BOC - 1994/016. Lunes 7 de Febrero de 1994 - 280

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

280 - RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Domingo Santana Santana, en representación de la entidad Canarias de Comercio, S.L.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Domingo Santana Santana, en representación de la entidad Canarias de Comercio, S.L., la Orden de 26 de noviembre de 1993 (libro 01, folio 1.005), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, recaída en el expediente nº 35/671/91.

2.- Remitir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 1994.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por D. Domingo Santana Santana, en representación de la entidad Canarias de Comercio, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de fecha 18 de febrero de 1993, recaída en el expediente nº 35/671/91, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuatrocientas noventa mil (490.000) pesetas, y RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 23 de agosto de 1991, en el Supermercado Hamburgo, propiedad de Cemecentro, S.L., sito en Centro Comercial Metro, local nº 96, 97 y 98, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta instruida al efecto (nº 25.060), comprobaron que tenía expuestas para su venta al público, en una estantería, unas 13 latas de espaguetis de huevo “Rimini”, Jokisch. Ingredientes: caldo, agua, concentrado de tomate, azúcar, condimento, harina de trigo, sal, especias, reforzador de sabor, fécula, extracto de levadura, fécula modificada, spaghetti con huevos, trozo de tomate, carne de ternera, cebollas y hierbas. Origen: Rep. Fed. de Alemania. Consumir preferentemente antes del fin de 1991. Peso neto 425 gr. Importado por C.C.S.L. R.S.G. 40.1.709/G.C. SCANIA- Tel. Alicante 855935. R.G.S.2104794-A. Jokisch. Schneller Teller. Eier -Spaghetti, Rimini. Geöffnette Dose im Backofen Ca 15 Min erhitzen. Zulaten: Brühe (Wasser, Tomatenmark, Zucker, Würze, Weizenmehl, Salz, Gewürze und natürliche Aromastoffe, Stärke, Hefeexsrackt, Geschmacksverstärker, modifizierte Stärke), Eierspaghetti (Trockencinwaage), Tomatenstücke, Rindfleisch, Zwiebeln und Kräuter. Jokisch Gmbh D-2308 Preetz/Holstein. Serviervorschlag: Mit Käse überbacken. Gewichtverlust durch Erhitzen. Art. Nr. im vorgeheitzen. Netto - Inhalt 425 g. Mindestens haltbar bis Ende 1991. Frichfleischenwaage: Rindfleisch (fein zerkleinert) 25 g. 234 Backofen Bei 200ºC ca 15 min. Erhitzen oder geschlossene Dose Ca. 15 min. im Wasserbad erhitzen.

La segunda etiqueta contenía el mismo etiquetado descrito en lengua extranjera salvo el marcado de fecha en el que figuraba “Mindestens haltbar bis Ende 1988”.

El interesado presentó la factura de adquisición del producto nº 3.826, suministrado por Canarias de Comercio, S.L.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador, de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 3º, apartados 3.1.3 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 14.6 de Real Decreto 381/1984, de 25 de enero (B.O.E. nº 49), por el que se aprueba la R.T.S. del comercio minorista de alimentación y artículos 3.13, 10 y 19 del Real Decreto 1.122/1988, de 23 de septiembre (B.O.E. nº 238), por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados y el artº. 27.c) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cuatrocientas noventa mil (490.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 15 de marzo de 1993, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

1) Que no ha existido alteración alguna de la fecha de consumo preferentemente porque lo único que hizo fue utilizar una remesa de etiquetados sobrantes que se llevaron a la imprenta para borrar únicamente la fecha de consumo preferente, imprimiendo la fecha de envasado. En ningún caso se puede hablar de alteración o de fraude, ya que la fecha de caducidad coincidía con la de envasado, como así se hace constar en el escrito que se adjunta remitido por la entidad y fabricante.

2) Que el producto está fabricado en Alemania como se comprueba en la misma etiqueta, y lo adquieren a través de la empresa Scania Noliko Ibérico, S.A., con sede en Benidorm, Alicante, según acreditaron con factura de compra, por tanto la empresa no ha tenido nada que ver en la responsabilidad de la nueva impresión de etiquetas.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 3º, apartados 3.1.3 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 14.6 del Real Decreto 381/1984, de 25 de enero (B.O.E. nº 49), por el que se aprueba la R.T.S. del comercio minorista de alimentación y artículos 3.13, 10 y 19 del Real Decreto 1.122/1988, de 23 de septiembre (B.O.E. nº 238), por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados y el artº. 27.c) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 20.1.k) del extinto Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprobó el entonces vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora ahora recurrida, por cuanto el artº. 14.6 del Real Decreto 381/1984 establece como manipulación prohibida el “vender productos alimenticios adulterados, falsificados, alterados, ...”, siendo por tanto indiferente el que haya tenido que ver o no con la impresión de las etiquetas.

Asimismo, el artº. 27.1.a) de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios declara que el suministrador de productos a consumidores responde del origen, identidad e idoneidad de los mismos de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan. Por tanto, el haberse comercializado por parte del interesado productos incumpliendo lo dispuesto en las disposiciones sancionadoras en el Resultando segundo, se comprueba, pues, la comisión de una infracción leve por parte del vendedor, sin perjuicio de la posible responsabilidad que corresponda en su caso a la firma o razón social que figure en la etiqueta.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 62/1993, de 13 de abril, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 228/1993, de 29 de julio, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio; así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Desestimar, en todos sus términos el recurso de alzada interpuesto por D. Domingo Santana Santana, en representación de la entidad Canarias de Comercio, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de 18 de febrero de 1993, recaída en el expediente nº 35/671/91, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuatrocientas noventa mil (490.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.



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