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Examinado el expediente incoado para la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados para la ejecución del proyecto de obra Acondicionamiento de la carretera GC-600, Puerto del Rosario. La Oliva-Corralejo. Isla de Fuerteventura. Clave: 03-FV-114, y teniendo en cuenta que se acreditan en el mismo los requisitos legales exigidos para producir tal declaración de urgencia que se contraen a:
1º) La utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes afectados resulta implícita en la aprobación del proyecto de obra de referencia a tenor de lo establecido en el artículo 13 de la Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, precepto puesto en relación con los artículos 15 y 17 de la Ley de Expropiación Forzosa, así como con el 16 párrafo 1º de su Reglamento.
2º) La urgencia viene motivada por el alto índice de siniestralidad registrado en los últimos años en la vía pública de la que se trata, habiendo quedado constatado un aumento progresivo de los accidentes de circulación en la zona, en los que ha influido como factor determinante la anómala configuración de la carretera, siendo así que a lo largo de su trazado quedan localizados numerosos puntos potencialmente peligrosos, configurándose en su conjunto como una carretera cuyas escasas condiciones de seguridad exigen la pronta adopción de medidas tendentes a paliar la situación que se viene originando, en orden a evitar se sucedan, al menos con la frecuencia que actualmente se viene soportando, los accidentes de tráfico en la zona, con los consecuentes daños personales y materiales que de aquéllos se derivan.
De ahí que se haga imprescindible, como así lo han evidenciado las continuas demandas de los usuarios, afrontar con carácter inmediato el acondicionamiento de la carretera en orden a adaptarla a las necesidades surgidas por el incremento de tráfico rodado.
3º) Se ha oído a los titulares de los bienes y derechos afectados, mediante información pública tramitada, según lo prevenido en el artículo 18 y siguientes de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, como precedente de la declaración sobre urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, tendente a lograr la subsanación de posibles errores en la descripción material o legal de dichos bienes y derechos afectados, publicándose anuncios en el Boletín Oficial de Canarias nº 62, de fecha 12 de mayo de 1993, en el periódico Canarias 7 de fecha 25 de junio de 1993 y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Puerto del Rosario y La Oliva, respectivamente, durante un periodo de quince días hábiles, habiéndose presentado en dicho periodo de información pública, dos alegaciones, de las que una ha sido desestimada, sin perjuicio de que el interesado pueda hacerla valer en el momento del levantamiento de acta previa a la ocupación, y la otra estimada, por resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de 22 de julio de 1993, quedando la relación de bienes y derechos en sus mismos términos.
Visto el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y los artículos 56 y siguientes de su Reglamento de aplicación, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 8 de octubre de 1993,
D I S P O N G O:
Uno.- Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la obra del proyecto de Acondicionamiento de la carretera GC-600, Puerto del Rosario. La Oliva-Corralejo. Isla de Fuerteventura. Clave: 03-FV-114, aprobado por resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de fecha 28 de junio de 1991.
Los bienes y derechos cuya urgente ocupación se declara, quedan descritos de forma individualizada y con indicación de sus titulares en el anexo al presente Decreto.
Dos.- Los interesados podrán formular, ante el organismo expropiante y hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas, alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores materiales en la enumeración o descripción de los bienes y derechos afectados.
Tres.- Contra el presente acto, cabe recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación o publicación, en su caso, previa la comunicación al Gobierno exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 1993.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
VIVIENDA Y AGUAS,
Diego Torres Mateos.
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