Se hace saber a la empresa operadora Comercial Aro de Oro, S.L., que se halla en ignorado paradero, que con fecha 24 de junio de 1993, por esta Viceconsejería para las Administraciones Públicas se ha procedido a incoar expediente administrativo de cancelación de empresa operadora a Comercial Aro de Oro, S.L., inscrita en el Registro de Empresas Operadoras de esta Comunidad bajo el número 502 regional, en base a lo siguiente:
- Que con fecha 7 de septiembre de 1991, por Orden de 28 de agosto, del Ministerio de Economía y Hacienda, se procedió a disolver de oficio a la entidad Unión Peninsular de Seguros, S.A., dejando sin efecto, la Dirección General del Tesoro de la Consejería de Economía y Hacienda, a partir del 16 de septiembre del mismo año, los avales presentados por terceros ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, otorgados por la citada compañía.
- Que la empresa operadora de referencia, a fin de formalizar su inscripción como tal, constituyó avales con dicha compañía.
- Que con fecha 23 de septiembre de 1991, fue remitido a Comercial Aro de Oro, S.L. dicho acuerdo, el cual fue recibido por su titular con fecha 24 de septiembre de 1991.
- Que por la empresa operadora en cuestión, no se ha procedido a la constitución de nuevas fianzas, que garanticen las obligaciones derivadas de las responsabilidades económicas en que pudiera incurrir en el ejercicio de sus actividades.
- Que existe por parte de la empresa operadora Comercial Aro de Oro, S.L. un incumplimiento del artículo 35 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que procede, de conformidad con el artículo 35.2 del Reglamento antes citado, inicio de expediente administrativo de cancelación de inscripción de empresa operadora.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 75.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, a fin de que pueda alegar cuanto considere en su defensa, se concede un plazo de diez días, a partir de dicha publicación.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 1993.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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