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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Manuel Zamora Suárez la Orden de 19 de febrero de 1993 (Libro nº 1, folio 195, nº 87), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 441/92 (expediente nº TF-1111-0-91), interpuesto contra la Resolución de la extinta Dirección General de Transportes, de fecha 29 de mayo de 1992.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Los Realejos la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de octubre de 1993.- El Secretario General Técnico, p.d., el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico (Resolución de 19.5.93; B.O.C. nº 67, de 24.5.93), Antonio J. Alfonso Quirós.
A N E X O
Orden de 19 de febrero de 1993, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Zamora Suárez.
Visto el recurso de alzada formulado por D. Manuel Zamora Suárez, contra la Resolución del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes de fecha 29 de mayo de 1992, recaída en el expediente sancionador nº TF-1111-0-91, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO Primero: la Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo matrícula TF-8138-T, del que es titular D. Manuel Zamora Suárez, un servicio de transporte discrecional de viajeros careciendo del cuadro de tarifas vigente, dando lugar a la sanción de cuarenta mil (40.000) pesetas.
Segundo: el recurso de alzada interpuesto alega, en resumen, que en el momento de la denuncia no portaba el vehículo el cuadro de tarifas vigente; que los otros taxis de la zona tampoco poseen; que le resulta imposible hacer frente a la sanción impuesta ya que el negocio de transporte de auto-taxis en San Juan de la Rambla no es muy rentable y aporta como muestra del cumplimiento de la legalidad, el cuadro de tarifas oficiales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4º.1 del Decreto 56/1992, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes, en relación con el artículo 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 146.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que establece que el procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en dicha Ley se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, sobre procedimiento ordinario y revisión de actos en vía administrativa.
Tercero.- La argumentación esgrimida por el recurrente en nada altera los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 142.f) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículo 199.f) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, que califican como infracción leve el carecer de los preceptivos cuadros de tarifas, calendarios, horarios, avisos y otros de obligada exhibición para el conocimiento del público, en relación con el artículo 4º de la Orden de 29 de julio de 1991 (B.O.E. de 13 de agosto de 1991), de Régimen tarifario de los servicios públicos de viajeros en vehículos de menos de diez plazas, que establece que éstos irán provistos de un impreso en el que figuren las tarifas aplicables, en modelo oficial especificado en el anexo de la citada Orden, que deberán colocarse en lugar visible en el interior del vehículo. Resulta probado, reconocido incluso por el recurrente en el escrito del recurso interpuesto, que el documento antes indicado no sólo no figuraba en lugar visible en el vehículo en cuestión, sino que incluso carecía del mismo, con el consiguiente desconocimiento de las tarifas de aplicación por parte del público usuario.
Cuarto.- No obstante y teniendo en cuenta que, según los archivos obrantes en la Dirección General de Transportes, se constata la carencia de antecedentes infractores en materia de transportes por parte del recurrente D. Manuel Zamora Suárez procede atenuar la cuantía de la sanción, rebajando la misma al mínimo dentro de su gravedad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 de la Ley 16/1987 y 201 del Real Decreto 1.211/1990.
Quinto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico. Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación, D I S P O N G O:
Estimar en parte el recurso de alzada promovido por D. Manuel Zamora Suárez y modificar la Resolución del Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes de fecha 29 de mayo de 1992, recaída en el expediente sancionador nº TF-1111-0-91, en el sentido de rebajar la cuantía de la sanción a diez mil (10.000) pesetas.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer cualquier otro recurso que estimen pertinente.- El Consejero de Turismo y Transportes, Miguel Zerolo Aguilar.
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