Se hace saber a Recreativos Los Reyes, con título de empresa operadora revocado, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de Presidencia y Turismo, con el nº 183/92, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, recayendo una sanción de tres millones de pesetas, por haberse comprobado que en el establecimiento Bar Agustín, sito en calle Tijoco, 22, Tijoco Bajo, Adeje, se encuentra instalada y en funcionamiento una máquina del tipo B, modelo B-1603, careciendo de todo tipo de documentación, llevando incorporada una Guía de Circulación para una máquina del tipo A, y un Boletín de Instalación para la Cafetería Rodrimar, sita en calle Dr. Antonio González, 4, La Laguna. Se procede al precinto de la máquina y se requisa la documentación que lleva incorporada la misma. La empresa operadora a la que pertenece la máquina carece de título de empresa operadora, según Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 17 de octubre de 1991, debiendo cesar todas las actividades económicas relacionadas con la explotación de máquinas recreativas y de azar.
Lo que supone infracción a los artículos 7º.1, 8º, 9º, 11º, 12º, 13º, 18º.1.c), 30º.1.b), c) y d), 31º.1.b), c) y d), y 44º del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), y artículo 6º de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre (B.O.C.A.C. nº 158, de 31.12.85).
Sancionándose como disponen los artículos 22º y siguientes de la citada Ley y artículos 39º.1.2, 6, y 40º.4 del mencionado Decreto 93/1988.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación a la Consejería de Presidencia y Turismo exigida en el artículo 110º.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de octubre de 1993.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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