BOC - 1994/001. Lunes 3 de Enero de 1994 - 21

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Pesca y Transportes

21 - RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de la extinta Consejería de Turismo y Transportes, resolutoria del recurso de alzada interpuesto por D. José Gaspar Muñoz Rodríguez.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. José Gaspar Muñoz Rodríguez la Orden de 19 de febrero de 1993 (libro nº 1, folio 193, nº 37), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 509/92 (expediente nº TF-260-0-92), interpuesto contra la Resolución de la extinta Dirección General de Transportes, de fecha 16 de julio de 1992.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de La Laguna la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de 1993.- El Secretario General Técnico, p.d., el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico (Resolución de 19.5.93; B.O.C. nº 67, de 24.5.93), Antonio J. Alfonso Quirós.

A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. José Gaspar Muñoz Rodríguez.

Visto el recurso de alzada formulado por D. José Gaspar Muñoz Rodríguez, contra la Resolución del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes de fecha 16 de julio de 1992, recaída en el expediente sancionador nº TF-260-0-92, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: la Resolución recurrida se basa fácticamente en transportar el vehículo matrícula TF-7661-AS, un peso total de 36.000 kg, según ticket de báscula de la Junta de los Puertos del Estado en Santa Cruz de Tenerife, estando autorizado para 26.000 kg, lo que equivale a un exceso del 41% sobre el peso máximo autorizado, dando lugar a la sanción de doscientas mil (200.000) pesetas al concurrir la atenuante de ser la primera infracción por estos hechos en los últimos doce meses.

Segundo: el recurso de alzada interpuesto alega, en resumen, que se ha vulnerado lo dispuesto en el apartado 5 del artº. 201 de la LOTT al efectuar un recorrido superior a 32 km para proceder al pesaje del vehículo con el consiguiente trastorno; que el vehículo no fue pesado en el lugar de la carga donde no existe pesa con lo cual es frecuente cometer errores en la precisión de la carga, dependiendo además al tratarse de revuelto, de si está húmedo o no, aumentando el peso ostensiblemente en el primer caso; y manifiesta que carece de antecedentes infractores. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Consejero de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4º.1 del Decreto 56/1992, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes, en relación con el artº. 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artº. 146.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres que establece que el procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en dicha Ley se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, sobre procedimiento ordinario y revisión de actos en vía administrativa.

Tercero.- La argumentación esgrimida por el recurrente en nada altera los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes de fecha 16 de julio de 1992, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artº. 140.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artº. 197.c) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, que consideran infracción muy grave el exceso en el peso máximo autorizado de los vehículos en los porcentajes que en dichos artículos se establece, que en el presente caso al ser el Peso Máximo Autorizado de más de 20 toneladas (26.000 kg) el porcentaje de exceso es de más del 15%, porcentaje superado al ser el exceso del 41% hecho constatado y verificado mediante prueba concluyente, es decir, a través del ticket de la báscula donde se efectuó el pesaje del vehículo.

Atendiendo a las circunstancias atenuantes de carecer de antecedentes infractores y por aplicación de lo dispuesto en el artº. 141.o) de la Ley 16/1987 y artº. 198.p) de su Reglamento, se rebajó la cuantía de la sanción inicialmente impuesta a doscientas mil pesetas, sin que pueda argumentarse como eximente de responsabilidad la variación de peso del tipo de mercancía según su estado, ni la falta de báscula para el pesaje del vehículo en el lugar de la carga, que no justifican, en modo alguno, la comisión de la infracción sancionada en la Resolución impugnada.

Cuarto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por D. José Gaspar Muñoz Rodríguez y confirmar la Resolución del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes de fecha 16 de julio de 1992, recaída en el expediente TF-260-0-92, que determinó la imposición de una sanción de doscientas mil (200.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer cualquier otro recurso que estimen pertinente.- El Consejero de Turismo y Transportes, Miguel Zerolo Aguilar.



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