No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en el expediente incoado contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. 2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
3.- Comunicar al interesado que el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
1) VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38-612/91. INSTRUIDO A: D. Gregorio Aparicio Fernández. D.N.I. o N.I.F.: 269956-M.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 28 de junio de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en S.A.T. sito en la calle Mencey Bencomo, 25, del Barrio de la Salud, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 22.023, instruida al efecto, se pudo comprobar reclamación presentada en las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 395/91, siendo motivo de la misma la comisión de posibles irregularidades cometidas al ser requerido para reparar una LAVAMAT 563, constatando el inspector actuante lo siguiente: 1º) No se exhiben correctamente los precios aplicables por tiempo de trabajo (no figura tarifa oficial de referencia). 2º) Se comprueba asimismo que el cliente no firma la autorización de reparación ni solicita o renuncia a la elaboración de presupuesto previo. 3º) Por último, no figura expuesto el precio que el cliente ha de abonar por la elaboración de un presupuesto no aceptado. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 3 y 8 del Real Decreto 58/1988 (B.O.E. nº 29), en concordancia con el artículo 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. El Pliego de Cargos ha sido contestado alegándose en síntesis que las deficiencias según los hechos imputados en el expediente nº 38-612/91, han sido corregidas en la tarifa de precios. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artículo 11, apartado f) y artículo 18, apartado B), letras k) y m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93).
ACUERDO
Imponer a D. Gregorio Aparicio Fernández la sanción de multa de treinta mil (30.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 10 de junio de 1993. El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
2) VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38-517/91. INSTRUIDO A: S.E.S.A. Import, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38260501.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 6 de junio de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el establecimiento de venta al por menor de vestidos y tocados S.E.S.A Import, S.L., situado en la calle Iriarte, s/n, Apartamentos Teide Italpiel (término municipal de Puerto de la Cruz), y mediante acta nº 19.678, instruida al efecto, se ha podido comprobar que esta empresa comercializó las cazadoras de piel, a que hace referencia el acta de inspección nº 19.718, de fecha 14 de mayo de 1991, en las que en la única etiqueta cosida figuraba la talla y en etiqueta de cartón no existía ningún dato en idioma español, figurando a efectos de identificación Vera Pelle, Mode in Pelle. Made in Italy. Asimismo el día 6 de junio el inspector actuante comprobó que las cazadoras de piel que estaban a la venta no cumplían en materia de etiquetado lo contemplado en la legislación vigente. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 6 del Real Decreto 396/1990 (B.O.E. nº 74), el artículo 6.17 del Real Decreto 928/1987 (B.O.E. nº 170) en relación con el artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. Existe constancia de que el Pliego de Cargos se notificó mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado, así como que en el plazo concedido al efecto no dió contestación al mismo. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artículo 11, apartado f) y artículo 18, apartado B), letras k) y m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93).
ACUERDO
Imponer a S.E.S.A. Import, S.L. la sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 1 de junio de 1993. El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu. 3) VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38-91/92. INSTRUIDO A: D. Luis Miguel Camacho Fumero. D.N.I. o N.I.F.: 41.833.358-S.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de octubre de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el establecimiento de venta al por menor de electrodomésticos y radio T.V., situado en la calle El Calvario (término municipal de Granadilla), y mediante acta nº 22.400, instruida al efecto, se pudo comprobar que no estaba expuesto al público el precio por tiempo de trabajo en las leyendas de información al usuario a que hace alusión el artículo 8.1.2 del Real Decreto regulador de la reparación de los aparatos de uso doméstico. Asimismo no se tenía a disposición de los clientes las Hojas de Reclamaciones y el documento único empleado como resguardo de depósito, presupuesto y factura y concretamente el nº 3.223 relacionado con la reclamación con nº de Registro de Inspección 674/91, carecía de número de serie del aparato, fecha prevista de entrega del aparato, espacio reservado para la fecha y firma de aceptación por el usuario del presupuesto, tiempo de validez del presupuesto, fecha y firma de la persona responsable del S.A.T. en la factura, tiempo empleado en la mano de obra y firma del usuario y de la persona autorizada del S.A.T. en resguardo de depósito. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 3.2.3, 3.28, 3.29, 3.10, 3.11.1.2, 3.11.1.7, 3.11.1.8, 5.1, 5.1.5, 7.2, 8.1.1 y 8.1.2 del Real Decreto 58/1988 (B.O.E. de 3 de febrero de 1988) en relación con el artículo 3.3.1, 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. El interesado presenta Pliego de Descargos en el que manifiesta que el día 23 de octubre recibió la visita del inspector y una vez el técnico encargado de la reparación origen de la denuncia se incorporó, se comprobó que efectivamente el televisor perdía la imagen debido a una pequeña soldadura que quedó mal y que se subsanó inmediatamente, sin cobrar diferencia alguna. Que en el plazo de diez días se personó en la Dirección Territorial de Economía y Comercio para presentar la documentación que se le exigía en el Acta de Inspección, y una vez presentada le indicaron que se fuera tranquilo que estaba todo resuelto. Que inmediatamente después de la inspección se subsanaron todas las deficiencias habidas y que se relacionan en el Pliego de Cargos. Se adjunta fotocopia de los recibos que se emplean para la relación con los clientes. Termina en solicitud de que se deje sin efecto el Pliego. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artículo 11, apartado f) y artículo 18, apartado B), letras k) y m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93). ACUERDO
Imponer a D. Luis Miguel Camacho Fumero la sanción de multa de treinta y cinco mil (35.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 1993. El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
4) VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38-489/91. INSTRUIDO A: D. José Báez González. D.N.I. o N.I.F.: 41.998.754.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 4 de octubre del año en curso, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el almacén de alimentación sito en la calle Los Silos o calle 12, 12, de la Finca España, en el término municipal de La Laguna, y mediante acta nº 22.387, instruida al efecto, se pudo comprobar que tenía en existencias un total de diez cajas de doce unidades, en botes de cristal de 600 grs del producto alimenticio aceitunas de la marca CARBONELL; una de las cajas nº de lote 7.250, con fecha de consumir preferentemente antes de fin de 1989, cuatro cajas lote nº 7.288, con fecha consumir preferentemente antes de fin de 1989, y cinco cajas lote nº 7.338, con fecha consumir preferentemente antes de 1990. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 4.7 del Real Decreto 706/1986 (B.O.E. nº 90), en concordancia con el artículo 3.1.3 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. Existe constancia de que la Propuesta de Resolución se notificó mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado, así como que en el plazo concedido al efecto no se dió contestación al mismo. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artículo 11, apartado f) y artículo 18, apartado B), letras k) y m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93).
ACUERDO
Imponer a D. José Báez González la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 1993. El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
PROVIDENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO
Por motivos de servicios en la funcionaria Dña. María Asunción Falcón Fernández, Instructora del presente expediente nº 38-489/91,
ACUERDO
Sustituirla por D. Francisco Javier Ramos García, que desde esta fecha, 26 de octubre de 1993 seguirá la correspondiente tramitación del expediente. Lo que notifico a los efectos oportunos. Santa Cruz de Tenerife, a 26 de octubre de 1993. El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
5) VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38-78/92. INSTRUIDO A: D. Eloy Piñero Núñez. D.N.I. o N.I.F.: 41.909.481-P.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de noviembre de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la empresa de Eloy Piñero Núñez, Fontanería Piñero, y mediante acta nº 22.752, instruida al efecto, comprobó reclamación presentada en las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 713/91, siendo motivo de la misma la presunta comisión de diversas irregularidades en la reparación de una lavadora, constatando el inspector actuante, lo siguiente: 1º) En la factura extendida por la empresa no se detallan las operaciones realizadas, las piezas de repuesto utilizadas y el tiempo de mano de obra empleado, con expresión de sus respectivos importes. Asimismo, no figura el número de orden correlativo, Número de Identificación Fiscal del S.A.T., nombre y domicilio del usuario, marca y modelo del aparato reparado. 2º) De otra parte, a la persona reclamante no le realizó presupuesto previo escrito, ni renunció a la elaboración del mismo en la forma expresa. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 3 y 5 del Real Decreto 58/1988 (B.O.E. nº 29), en concordancia con el artículo 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 169). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. Una vez realizado el diagnóstico preliminar de la lavadora se le dió verbalmente presupuesto previo de 12.000 pesetas, con el que estuvo conforme el cliente. Se inicia la reparación y se constata la presencia de algunas averías no detectadas, por lo que se ajusta el presupuesto de acuerdo con lo realizado pasando a ser de 9.000 pesetas. El cliente solicitó justificante del precio de la reparación de forma inmediata a la terminación de la misma, se le hizo de inmediato un recibo en el que sólo se indicaba lo solicitado por el cliente, es decir, expresión de lo realizado y cantidad entregada. Días después el interesado llama reclamando el precio de la misma. Lo que pretendía el interesado no era otra cosa que una rebaja en la factura después de haberla abonado. El interesado exigió que se le diera telefónicamente el N.I.F. para incluirlo el mismo en el recibo. Finalmente el cliente parece entrar en razón y acepta que se le entrege factura detallada y se acuerda con él llevarle la factura a su domicilio. Se traslada a su domicilio y no había nadie. Se le llama varias veces no consiguiendo localizarlo. El cliente sólo pretende producirle un perjuicio, al no aceptar la factura desglosada, ni la devolución del importe cobrado que le ofreció verbalmente. Existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió la Propuesta de Resolución, así como que no contestó a la misma. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artículo 11, apartado f) y artículo 18, apartado B), letras k) y m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Eloy Piñero Núñez la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 1993. El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
6) VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38-79/92. INSTRUIDO A: Lavandería Febles, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-38060992.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 29 de noviembre de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la tintorería y lavandería, situada en el Polígono Industrial Valle de Güímar, manzana 5, parcela 20, del término municipal de Arafo, y mediante acta nº 22.762, instruida al efecto, se pudo comprobar la reclamación presentada en las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 752/91, siendo el motivo de la misma la presunta comisión de irregularidades en un servicio de tintorería, causando diversos daños en las distintas prendas (un edredón, cortinas y alfombras), constatando el inspector actuante lo siguiente: A efectos de diligenciar la citada reclamación y recabar la información precisa para el esclarecimiento de la misma, el Sr. D. Manuel Febles Pérez, en calidad de socio de la Lavandería Febles, S.A., para que hiciese acto de presencia en las dependencias de este Organismo, concediéndosele un plazo para ello, habiendo transcurrido el mismo sin que la citada persona compareciera a efectos de facilitar la información solicitada por los Servicios de Inspección de esta Dirección Territorial. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 5.1 y 14 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. Existe constancia de que el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución se notificaron mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado, así como que en el plazo concedido al efecto no dio contestación a los mismos. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artículo 11, apartado f) y artículo 18, apartado B), letras k) y m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Lavandería Febles, S.A. la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 4 de octubre de 1993. El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
7) VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38-491/91. INSTRUIDO A: Textil Intercanarias, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-35132505.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 10 de junio de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la fábrica de toldos Inter-Toldos, situada en la calle Chirama, Los Alisios II, 50, planta baja, de este término municipal, y mediante acta nº 19.518, instruida al efecto, se pudo comprobar reclamación presentada en las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 314/91, siendo motivo de la misma la presunta existencia de defectos de fabricación de un toldo adquirido a la empresa reclamada, constatando el inspector actuante que la persona reclamante se dirigió a los organismos oficiales competentes en esta materia, dentro del plazo de garantía, para reclamar la reparación de los citados toldos con cargo a la misma, no siendo atendida tal pretensión por la entidad Inter-Toldos. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículo 3.1.5 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artículo 11 de la Ley 26/1984 (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. Existe constancia de que el Pliego de Cargos y la Propuesta de Resolución se notificaron mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial respectivo y mediante edicto expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado, así como que en el plazo concedido al efecto no se dió contestación al mismo. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado B), letras k) y m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a Textil Intercanarias, S.L. la sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 4 de octubre de 1993. El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
8) VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 38-597/91. INSTRUIDO A: D. Julio Faustino Álvarez Expósito. D.N.I. o N.I.F.: 41.977.793-X.
MOTIVACIÓN
Artº. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. REFERENCIA DE HECHOS: el día 10 de julio de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el taller de chapa y pintura Santana situado en la calle Los Molinos, Pasaje de Molowny (término municipal de Santa Cruz de Tenerife), y mediante acta nº 22.203, instruida al efecto, comprobó la reclamación remitida a las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 430/92, siendo motivo de la misma la presunta negativa por parte del responsable del taller, a entregar el vehículo matrícula TF-1644-AC, una vez reparado sin haber firmado el preceptivo resguardo de depósito, constatando el inspector actuante lo siguiente: - El vehículo fue retirado por el propietario el día 5 de julio de 1991. - Que efectivamente no se le entregó resguardo de depósito y no firmó autorización de la reparación o presupuesto previo. - Se comprueba igualmente que este taller no tiene a disposición del público Hojas de Reclamaciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 14 y 17 del Real Decreto 1.457/1986 (B.O.E. nº 169), en concordancia con el artículo 3.3.1 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: artº. 93.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. Con fecha 21 de enero de 1992, el interesado presentó escrito de descargos en el que sustancialmente manifiesta que con fecha 23 de julio de 1991 presentó escrito de alegaciones al acta de inspección, del cual se adjunta fotocopia y se ratifica en lo manifestado en dicho escrito. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Comercio y Consumo, en el artículo 11, apartado f) y artículo 18, apartado B), letras k) y m) del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10.9.93),
ACUERDO
Imponer a D. Julio Faustino Álvarez Expósito la sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas. Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 1993. El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138), Juan Hardisson Rumeu.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de octubre de 1993.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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