No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles el oportuno Pliego de Cargos, como consecuencia de las denuncias o Actas de Inspección formuladas contra aquéllas, a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga, y conforme al artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, los cargos que se especifican en el expediente que les ha sido instruido en esta Dirección General, por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados disponen de un plazo de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución, para manifestar por escrito lo que a su derecho o interés convenga, aportando o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intenten valerse.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, los correspondientes Pliegos de Cargos para su publicación en el tablón de edictos.
1) EXPTE. Nº: 38-83/93. INSTRUIDO A: Broker Informática Canarias, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38259511. HECHOS IMPUTADOS: el día 14 de abril de 1992, se presentó ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Santa Cruz de La Palma la reclamación a la que se asignó el nº 539/92, motivada por los presuntos defectos de los que adolecía un ordenador personal Leader 286 VGA Color, que fue adquirido por el reclamante a la empresa Broker Informática Canarias, S.L., con domicilio en Avenida Reyes Católicos, 35, Edificio María Cristina del término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Para comprobar la reclamación de referencia, el día 22 de septiembre de 1992, se personó en el domicilio indicado un inspector de esta Dirección General, quien comprobó que las oficinas estaban cerradas figurando un cartel en la puerta en que la empresa comunicaba que había cesado en su actividad comercial a partir del 5 de septiembre de 1992. A la vista de las actuaciones practicadas, en especial el contenido de la reclamación y las mediaciones efectuadas desde la Oficina Municipal, se imputan los siguientes hechos: 1º) La venta de un bien defectuoso, ya que en escrito fechado el día 17 de julio de 1992 la empresa reconoce los problemas de capacidad del disco duro en el ordenador suministrado, así como la existencia de un virus informático. 2º) El retraso injustificado en la reparación del bien suministrado. INFRACCIÓN: estos hechos suponen una transgresión al artículo 34, apartado 4, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartados 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en conexión con el artículo 11 de la Ley 26/1984, citada, en lo referente a la reparación de bienes de naturaleza duradera. Santa Cruz de Tenerife, a 31 de agosto de 1993.
2) EXPTE. Nº: 38-136/93. INSTRUIDO A: D. Diego Sánchez Mateu. D.N.I. o N.I.F.: 42.928.740-E. HECHOS IMPUTADOS: el día 29 de octubre de 1993, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en la Zumería Amogante, situada en la calle Narciso de Vera, de La Cuesta, en el término municipal de La Laguna, y mediante acta nº 31.253, instruida al efecto, comprobó en relación con la reclamación presentada en las dependencias de este Organismo con nº de Registro de Inspección 626/92, las siguientes irregularidades: - En el momento de la inspección, el establecimiento carecía de Hojas de Reclamaciones. - La lista de precios no estaba expuesta al público. INFRACCIÓN: artículos 13 y 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1º y 6º del Decreto del Ministerio de Comercio 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. Santa Cruz de Tenerife, a 31 de agosto de 1993. Providencia del Sr. Director General de Comercio y Consumo: por haber causado baja temporal a partir de la presente fecha se sustituirá a Dña. María Asunción Falcón Fernández, Instructora del presente expediente 38-136/93, por D. Francisco Javier Ramos García. Santa Cruz de Tenerife, a 31 de agosto de 1993. El Director General de Comercio y Consumo, p.d., Juan Hardisson Rumeu, Director Territorial de Comercio y Consumo. Delegación por Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138). 3) EXPTE. Nº: 38-143/93. INSTRUIDO A: Comunidad de Bienes Manuel González García-Estrada y Domingo García Rodríguez. D.N.I. o N.I.F.: E-38273355. HECHOS IMPUTADOS: el día 17 de noviembre de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el establecimiento de venta al por menor de alimentos, propiedad de la Comunidad de Bienes María del Mar y María del Pilar Acosta González, situado en la Carretera General de Guincho en el término municipal de Garachico, y mediante acta nº 31.229, instruida al efecto, comprobó que la empresa encartada Comunidad de Bienes Manuel González García-Estrada y Domingo García Rodríguez es la suministradora de los productos (uvas y judías verdes) localizados en el establecimiento minorista señalado, que, conjuntamente, se exponen para su venta en una caja de plástico, a la que está adherida una etiqueta que textualmente dice así: frutas verduras Comunidad de Bienes Manuel González García-Estrada y Domingo García Rodríguez N.I.F. E-38273355, Icod de los Vinos, Hoya Garcés, 7, telf. 12-16-91, Categoría III, calibre-producto. Variedad judías verdes y uvas. Origen.- Peso neto aprox. 3 kgr. No figuran en el etiquetado, conforme a sus respectivas normas de calidad, los datos de información obligatoria siguientes: - Nombre de variedad de las uvas. - Categoría de las judías verdes. - Calibre y origen, de ambos productos. INFRACCIÓN: artículo 13 y artículo 34, apartado 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 7º y 12º del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior; Orden de 15 de noviembre de 1985, por la que se aprueba la norma de calidad para uva de mesa destinada al mercado interior y Orden de 10 de febrero de 1984, por la que se aprueba la norma de calidad para judías verdes destinadas al mercado interior. Santa Cruz de Tenerife, a 4 de octubre de 1993.
4) EXPTE. Nº: 38-347/92. INSTRUIDO A: Broker Informática Canarias, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38259511. HECHOS IMPUTADOS: el día 12 de junio de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en las oficinas de la empresa Broker Informática Canarias, S.L., situadas en la Avenida Reyes Católicos, 33-35, Edificio María Cristina, bajos, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 30.695, instruida al efecto, se ha podido comprobar en relación a la reclamación con nº de Registro de Inspección 347/92, de un lado, la existencia de una publicidad engañosa al anunciarse en prensa en fecha 16 de diciembre de 1991, el regalo de una impresora modelo Panasonic KX-P1180 por la adquisición de un ordenador y al efectuarse la compraventa se ofreció al cliente una impresora marca Citizen. Por otro lado, en el momento de proceder a la entrega de la mercancía no se suministra al cliente la impresora, existiendo un compromiso en acta de inspección de solución del problema en el plazo máximo de 15 días, que no se ha respetado. INFRACCIÓN: artículo 3.1.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), y el artículo 8.3 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). Santa Cruz de Tenerife, a 21 de junio de 1993.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 1993.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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