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Se hace saber a D. Vicente Rodríguez Martín, titular de la empresa operadora nº 162.722, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de Presidencia y Turismo, con el nº 34/92, por infracción a la normativa sobre el juego, recayendo una sanción de 200.000 pesetas, por la instalación y funcionamiento en el Hotel Apartamentos Tagoro, sito en Urbanización Torviscas Alta, Adeje, al haberse comprobado por la Inspección del Juego, según acta de fecha 5 de febrero de 1992, que las máquinas recreativas tipo A, TF-A-5237 y TF-A-6048, se encuentran ubicadas en un pasillo de acceso a las piscinas, fuera de la Sala de Juegos para la que fueron autorizadas, careciendo, en el momento de la inspección, del Boletín de Instalación. Asimismo, el hotel carece del Reglamento del Juego y Libro de Reclamaciones.
Lo que supone infracción a los artículos 19º.1.a) y 31º.1.b), c) y d) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificadas como faltas graves, la instalación de máquinas recreativas de juego tipo A en locales distintos a los autorizados para este tipo de máquinas, relacionadas con el artículo 19º del Reglamento, y procede sancionar con multa de 300.000 pesetas, de acuerdo con el artículo 40º.1; por carecer en el momento de la inspección de Boletín de Instalación, debe calificarse como grave y procede sancionar con multa de cien mil pesetas, de acuerdo con el artículo 40º.5 y por carencia de Libro de Reclamaciones y Reglamento de Juego, debe calificarse como grave, y procede sancionar con multa de cien mil pesetas, de acuerdo con el artículo 40º.5, todo ello de acuerdo con el artículo 42º del citado Decreto 93/1988.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse ante el Consejero de Presidencia y Turismo recurso ordinario, en el plazo de un mes, contado desde el día de su publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 114º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 1993.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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