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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artº. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-589/91. INSTRUIDO A: D. Moisés García Pacheco. D.N.I. o N.I.F.: 78.380.916.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 24 de julio de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el establecimiento de venta al por mayor de vehículos nuevos y usados Garauto situado en el Paseo Domínguez Afonso, 25, término municipal de La Orotava, y mediante acta nº 22.194 instruida al efecto, comprobó la reclamación presentada en las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 448/91, siendo motivo de la misma un posible incumplimiento contractual en la compraventa del vehículo de la marca Seat, modelo Supermirafiori, matrícula TF-6657-J, por parte de la empresa vendedora, constatando el inspector actuante lo siguiente: solicitado por el inspector actuante la información precisa a efectos de diligenciar la citada reclamación, no se presenta en las dependencias de este Organismo en el plazo concedido al efecto. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: tanto el Pliego de Cargos como la Propuesta de Resolución fueron notificados, así como publicados debidamente en el Boletín Oficial de Canarias y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Orotava sin que se diera contestación a ninguno de ellos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre), ACUERDO
Imponer a D. Moisés García Pacheco la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 1994. El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
2) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-183/92. INSTRUIDO A: Publi-Soportes, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38273322.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 4 de febrero de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en las oficinas situadas en la calle Capitán Gómez Landero, 9, 1º, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 22.491 instruida al efecto, se pudo comprobar la reclamación presentada en las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 39/92, siendo motivo de la misma el incumplimiento contractual por parte de esa empresa al recibir a cuenta setenta mil pesetas por la venta de 100 agendas de piel, y no proceder a la entrega de la mercancía en el plazo pactado, ni con posterioridad al mismo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3.1.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: existe constancia de que el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución se notificaron mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado, así como que, en el plazo concedido al efecto, no se dio contestación al mismo. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO
Imponer a Publi-Soportes, S.L. la sanción de multa de setenta mil (70.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 3 de enero de 1994. El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
3) VISTO EL EXPTE. Nº: 38-336/92. INSTRUIDO A: C.E.D.I., S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38277281.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 30 de junio de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en C.E.D.I. oficinas, situado en la calle La Salle, 9, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 30.720 instruida al efecto, se pudo comprobar la denuncia presentada en las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 368/1992, siendo el motivo de la misma la no entrega de la preceptiva garantía por parte de la entidad denunciada. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 11 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: en escrito presentado en la Dirección Territorial de Comercio y Consumo el día 23 de noviembre y provisto con el Registro de Entrada nº 2.024, el interesado manifiesta sucintamente lo siguiente: - Que pone en evidencia la inexistencia de actividad investigadora o comprobadora alguna; y por tanto, de cargos propiamente dichos. Lo único que recoge la relación de hechos es la inexistencia de una denuncia. - Que el acta nº 30.730 no hace mención alguna a que el inspector comprobara hecho alguno relacionado con la no entrega de la preceptiva garantía por parte de la entidad denunciada. Al contrario, se dice textualmente se pudo comprobar mediante denuncia presentada en las dependencias de este Organismo ..., es decir, que el mismo enunciado del hecho deja claro y terminantemente establecido que el hecho imputado se pudo comprobar mediante la denuncia de un particular; o lo que es lo mismo, que no se pudo comprobar nada, pues la denuncia pone en marcha los mecanismos de comprobación pero nunca puede constituir comprobación alguna. - Que al no existir ningún indicio que permita la imputación sino, pura y exclusivamente, una denuncia, no existen hechos imputados, en sentido legal, frente a los cuales deba la entidad compareciente ejercitar su derecho a la defensa, sino una denuncia infundada frente a lo que únicamente cabe afirmar que se rechaza de plano, por falsa y por carecer de toda base. - Que se archive el expediente. La Propuesta de Resolución fue notificada debidamente mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sin que se diera contestación a la misma. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artº. 11, apartado f), y artº. 18, apartado B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre),
ACUERDO
Imponer a C.E.D.I., S.L. la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 1994. El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de enero de 1994.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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