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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0146/92 y la acumulación del 35/0228/92. INSTRUIDO A: Inmobiliaria Pelayo 15, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-35201599.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: los días 23 de abril y 25 de junio de 1992, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en la Inmobiliaria Pelayo, propiedad de Inmobiliaria Pelayo 15, S.A., sita en la calle Néstor de la Torre, 15, planta 1ª, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante actas levantadas al efecto (números 34.522 y 34.824), solicitaron el impuesto de actividades económicas, el permiso de apertura municipal y dos informes sobre las reclamaciones presentadas por Dña. Dolores Martín Armas y Dña. Mª del Pino García Padrón. Los inspectores comprobaron que en la venta de viviendas sitas en la calle Pérez del Toro, 77, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el interesado no tenía a disposición del público la siguiente documentación: - Estatutos y normas de funcionamiento de la Comunidad de Propietarios e información de los contratos de servicios y suministros de la comunidad. - Información sobre el pago de los tributos de todas clases que graven la propiedad o utilización de la vivienda. - Información sobre el precio. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, y el artículo 5º, apartado 5.1 y con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria y el artº. 5, apartados 2 y 3 y el artº. 6 del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compra-venta de viviendas (B.O.E. de 17 de mayo). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: ninguna. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado 2.B)m, del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Inmobiliaria Pelayo 15, S.A. la sanción de multa de 200.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.
Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0238/92. INSTRUIDO A: Dña. Aurelia Pérez Santana. D.N.I. o N.I.F.: 42.512.165.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de junio de 1992, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en la Frutería Nepito, propiedad de Dña. Aurelia Pérez Santana, sita en la calle Galicia, 23, planta B, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto (nº 34.788), comprobaron que tenía expuestas para su venta al público uvas negras careciendo de su preceptivo etiquetado. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 26 de noviembre de 1992, presentó Pliego de Descargos manifestando, en síntesis, lo siguiente: En modo alguno la compareciente es responsable de la presunta infracción cometida y por tanto es improcedente la incoación de este expediente sancionador contra ella por carencia de etiquetado en las uvas negras detectadas en este establecimiento, porque si bien y en todo caso etiquetar correctamente un producto es obligación del importador o en su caso del vendedor mayorista o distribuidor, no lo es en ningún caso del vendedor detallista, aunque en este caso concreto, es cierto que la compareciente a la vista de la carencia de etiquetado en el producto, elaboró, antes de ponerlo a la venta, su propio cartel, hecho de su puño y letra donde textualmente se leía: producto: uvas negras. Origen: Santiago de Chile. Categoría Primera. P.V.P. 300 ptas./kg. El día 22 de abril de 1993, la interesada presentó Pliego de Alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente: Que conforme al artº. 9, apartado 9.2 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, y el artº. 27.1, apartado c) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la responsabilidad por infracciones en productos envasados corresponde a la firma o razón social cuyo nombre figure en la etiqueta. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES: las disposiciones administrativas anteriores establecen que constituye infracción en materia de defensa del consumidor el incumplimiento de la normativa que regula el etiquetado de productos. Por tanto, al haberse comercializado, por parte del interesado, con uvas, careciendo de su etiquetado, se comprueba la comisión de una infracción leve en materia de protección al consumidor. El artº. 27.1.b) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público. El artº. 27.1.c) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios no es de aplicación a los hechos imputados porque los mismos carecían del etiquetado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado 2.B)m, del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Dña. Aurelia Pérez Santana la sanción de multa de 25.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre de 1993.- El Director General de Comercio y Consumo.
Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
3) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0244/92. INSTRUIDO A: CITYSA. D.N.I. o N.I.F.: A-35081124.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de diciembre de 1992, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en CITYSA, sito en la calle Pérez Muñoz, 41, P.B., del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 39.591, comprobaron que tenía expuesto para su venta y distribución el juego electrónico Handy Game Machine Game Boy de la marca Nintendo en cuyo etiquetado podía leerse, entre otras leyendas, fabricado en Japón ... Importado por CITYSA. Se solicitó el certificado CE de tipo otorgándose un plazo de 3 meses para su presentación. Con fecha 26 de febrero de 1993, la interesada presentó un escrito en el que indicaba la imposibilidad de obtener el requerido certificado. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 13 y 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 8 y 12 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: los días 15 de abril y 31 de mayo de 1993, presentó Pliego de Descargos y Alegaciones, respectivamente, manifestando en síntesis, lo siguiente: Con respecto al primer punto (exposición para su venta y distribución), hemos de reiterar lo que en reiteradas ocasiones hemos manifestado a esta Dirección General: que las visitas de inspección son giradas al almacén o depósito de mi representada, sito en la calle Pérez Muñoz, 41, que se encuentra cerrado al público; que la entidad que represento no comercializa al menor y, por lo tanto, dichos productos no están expuestos para su venta y comercialización, por lo que no se ha infringido disposición legal alguna. Esta circunstancia ya ha sido apreciada y tomada en consideración por esta Dirección General y, concretamente, en la resolución que ordena el archivo del expediente nº 35/0179/92, que dejamos señalado a efectos probatorios. Nos reiteramos en lo expuesto en nuestro escrito de fecha 26 de febrero pasado, donde poníamos de manifiesto la imposibilidad de obtener dicho certificado del fabricante en cuestión. No se oculta a esta Dirección General que el aparato de marras, los populares Game Boy, ha tenido, y tiene, una amplísima aceptación en el mercado nacional e internacional, siendo introducido por numerosos importadores. El fabricante y titular registral de la marca, la compañía japonesa Nintendo Cooperativa Limitada, ya tiene homologado, para el ámbito comunitario, el referido juego electrónico, extremo este que consta sobradamente. Y para el supuesto de que no fuera así, es decir, que no constara la homologación de dicho aparato electrónico, y según se determina en el artº. 8.3, párrafo segundo, del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, la Administración podrá exigir en particular que el fabricante o su representante autorizado establecido en la Comunidad mande realizar por su cuenta y en plazo determinado las pruebas pertinentes de armonización con las exigencias esenciales de seguridad. Por lo que en consonancia con la disposición legal invocada, debería requerirse a las entidades que ostentan dicha condición (fabricante: Nintendo Cooperativa Limitada; y para el supuesto de no tener delegación dicha entidad en el territorio nacional, su representante autorizado en España, la entidad Erbe, S.A., domiciliada en la calle Serrano, 240, 28016-Madrid). Primero.- Nos oponemos con rotundidad a la Propuesta de Resolución, por considerar que en la misma no se han tenido en consideración las alegaciones manifestadas en nuestro Pliego de Descargo, cuando lo procedente por el instructor hubiera sido solicitar del representante autorizado del fabricante (la entidad de nacionalidad española Erbe, S.A., con domicilio social en Madrid, calle Serrano, 240) el certificado de homologación del producto en cuestión. No se oculta al Ilmo. Sr. Director General la gravísima dificultad que supone la obtención del repetido certificado de homologación del popularísimo Game Boy, de la marca Nintendo, fabricado en Japón por la entidad Nintendo Cooperativa Limitada; precisamente al tratarse de un producto de altísima difusión, se ha creado una competencia comercial desmedida entre el representante o distribuidor del fabricante y los numerosos importadores del repetido producto, que lo adquieren directamente al fabricante (la denominada importación paralela). Por ello, y aun siendo productos auténticos y vendidos directamente por el fabricante, deniega el certificado de homologación, con la sola finalidad de intentar proteger los intereses de su distribuidor en España, lo que supone una limitación a la libre competencia. Segundo.- Como ya expusimos en nuestro escrito de descargo, la requerida certificación de homologación ha de obrar en poder de los Servicios de Inspección de esta Dirección General, dado el altísimo número de importaciones del producto en cuestión, por ello entendemos que para dictar una resolución justa y adecuada a derecho, el Ilmo. Sr. Director General debería, antes de dictar Resolución en este expediente, requerir de la Inspección informe sobre las certificaciones de homologación que obren en su poder, referentes al producto Handy Game Machine Game Boy de la marca Nintendo, fabricado en Japón por Nintendo Cooperativa Limitada. Tercero.- Por último, entendemos que el artº. 8.3, párrafo segundo, del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, es de aplicación al presente supuesto, por lo que la Administración actuante podría, perfectamente y en atención a lo expuesto, requerir al representante autorizado del fabricante (cuya identidad y domicilio se indicaron en el hecho primero) la información que detallan las letras b) de los apartados 1 y 2 del repetido artº. 8 del Real Decreto citado. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES: las alegaciones del interesado no modifican la calificación de los hechos vertida en el Pliego de Cargos y en la Propuesta de Resolución por cuanto que lo establecido en los hechos imputados es que el artículo de referencia lo tenían para su venta y distribución. En el expediente 179/92 lo establecido era que el artículo estaba expuesto para su venta al público. El pliego objeto de nuestro expediente llevaba incorporada una etiqueta adherida en la que podía leerse: CE, fabricado en Japón, recomendable a mayores de 4 años. Importado por CITYSA. NIF A35081124, calle Pérez Muñoz, 41, 39009-Las Palmas de Gran Canaria. El Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, en su artº. 12.1, establece que los organismos encargados de los controles podrán solicitar del fabricante o de su representante autorizado o del responsable de la puesta en el mercado establecido en la comunidad que proporcione en un plazo de 3 (tres) meses, la información prevista en las letras b) de los apartados 1 y 2 del artículo 8º. Como quiera que la interesada es la responsable de la puesta en el mercado de los juegos que nos ocupan, circunstancia avalada por el DVA nº 15.486, por la propia etiqueta adherida a los mismos, es a ella a quien se le debe solicitar la documentación, máxime cuando en su escrito de alegaciones reconoce una importación paralela sin probar que los productos sean auténticos tal y como establece, hecho que quedaría avalado con el certificado requerido. Por ello, se comprueba la comisión de una infracción leve en materia de defensa y protección a los consumidores y usuarios. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 13, apartado 8, y artº. 20, letra K), del Decreto 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134),
ACUERDO
Imponer a CITYSA la sanción de multa de 80.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de julio de 1993.- El Director General de Comercio y Consumo.
Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
4) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0313/92. INSTRUIDO A: D. Mimoun Mohamed Mizia. D.N.I. o N.I.F.: X-1416283N.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de septiembre de 1992, inspectores de esta Dirección General practicaron visita de inspección en el Bazar España, propiedad de D. Mimoun Mohamed Mizian, sito en el Centro Comercial Puerto Rico, nº 1245, P.B., del término municipal de Mogán; y mediante acta instruida al efecto nº 36.537, comprobaron que tenía expuestos para su venta al público diversos artículos tales como prendas de confección, zapatos, zapatillas deportivas, bolsos, prendas de piel, careciendo del preceptivo marcado de precios en un 40% del total de dichos artículos. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1º y 3º del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: ninguna. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado 2.B)m, del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a D. Mimoun Mohamed Mizia la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de octubre de 1993.- El Director General de Comercio y Consumo.
Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
5) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0368/92. INSTRUIDO A: D. Miguel Martel Suárez. D.N.I. o N.I.F.: 43.668.628.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de octubre de 1992, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el puesto de frutas y verduras, propiedad de D. Miguel Martel Suárez, sito en la calle Pablo Neruda, s/n, puesto 26, del término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto (nº 39.952), comprobaron que tenía expuestos para su venta al público peras, manzanas y tomates careciendo del preceptivo marcado de precio de venta al público y de la normalización. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1º y 3º del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor y con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior y Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17), corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior y Orden de 15 de noviembre de 1985 (B.O.E. nº 22), que aprueba la Norma de Calidad para manzanas y peras de mesa destinadas al mercado interior. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: ninguna. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado 2.B)m, del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a D. Miguel Martel Suárez la sanción de multa de 45.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.
Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
6) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0371/92. INSTRUIDO A: D. Michael Wells Brian. D.N.I. o N.I.F.: 0501561T.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 4 de noviembre de 1992, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en English Food Market, propiedad de Michael Wells Brian, sito en el Centro Comercial Puerto Rico, III Fase, puesto 16, del término municipal de Mogán (Puerto Rico); y mediante actas levantadas al efecto números 39.553 y 39.963, comprobaron que tenía para su venta al público: - Expuestas en un congelador expositor 8 bolsas de Family Pack Average Contents 20 Fishfingers ... e.1 bb 20z. Estas bolsas carecían de etiquetado en lengua española oficial del Estado. - Expuestas en una estantería 4 latas de 2 kg de Chocolate Cadburys en cuya etiqueta podía leerse Cadburys Original Drinking Chocolate. El resto del etiquetado aparecía en idioma extranjero. Llevaban adherida una etiqueta en la que se leía: Drinking Chocolate. Ingredientes: azúcar y cacao. Importador Michael Wells. Solicitadas las facturas de adquisición de estos productos no fueron presentadas en el plazo otorgado a tal efecto. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, y artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 13 y 14 del Decreto 512/1977, de 8 de febrero (B.O.E. nº 79), que aprueba la R.T.S. para la elaboración, circulación y comercio de los platos preparados, en concordancia con el artº. 10 del Real Decreto 823/1990, de 22 de junio, por el que se aprueba la R.T.S. para la elaboración, circulación y comercio del cacao y chocolate, en relación con el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: ninguna. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado 2.B)m, del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a D. Michael Wells Brian la sanción de multa de 50.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de febrero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.
Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
7) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0006/93. INSTRUIDO A: Cocimuebles, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35283621.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de diciembre de 1992, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en la empresa Cocimuebles, propiedad de Cocimuebles, S.L., sita en la calle Benecharo, 75, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto (nº 39.542), en virtud de denuncia nº 645/92, solicitaron el impuesto de actividades económicas, el permiso de apertura municipal, un informe sobre la reclamación presentada por Dña. Carmen Hernández Arencibia y una copia de la factura de las puertas y altillos adquiridos por la reclamante. El interesado no aportó la documentación requerida en el plazo establecido por el Servicio de Inspección. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: ninguna. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado 2.B)m, del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Cocimuebles, S.L. la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.
Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
8) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0007/93. INSTRUIDO A: Hernández Medina, S.L. D.N.I. o N.I.F.: 78442694K.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de diciembre de 1992, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el puesto de frutas y hortalizas nº 46, Nave B, propiedad de Hernández Medina, S.L., sito en Merca-Las Palmas, Cuesta Ramón-Nave B, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto (nº 39.629), comprobaron que tenía expuestas para su distribución y venta unas 25 cajas que contenían, aproximadamente, 12 kilos de naranjas cada una. El citado producto carecía del preceptivo etiquetado. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: ninguna. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado 2.B)m, del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Hernández Medina, S.L. la sanción de multa de 60.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.
Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
9) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0110/93. INSTRUIDO A: D. José Luis González Rubín. D.N.I. o N.I.F.: 11376273J.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 10 de mayo de 1993, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el taller de chapa y pintura propiedad de D. José Luis González Rubín, sito en la calle Méjico, 94, P.B., del término municipal de Arrecife; y mediante actas levantadas al efecto números 37.179 y 37.180, comprobaron que carecía del distintivo-placa taller, del preceptivo cartel indicativo de los precios aplicables por hora de trabajo y servicios concretos y de leyenda relativa a la garantía de las reparaciones por 3 meses o 2.000 km, así como de Hojas de Reclamaciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º, 17º y 19º.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 26 de noviembre de 1993, presentó Pliego de Alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente: Que dichos carteles sí existían pero que estaban retirados de la pared provisionalmente, debido a que estaban conectando la nueva instalación eléctrica, exigida por las oficinas técnicas del Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. Que no es culpa del exponente, el que al colocar la instalación eléctrica en la pared, quitaran, para poder hacer los canales para los tubos, los impresos motivo de la sanción. Que al margen de que no estuviesen colocados en la pared, debo añadir en mi defensa, que sí se especificaba en la facturación tanto el coste de las horas de trabajo, como las Hojas de Reclamaciones existentes. Que el exponente considera que no cree que sea persona merecedora de sanción, toda vez que no ha existido irregularidad de su industria, ni han existido quejas al respecto, ya que siempre se han tenido en cuenta en los cobros los presupuestos y las garantías existentes, haciendo saber la existencia de las Hojas de Reclamaciones o la oficina del consumidor, caso de no quedar satisfecha, cosa que jamás ha ocurrido en mi empresa. Que una vez colocados los tubos de la instalación eléctrica, tapados, y pintada la pared, hemos vuelto a colocar los carteles anunciadores, hecho que se puede comprobar por parte de la acción inspectora a fin de que observen que es cierto lo que he planteado en el presente recurso. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES: las alegaciones del interesado no modifican la calificación de los hechos vertida en el Pliego de Cargos y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que la normativa exige que se exhiban tanto los precios como las preceptivas leyendas De forma perfectamente visible y en cuanto a las Hojas de Reclamaciones estas tienen que estar a disposición de los clientes. Nada se alega en lo relativo a la carencia de la placa-distintivo. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado 2.B)m, del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a D. José Luis González Rubín la sanción de multa de 30.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de diciembre de 1993.- El Director General de Comercio y Consumo.
Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
10) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0158/93. INSTRUIDO A: D. Narender Mahtany. D.N.I. o N.I.F.: 42829154A.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de junio de 1993, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Insular, propiedad de D. Narender Mahtany, sito en el Hotel Duna Park, local nº 2, del término municipal de La Oliva; y mediante acta levantada al efecto (nº 37.148), comprobaron que tenía expuestas para su venta al público camisetas careciendo de etiquetado en lengua española oficial del Estado. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 6 del Real Decreto 928/1987, de 5 de junio (B.O.E. nº 170), sobre etiquetado y composición de los productos textiles. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 17 de noviembre de 1993, presentó Pliego de Descargos manifestando, en síntesis, lo siguiente: El día en el que vinieron los inspectores comprobaron unas cuantas camisetas de las cuales dos o tres efectivamente no tenían la etiqueta en español y eran de una marca que no es la que habitualmente compramos a nuestro proveedor Wash Machine, S.L., C.I.F. B-3529213. No sé por qué motivo nos mandaron ese tipo de camisetas, pero comprenda Vd. que esas camisetas se compran en cantidades de unas 200 piezas cada vez, por lo que es imposible ver y comprobar que todas y cada una de ellas tengan el etiquetado en español. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES: las disposiciones administrativas anteriores establecen que constituye infracción en materia de defensa del consumidor el incumplimiento de la normativa que regula el etiquetado de productos textiles. Por tanto, al haberse comercializado, por parte del interesado, con camisetas, careciendo de etiquetado en lengua española oficial del Estado, se comprueba la comisión de una infracción leve en materia de protección al consumidor. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado 2.B)m, del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a D. Narender Mahtany la sanción de multa de 45.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de febrero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.
Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
11) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0175/93. INSTRUIDO A: D. José Juan Cabrera. D.N.I. o N.I.F.: - - -
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de junio de 1993, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el taller de chapa y pintura, propiedad de D. José Juan Cabrera, sito en la calle Fray Luis de León, s/n, del término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto (nº 37.464), comprobaron que el citado taller carecía de la placa-distintivo, de las Hojas de Reclamaciones y del cartel informativo de los precios aplicables por hora de trabajo y de la garantía por tres meses o 2.000 kilómetros de las reparaciones o instalaciones realizadas. Los inspectores solicitaron el permiso de apertura municipal, el impuesto sobre actividades económicas y el Número del Registro Especial de talleres de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos y componentes. El interesado no presentó la documentación requerida en el plazo reglamentariamente establecido. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4, y el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 5º, 6º, 12º, 17º y 19º, apartados g) y j), del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: ninguna. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, apartado 2.B)m, del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a D. José Juan Cabrera la sanción de multa de 60.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de febrero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.
Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
12) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0278/93. INSTRUIDO A: Comercial Femafra, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35125913.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 28 de agosto de 1993, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado Sosa, propiedad de Comercial Femafra, S.L., sito en la calle Alisios, 24, del término municipal de San Bartolomé de Lanzarote; y mediante acta levantada al efecto (nº 37.794), comprobaron que tenía expuestos para su venta al público aguacates, pepinos, pimientos, melones, naranjas, tomates, cebollas, zanahorias, calabacines, habichuelas, piñas, sandías, limones, manzanas, ciruelas, peras y papas careciendo de los preceptivos marcados de precios de venta al público y de sus etiquetados. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1º y 3º del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regulan la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor y en relación con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior; Orden de 15 de noviembre de 1985 (B.O.E. nº 22), que aprueba la norma de calidad para manzanas y peras de mesa destinadas al mercado interior; Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior; Orden de 12 de septiembre de 1983 (B.O.E. nº 23), corrección de errores (B.O.E. de 12.10.83), por la que se aprueba la norma de calidad para pimientos frescos destinados al mercado interior; Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17), corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior; Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de febrero de 1984 (B.O.E. de 17), que regula la norma de calidad para ciruelas destinadas al mercado interior; Orden de la Presidencia del Gobierno de 2 de julio de 1985 (B.O.E. de 6), que regula la norma de calidad para sandías destinadas al mercado interior; Orden de 8 de junio de 1973 (B.O.E. de 23), por la que se aprueba la norma de calidad para cebollas destinadas al mercado interior; Orden de 2 de julio de 1985 (B.O.E. de 8), por la que se aprueba la norma de calidad para zanahorias destinadas al mercado interior; Orden de 24 de marzo de 1986 (B.O.E. de 28), corrección de errores (B.O.E. de 11 de abril de 1986), por la que se aprueba la norma de calidad para calabacines destinados al mercado interior; Orden de 24 de marzo de 1986 (B.O.E. de 3 de abril), por la que se aprueba la norma de calidad para pepinos destinados al mercado interior. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: ninguna. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, letra B, apartados k) y m) del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116),
ACUERDO
Imponer a Comercial Femafra, S.L. la sanción de multa de 30.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de febrero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.
Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
13) VISTO EL EXPTE. Nº: 35/0304/93. INSTRUIDO A: Canteras Playa, S.L. D.N.I. o N.I.F.: - - -
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de agosto de 1993, inspectores de esta Dirección General de Comercio y Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento Canteras Playa, propiedad de Canteras Playa, S.L., sito en la calle Tenerife, 24, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y mediante acta levantada al efecto nº 37.730, comprobaron que tenía expuestas para su venta al público y a granel en un congelador-expositor 7 cubetas conteniendo helados de diferentes sabores. Los barquillos utilizados para la venta de helados no se encontraban debidamente protegidos. Solicitado el Impuesto de Actividades Económicas no fue presentado en el plazo atorgado a tal efecto. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, y el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 14.2 del Real Decreto 670/1983, de 2 de marzo (B.O.E. nº 78), por el que se aprueba la R.T.S. para la elaboración, circulación y comercio de helados. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 1 de febrero de 1994, presentaron escrito manifestando lo siguiente: El pasado día 19 de los actuales, recibí la carta que se adjunta a fin de entregársela a la empresa Canteras Playa, S.L. La remito de nuevo a esa Dirección General, ya que dicha empresa se encuentra en paradero desconocido. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES: el acuerdo de iniciación fue firmado por Dña. María del Carmen Cruz Díaz, con D.N.I. nº 43240010, en calidad de empleada y se hizo en el mismo domicilio donde se levantó el acta. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 18, letra B, apartados k) y m), del Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116), ACUERDO
Imponer a Canteras Playa, S.L. la sanción de multa de 25.000 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de febrero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo.
Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de marzo de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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