BOC - 1993/137. Miércoles 27 de Octubre de 1993 - 2221

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2221 - RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Antonio Robles Fernández.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Antonio Robles Fernández la Orden de 25 de agosto de 1993 (libro 01, folio 614), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38/349/91.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por D. Antonio Robles Fernández, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 4 de febrero de 1992, recaída en el expediente nº 38/349/91, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 21 de marzo de 1991, en los Servicios Telefónicos, situados en la calle Acevino, s/n, Urbanización La Paz (término municipal de Puerto de la Cruz), y mediante acta nº 18.820, instruida al efecto, se comprobó que no figuraba el contador de pasos en lugar visible para el usuario, y que el precio del paso de contador era de 6,80 pesetas. Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden de 22 de junio de 1982 (B.O.E nº 196), sobre prestación al público del Servicio Telefónico con recaudación directa del titular; anexo I, de la Orden de 12 de abril de 1991 (B.O.E. nº 89), sobre la modificación de Tarifas de determinados Servicios de Telefónica; en relación con los artículos 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), regulador de las infracciones y sanciones en materia de defensa al consumidor y de la producción agroalimentaria.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 16 de febrero de 1991, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

1. Que el acta se levantó en presencia de una empleada que desconocía el precio del paso del teléfono, ya que se dedicaba a otros menesteres, lo cual se lo hizo saber al inspector.

2. Que reclama por parte de la Dirección Territorial de Comercio y Consumo alguna prueba de estos hechos.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden de 22 de junio de 1982 (B.O.E. nº 196), sobre prestación al público del Servicio Telefónico con recaudación directa del titular; anexo I, de la Orden de 12 de abril de 1991 (B.O.E. nº 89), sobre la modificación de Tarifas de determinados Servicios de Telefónica; en relación con los artículos 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), regulador de las infracciones y sanciones en materia de defensa al consumidor y de la producción agroalimentaria.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 20.1.k) del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se deje sin efecto la Resolución recurrida, por cuanto:

1. El recurrente como propietario del negocio, es el responsable del cumplimiento de la normativa aplicable en el ejercicio de su actividad.

2. Con respecto a la alegación relativa a la prueba por parte de la Dirección Territorial, el artículo 17 del Real Decreto 1.945/1983 dispone: “Los hechos que figuren recogidos en las actas de inspección se presumirán ciertos, salvo que del conjunto de las pruebas que se practiquen resulte concluyente lo contrario”. Luego, al no haberse destruido la presunción de certeza de que gozan los hechos recogidos en el acta, se entienden ciertos, a pesar de las alegaciones del recurrente.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, y el posterior 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias; así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por D. Antonio Robles Fernández, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 4 de febrero de 1992, recaída en el expediente 38/349/91, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.



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