 de abril de 1993, se personó en el establecimiento consignado el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 2.334 en la que se hace constar que el establecimiento carecía de las Hojas de Reclamaciones, de la lista de precios sellada por la Administración turística canaria, y de la exhibición de éstas en el exterior del establecimiento.
Tercero: que se mandó incoar expediente sancionador que lleva el nº 93/153, previo nombramiento de Instructor y Secretario.
Cuarto: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 10 de junio de 1993, por Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones que debe tener con carácter obligatorio. No haber comunicado a la Administración turística canaria los precios que rigen en la prestación de los servicios. No exhibir, en el exterior del establecimiento, las relaciones de servicios y precios aplicados.
Quinto: que el expedientado no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.
Sexto: que con fecha 9 de septiembre de 1993, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 100.001 pesetas.
Séptimo: que por el expedientado no se ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
Octavo: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
CONSIDERANDO
Primero: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Segundo: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base a la denuncia formulada por Dña. Luisa María Álvarez Cervantes y D. José M. Fernández Gutiérrez y al Acta de Inspección nº 2.334, de 28 de abril de 1993.
Tercero: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artículo 1º de la Orden de 13.11.86, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias. Artº. 27.1 de la Orden Ministerial de 18.3.65, modificado por la Orden Ministerial de 29.6.78, en su artículo 4º. Artº. 10.1 de la Orden de 18.3.65, modificado por la Orden Ministerial de 29.6.78, en su artículo 3º, con calificación de grave, en base a los artículos 8º.f), d) y 7º.a) de la Ley 3/1986, de 8 de abril (B.O.C. de 11.4.86).
Vistas las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador y de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del régimen de disciplina en materia turística; la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Decreto 229/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo,
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de cien mil una (100.001) pesetas a Dña. Concepción Leal Naredo, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Manila.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de febrero de 1994.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Carlos González Lázaro.
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