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En base a la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; de acuerdo con las competencias educativas de la Comunidad Autónoma de Canarias, recogidas en la Ley 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias; al Real Decreto 2.091/1983, de 28 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de educación; a la Ley 11/1982, de 10 de agosto, de transferencias complementarias a Canarias, y de conformidad con la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se establecen los principios de este Decreto.
Teniendo en cuenta las normas legales aludidas, el hasta ahora vigente Decreto 38/1986, de 14 de marzo, y la dinámica educativa de la realidad canaria en los últimos tiempos, parece aconsejable abordar una nueva ordenación de los preceptos que regulan actualmente la admisión de alumnos en los centros escolares sostenidos con fondos públicos, para introducir los necesarios ajustes tendentes a conseguir, con la participación de todos los sectores afectados, los siguientes objetivos: 1º) Adaptación legal a la nueva ordenación educativa emanada de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo.
2º) Ponderación de los criterios de admisión establecidos en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, en base a su adaptación a las actuales necesidades de escolarización, así como a la experiencia obtenida de la aplicación de las normas hasta ahora vigentes.
3º) Atención al hecho insular y a las diferencias sustanciales entre zonas de densa demografía y núcleos rurales de bajo crecimiento poblacional.
4º) Matizaciones criteriales entre enseñanzas de régimen general (obligatorias y posobligatorias) y las de régimen especial.
5º) Constatación del progresivo equilibrio entre oferta y demanda en las enseñanzas infantil y primaria, y la superior demanda en relación a la actual oferta en la secundaria obligatoria y posobligatoria, como consecuencia de la inversión de la pirámide de la población escolar.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, consultado el Consejo Escolar de Canarias y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 11 de febrero de 1994,
D I S P O N G O:
Artículo 1.- 1. La aplicación de los procesos de admisión de alumnos en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de educación infantil, educación primaria y educación secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, se regirán por el presente Decreto.
2. La admisión de alumnos en centros que impartan enseñanzas de régimen especial y de formación profesional de grado superior se regirán por las reglamentaciones específicas que en su momento se determinen.
Artículo 2.- 1. Para ser admitido en un centro docente será necesario reunir los requisitos de edad, académicos y cualquier otro exigido por el ordenamiento jurídico vigente para el nivel educativo o curso al que se pretende acceder.
2. La continuidad en los diferentes cursos de un mismo nivel educativo no requiere proceso de admisión, salvo que coincida con un cambio de centro. A estos efectos han de considerarse como niveles educativos los siguientes: educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional específica y bachillerato.
3. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes regulará el proceso de admisión de alumnos en el Bachillerato en Artes y en todas aquellas enseñanzas que por su especificidad lo requieran.
Artículo 3.- Los padres o tutores y, en su caso, los alumnos que hayan alcanzado la mayoría de edad tienen derecho a elegir centro docente. Cuando el número de puestos escolares financiados con fondos públicos en un centro sea inferior al número de solicitantes, la admisión se regirá por los criterios establecidos en el presente Decreto.
Artículo 4.- En los centros privados sostenidos con fondos públicos, que hayan definido su carácter propio, deberá informarse del contenido de éste a los padres o tutores y, en su caso, a los alumnos mayores de edad, que soliciten plaza en dicho centro.
Artículo 5.- 1. Cada solicitante presentará una única instancia en el centro en el que pide plaza. En el caso de que el alumno no obtenga plaza en el centro elegido, la solicitud, junto con la documentación que la acompañe, será remitida por el Director a la Comisión de Escolarización correspondiente.
2. Las solicitudes se formularán utilizando un modelo que recoja los criterios establecidos en el modelo oficial que, al efecto, apruebe la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
3. Junto con la solicitud se deberá adjuntar toda aquella documentación acreditativa que se fije en la correspondiente convocatoria.
Artículo 6.- 1. No podrá condicionarse la admisión de alumnos en un centro docente de enseñanza obligatoria al resultado de pruebas o exámenes.
2. Lo señalado en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de poder aplicar la normativa sobre educación especial.
Artículo 7.- El Consejo Escolar del centro es el órgano competente para decidir sobre la admisión de los alumnos en los centros públicos. En los centros concertados es competente para decidir sobre la admisión el titular del mismo, correspondiendo al Consejo Escolar garantizar el cumplimiento de las normas generales contenidas en este Decreto y en las disposiciones que lo desarrollen.
Artículo 8.- La admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos para cursar las enseñanzas a que se refiere el artículo uno, cuando en aquéllos no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes de ingreso, se regirá por los siguientes criterios prioritarios: proximidad del domicilio, existencia de hermanos matriculados en el mismo centro, rentas anuales de la unidad familiar y por los criterios complementarios de minusvalías del solicitante y cualquier otra circunstancia apreciada libremente por el órgano competente del centro.
Artículo 9.- La Administración Educativa determinará las áreas de influencia de cada centro y las limítrofes. Asimismo, se podrá adscribir cada uno de los centros de educación primaria a un centro de educación secundaria en el que se imparta educación secundaria obligatoria. La determinación de las áreas de influencia para las enseñanzas de Bachillerato y de Formación Profesional específica se hará de manera que se respete el principio de igualdad de oportunidades para el acceso a estas enseñanzas.
Artículo 10.- La valoración de los criterios de admisión contemplados en el artículo 8 se realizará conforme al siguiente baremo:
1. Proximidad del domicilio.
a) Alumnos cuyo domicilio se encuentra en el área de influencia del centro. 5 puntos
b) Alumnos cuyo domicilio se encuen- tra en áreas limítrofes a la de influen- cia del centro. 3 puntos
c) Alumnos cuyo domicilio se encuen- tre en otra área no limítrofe, pero den- tro del municipio. 2 puntos
2. Existencia de hermanos matricu- lados en el centro.
a) Primer hermano. 3 puntos
b) Por cada uno de los hermanos siguien- tes. 1 punto
3. Rentas anuales de la unidad fami- liar.
a) Rentas inferiores o iguales al salario mí- nimo interprofesional. 2 puntos
b) Rentas superiores al salario mínimo in- terprofesional que no sobrepasen el do- ble del mismo. 1.5 puntos
c) Rentas superiores al salario mínimo in- terprofesional que no sobrepasen el cuá- druple del mismo. 1 punto d) Rentas superiores al cuádruple del sala- rio mínimo interprofesional. 0.5 puntos
4. Otros criterios.
a) Minusvalías físicas, psíquicas o senso- riales del solicitante. 1 punto
b) Cualquier otra circunstancia previamen- te establecida por el Consejo Escolar del Centro que tenga carácter objetivo y ade- cuada justificación. 1 punto
Artículo 11.- La acreditación de las condiciones de admisión se realizará mediante la presentación de la siguiente documentación:
1. La proximidad del domicilio al centro, mediante documento fehaciente que justifique el domicilio familiar o en su caso el lugar de trabajo de los padres, tutores o alumnos de enseñanza secundaria posobligatoria que trabajen. A efectos de baremación, el lugar de trabajo, debidamente acreditado, podrá ser considerado a instancia del solicitante como domicilio familiar. Asimismo, los alumnos que acrediten minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales podrán ser adscritos a las áreas de influencia de aquellos centros que cuenten con medios adecuados para su mejor escolarización.
2. La existencia de hermanos en el centro la validará el propio centro.
3. La renta familiar, mediante una copia de la declaración de la renta de las personas físicas u otro documento que acredite la cuantía de dichas rentas. La información así obtenida sólo podrá ser utilizada para el fin previsto en el presente Decreto.
4. La minusvalía, mediante certificación oficial de los organismos competentes.
5. Cualquier otra circunstancia establecida objetivamente por el Consejo Escolar deberá ser justificada de acuerdo con lo determinado por dicho órgano de gobierno.
Artículo 12.- Los empates que en su caso se produzcan se dirimirán aplicando sucesivamente los criterios que se exponen a continuación:
a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad domiciliaria.
b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos matriculados en el centro.
c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de rentas anuales de la unidad familiar. d) Situación de minusvalías del solicitante.
En caso de persistir el empate se realizará un sorteo ante el Consejo Escolar del centro.
Artículo 13.- Las Direcciones Territoriales de Educación podrán constituir tantas Comisiones como fueran necesarias, con la finalidad de resolver los problemas de escolarización, entre otros, los siguientes:
a) Comprobar que cada alumno ha presentado una única instancia y verificar el número de vacantes y de solicitudes sin atender en su área de influencia, así como informar de la relación de centros con plazas vacantes.
b) Elevar propuestas a las Direcciones Territoriales de Educación correspondientes sobre la escolarización de los alumnos que no hayan obtenido plazas en los centros solicitados.
c) Informar sobre la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, a efectos de su integración.
Artículo 14.- 1. Una vez publicadas las listas de admitidos y resueltas las reclamaciones presentadas en primera instancia ante el Consejo Escolar, los centros remitirán a las Comisiones de Escolarización todas las solicitudes y reclamaciones no atendidas.
2. Las Comisiones de Escolarización recabarán la documentación que estimen necesaria para el ejercicio de sus funciones, de los centros docentes, de los Ayuntamientos o de los servicios concurrentes de la Administración Educativa.
Artículo 15.- Las Comisiones de Escolarización las formarán directores de los centros afectados, designados por el Director Territorial de Educación, y coordinados por los Servicios de Inspección Educativa. Las Direcciones Territoriales de Educación podrán recabar la participación en las mismas de las Asociaciones de Padres de Alumnos y de los Ayuntamientos.
Artículo 16.- Contra la actuación de los órganos y comisiones competentes en materia de admisión de alumnos podrá interponerse recurso ordinario ante el Director Territorial de Educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. El citado recurso deberá resolverse en un plazo que garantice la escolarización del alumno.
Artículo 17.- Las infracciones de las normas sobre el proceso de admisión de alumnos en los centros públicos darán lugar a la apertura del correspondiente procedimiento administrativo, que determine las posibles responsabilidades en que se hubiera podido incurrir. En los centros concertados, el incumplimiento de esta normativa dará lugar a las sanciones de apercibimiento y, en su caso, a la no renovación o rescisión del concierto previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación.
Artículo 18.- Las Direcciones Territoriales de Educación, dentro de su ámbito, adoptarán las medidas precisas para asegurar la admisión de alumnos por razones de escolarización urgente o excepcional.
Artículo 19.- El presente Decreto se aplicará asimismo para la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos de los niveles de preescolar, educación general básica, bachillerato unificado y polivalente, formación profesional y artes aplicadas y oficios artísticos en tanto subsistan estas enseñanzas.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el Decreto 38/1986, de 14 de marzo, por el que se regulan los criterios de admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se autoriza a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para desarrollar las normas de admisión de alumnos en los centros de enseñanzas de régimen especial y de formación profesional de grado superior.
Segunda.- Se autoriza a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para desarrollar el presente Decreto y regular cuantas cuestiones se deriven del mismo.
Tercera.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de febrero de 1994.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, José Mendoza Cabrera.
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