Estás en:
Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a HNH Internacional la Orden de 19 de febrero de 1993 (libro nº 1, folio 192, nº 14), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 466/92 (expediente nº GC-0876-0-92), interpuesto contra la Resolución de la extinta Dirección General de Transportes, de fecha 31 de julio de 1992.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Mogán la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de 1993.- El Secretario General Técnico, p.d., el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico (Resolución de 19.5.93; B.O.C. nº 67, de 24.5.93), Antonio J. Alfonso Quirós. A N E X O
Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por HNH Internacional, S.A.
Visto el recurso de alzada formulado por Dña. Jane Gerd Sevendsen, en representación de HNH Internacional, S.A., contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes de fecha 31 de julio de 1992, recaída en el expediente sancionador nº GC-0876-0-92, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: la Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo matrícula GC-6390-AD, un servicio de alquiler sin conductor careciendo de la correspondiente autorización administrativa, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo por tres meses.
Segundo: el recurso de alzada interpuesto alega, en resumen, que si bien el desconocimiento de la Ley no excusa de su cumplimiento, al menos podría considerarse como atenuante; que según el anterior administrador, los vehículos se encontraban en perfecto orden y con las preceptivas licencias; que el vehículo, al no poder utilizarse para la actividad de alquiler sin conductor ya que su antigüedad supera los dos años, ha sido vendido; y, por último, se solicita se derogue la sanción impuesta o se precinte el vehículo por un periodo de seis meses.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4º.1 del Decreto 56/1992, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes, en relación con el artº. 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artº. 146.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que establece que el procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en dicha Ley se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, sobre procedimiento ordinario y revisión de actos en vía administrativa.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de fecha 31 de julio de 1992, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artº. 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículos 174 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, que consideran infracción muy grave la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos careciendo de la preceptiva concesión o autorización del transporte o de la actividad de que se trate cuando la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante.
Ello en relación con el artículo 3º del Decreto 7/1990, de 9 de enero, regulador de la actividad de alquiler de automóviles de viajeros sin conductor, que establece que las personas físicas o jurídicas propietarias de vehículos dedicadas a dicha actividad deberán contar con la autorización administrativa referida a cada vehículo, que los habilite específicamente para la realización de la misma.
Teniendo en cuenta que entre las alegaciones del recurrente figura la venta de la empresa, ello fundamenta en mayor medida el contenido de la Resolución impugnada en base a lo dispuesto en el artº. 10 del citado Decreto 7/1990, según el cual, las autorizaciones tendrán validez únicamente en tanto los vehículos pertenezcan a la persona a la que fueron concedidas, quedando automáticamente sin efecto en el momento en que dichos vehículos sean transmitidos, de forma que la persona adquiriente que quiera seguir dedicándolos a la actividad de arrendamiento, deberá obtener la correspondiente autorización. Resulta, por tanto, probado que en la fecha de la denuncia circulaba el vehículo realizando una actividad de alquiler de automóviles de viajeros sin conductor careciendo de la preceptiva autorización administrativa para ello, sin que lo argumentado por el recurrente desvirtúe, en modo alguno, los hechos descritos en la Resolución impugnada constitutivos de la infracción anteriormente indicada y determinante de la sanción impuesta.
Cuarto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
D I S P O N G O:
Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por Dña. Jane Gerd Sevendsen, en representación de HNH Internacional, S.A. y confirmar la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes de fecha 31 de julio de 1992, recaída en el expediente sancionador GC-0876-0-92, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, y precintado del vehículo por tres meses, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer cualquier otro recurso que estimen pertinente.- El Consejero de Turismo y Transportes, Miguel Zerolo Aguilar.
© Gobierno de Canarias