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Se hace saber a D. José Antonio Paniagua Sánchez, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de la Presidencia, con el nº 189/92, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, recayendo una sanción de un millón de pesetas, al haberse comprobado que en el establecimiento Bar Estación Shell-Alcalá, sito en Carretera General Guía de Isora-Alcalá, se procede a la explotación de un sistema de juego mediante boleto consistente en un panel de 30x30 cm perforado por 1.250 agujeros que contienen un boleto cada uno llevando impreso el premio correspondiente que oscila entre 100 y 10.000 pesetas. Cada turno para perforar uno de estos agujeros cuesta 100 pesetas, por lo que la ganancia a obtener puede ascender a 125.000 pesetas. Este juego carece de la preceptiva autorización de explotación, manifestando el titular de dicho bar que la máquina le fue entregada ese mismo día por D. José Antonio Paniagua Sánchez.
Todo lo cual supone infracción a los artículos 14 y siguientes y 21.2.1.a), de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, así como a los artículos 1, 2 y 7 y concordantes y 25.2.a), del Decreto 138/1986, de 29 de septiembre.
Sancionándose como disponen los artículos 22 y siguientes de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre. Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su publicación, previa la comunicación a la Consejería de Presidencia y Turismo, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de diciembre de 1993.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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