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Efectuada adjudicación, por el procedimiento de libre designación, a Dña. María Ángeles Plata Medina, D.N.I. nº 42.045.903, del puesto de trabajo nº 06.02.02.007, Jefe de Sección de Régimen Interior, en la Presidencia del Gobierno, por Decreto del Presidente 53/1992, de 7 de abril. Vista la Sentencia nº 672, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en su cumplimiento y en uso de la competencia atribuida por el artículo 29.1.c) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
R E S U E L V O:
Primero.- Anular el nombramiento de Dña. María Ángeles Plata Medina para desempeñar el puesto de Jefe de Sección de Régimen Interior, R.P.T. nº 06.02.02.007.
Segundo.- Nombrar a D. Conrado Fernández Rizo, D.N.I. nº 42.036.797, para desempeñar el puesto nº 06.02.02.007, Jefe de Sección de Régimen Interior (Gestión de Personal, Contratación y Patrimonio), en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno; nivel: 24; puntos complemento específico: 65,00; vínculo: funcionario de carrera; Administración de procedencia: Comunidad Autónoma de Canarias, Grupo A; adscripción Cuerpo/Escala: Administrador General; titulación y experiencia: Licenciado en Derecho, Contratación, Personal y Patrimonio; jornada: especial; localización: Santa Cruz de Tenerife.
Tercero.- El funcionario nombrado cesará en su actual puesto de trabajo en el plazo de tres días, contados desde el siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de este Decreto, y habrá de tomar posesión en igual plazo, si reside en la misma isla, o en un mes, si reside fuera de ella, contado desde el día siguiente al del cese.
Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su publicación, previa comunicación a la Presidencia del Gobierno, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre de 1993.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
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