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Se hace saber a D. Rubén Reyes Yanes, con título de empresa operadora en baja, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de Presidencia y Turismo, con el nº 11/93, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, recayendo una sanción de dos millones setecientas mil pesetas, por la instalación y funcionamiento en el Bar Churrería La Gallega, sito en La Victoria de Acentejo, calle Pérez Díaz, 67, de una máquina recreativa del tipo B, TF-B-1757, serie A-729, careciendo de todo tipo de documentación, ya que se encuentra incorporada a la máquina una Guía de Circulación para una máquina del tipo A, modelo Astro Wais A-20/0478, serie O-1266 y un Boletín de Instalación para instalar en el Bar Cafetería Rodimar. Asimismo, la empresa operadora que figura en los datos de la Guía de Circulación, tiene revocado el título de empresa operadora, debiendo cesar en la explotación de máquinas recreativas y de azar, según Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 17 de octubre de 1991. Se procede al precinto de la máquina confirmándose mediante Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 21 de enero de 1993.
Lo que supone infracción a los artículos 7º, 8º, 9º, 11º, 12º, 13º, 18º.1.c), 30º.1.b) y d), 31º.1.b), c) y d) y 44º del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88) y artículo 6º de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), tipificándose como faltas muy graves, la carencia de título de empresa operadora y la carencia de Guía de Circulación, correspondiéndoles una multa de un millón de pesetas a cada una; como faltas graves, la carencia de Boletín de Instalación, correspondiéndole una multa de quinientas mil pesetas, y la ausencia de los Libros a conservar en el local, correspondiéndole una multa de doscientas mil pesetas, a tenor de lo dispuesto en los artículos 39º.1 y 2 y 40º.4 del mencionado Decreto 93/1988, y artº. 21.2.1.g) de la citada Ley 6/1985.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su publicación, previa la comunicación a la Consejería de Presidencia y Turismo, exigida en el artículo 110º.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de febrero de 1994.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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