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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente administrativo abierto por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
R E S U E L V O:
1. Notificar a D. Vicente Reyes Rodríguez la Resolución de 14 de octubre de 1993, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso interpuesto contra la Resolución del Sr. Director Territorial de Educación de Las Palmas, de fecha 25 de junio de 1993, recaída en el expediente nº 202/93. 2. Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de febrero de 1994.- El Secretario General Técnico, Fernando Arozena González.
A N E X O
Visto el recurso presentado por D. Vicente Reyes Rodríguez sobre solicitud de admisión de su hija Cristal Reyes Suárez en el Centro Privado Concertado Sagrada Familia.
Resultando: que D. Vicente Reyes Rodríguez presenta recurso el día 29 de agosto de 1993 contra la Resolución del Sr. Director Territorial de Educación de Las Palmas de fecha 25 de junio de 1993.
Resultando: que la puntuación obtenida por la alumna no fue suficiente para obtener plaza en el Centro.
Resultando: que la puntuación mínima exigida para poder asignar plaza fue de 6 puntos.
Considerando: que el titular del Centro y Consejo Escolar han baremado y garantizado los criterios de admisión de alumnos y los han aplicado no contraviniendo lo establecido en el Decreto 38/1986, de 14 de marzo, y Orden de 18 de febrero de 1993 (B.O.C. nº 26, de 1 de marzo).
Esta Viceconsejería de Educación, estudiada la Resolución del Sr. Director Territorial de Educación de Las Palmas, el informe del Servicio de Inspección Educativa, en el uso de las atribuciones que la legislación vigente le confiere,
R E S U E L V E:
Desestimar el recurso interpuesto a tenor de la fundamentación explicitada, ya que las disposiciones reseñadas, lo que persiguen es una valoración objetiva en la admisión de alumnos en los centros públicos y sostenidos con fondos públicos.
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, significándole que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Educación exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
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