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BOC Nº 136. Lunes 25 de Octubre de 1993 - 2205

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

2205 - RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. José Manuel García Velázquez.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. José Manuel García Velázquez la Orden de 25 de agosto de 1993 (libro 01, folio 609), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, recaída en el expediente nº 38/93/92.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Icod de los Vinos la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por D. José Manuel García Velázquez, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 1 de junio de 1993, recaída en el expediente nº 38/93/92, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas, y RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 6 de noviembre de 1991, en la carnicería de venta al por mayor Manolo y Toño, situada en la calle San Sebastián, 17, del término municipal de Icod de los Vinos, y mediante acta nº 22.409 instruida al efecto, se pudo comprobar que esta empresa cortó y envasó los productos cárnicos a que hacen referencia las actas de inspección núms. 22.401 y 22.399, siendo los datos de etiquetado de uno de estos productos: pepitos de res, 7 Islas. Edif. Coofriten. Telf.: 27-44-88. Bº Mª Jiménez, Santa Cruz de Tenerife. R.G.S. 402036/TF. Consérvese a -18ºC, fecha elaboración ago-1991. Producto Pepitos de res, peso 6 kilos. Consumir preferentemente antes de: (no consta). Lote nº: (no consta) y los del otro producto: “Fecha elaboración Agos. 1991. Consumir preferentemente antes de: (no consta). Lote nº: (no consta), producto: Bistec de Cerdo, peso 6 kg. 7 Islas. Edif. Coofriten. Telf.: 27-44-88. Bº Mª Jiménez. Santa Cruz de Tenerife. R.G.S. 402036/TF. Consérvese a -18ºC, siendo el referido etiquetado incorrecto al adolecer de mención de lista de ingredientes y fecha de consumo preferente, lote y país de origen.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2, 4, 8 y 9 del Real Decreto 379/1984, por el que se establece la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Industrias Almacenes al por mayor y envasadoras de productos y derivados elaborados y de establecimientos de comercio a por menor, nº 49, en relación con el artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, B.O.E. nº 168, por el que se regulan las Infracciones y Sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 5 de julio de 1993, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente: que los hechos denunciados, ocurrieron por habérsele facilitado al cliente que adquirió los productos cárnicos, por el personal del establecimiento de carnicería que regenta, unas cajas, que fueron utilizadas como embalajes de los mismos, procedentes de la empresa importadora denominada “7 Islas”, que había cerrado y suspendido sus actividades, cajas en las que el aludido cliente expuso después, en su establecimiento los productos cárnicos adquiridos, y en las que no constaban diversos datos que debe contener todo etiquetado o envase de productos cárnicos.

Que el recurrente no tendría más responsabilidad en los hechos que se le imputan, que la de haber permitido, que por el personal a su servicio se utilizara como “embalaje” de los productos cárnicos vendidos al mencionado cliente, unas cajas que en su día habían sido enviadas por la citada empresa “7 Islas” y luego desechadas y utilizadas, indebidamente por el aludido personal, como embalaje.

Que las carnes que se encontraban en el interior de las citadas cajas, fueron adquiridas en el establecimiento que regenta el exponente, pero éstas no tenían nada que ver, ni con la denominación del producto que figuraba en las cajas donde se hallaban expuestas, ni con la lista de ingredientes, ni con su origen, fecha de producción, contenido, denominación, fecha de caducidad, fecha de elaboración, ni en general con ninguno de los datos que figuraban en la etiqueta de las referidas cajas, que como ha expuesto, se referían a otros productos cárnicos que en su día fueron envasados en las mismas, y que se encontraban en las dependencias del establecimiento que regenta.

Que en ningún momento ha infringido las disposiciones que se estiman en la resolución que se recurre, como vulneradas, ya que como ha dejado expuesto, tales disposiciones se refieren a otros supuestos de hecho, y que si pudieran haber sido aplicables al caso concreto de haberse vendido las citadas cajas, con los productos cárnicos que se reflejan en sus etiquetas, y sin que éstas cumplieran con todos y cada uno de los requisitos especificados en las mismas.

Que éstos se limitaron a la utilización indebida de unos envases inadecuados para los productos cárnicos vendidos, supuesto éste que no se contempla como infracción en los preceptos invocados como base de la resolución, por la que se le impone la sanción, y por tanto, no pueden ser penalizados, ya que ello iría contra el principio fundamental contemplado en el artículo 25 de la Constitución Española.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 32, apartados 2, 4, 8 y 9 del Real Decreto 379/1984, por el que se establece la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Industrias Almacenes al por mayor y envasadoras de productos y derivados elaborados y de establecimientos de comercio a por menor, nº 49, en relación con el artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, B.O.E. nº 168, por el que se regulan las Infracciones y Sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 20.1.k) del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución recurrida, por cuanto:

El recurrente como vendedor y suministrador de productos es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a cada uno de los productos que comercializa, tal y como señala el artº. 27.1.a) de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios al declarar “la responsabilidad del vendedor o suministrador o los productos que tenga expuestos para su venta al público o suministrar en cuanto al origen, identidad e idoneidad de los mismos”, por tanto responde de la vulneración de la normativa legal señalada en el Considerando segundo, sin que pueda eximirse alegando la responsabilidad del empleado.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería. Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, y el posterior 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias; así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por D. José Manuel García Velázquez, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 1 de junio de 1993, recaída en el expediente nº 38/93/92, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.

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