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Se hace saber a Los Reyes Recreativos, con título de empresa operadora revocado, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de Presidencia y Turismo, con el nº 95/93, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, recayendo una sanción de tres millones de pesetas, por la instalación y funcionamiento en el Bar El Pico, sito en Puerto de la Cruz, calle Peón, 13, de una máquina recreativa tipo B, Mini Boom, careciendo de todo tipo de documentación, incluso Placa de Identidad, presentando las grabaciones en el frontal borradas, procediéndose al precinto cautelar de la misma. Se confirma el precinto mediante Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 19 de marzo de 1993.
Lo que supone infracción a los artículos 8º, 9º, 11º, 12º, 13º, 18º.1.c), 30º.1.a), b), c), d), 31º.1.b), c), d) y 44º del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificándose como faltas muy graves, la carencia de título de empresa operadora, la carencia de Guía de Circulación, la inexistencia en la máquina de juego de la marca de fábrica y Placa de Identidad o su alteración, manipulación o inexactitud, correspondiéndole a cada una de ellas una multa de un millón de pesetas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 39º.1.2, 10 y en relación con el artículo 42º del citado Decreto 93/1988 y artículo 22º de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre (B.O.C. nº 158, de 31.12.85).
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su publicación, previa la comunicación a la Consejería de Presidencia y Turismo, exigida en el artículo 110º.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de marzo de 1994.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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