Estás en:
En uso de la competencia en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, reconocida en el artículo 29º.5 del Estatuto de Autonomía para Canarias, así como de conformidad con el Real Decreto 1.938/1985, de 9 de octubre, sobre traspaso de funciones del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en la referida materia, las cuales se asignan a la Consejería de Agricultura y Pesca, hoy Pesca y Transportes (Decreto 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias; B.O.C. nº 47, de 14.4.93), en virtud del Decreto del Gobierno de Canarias 212/1991, de 11 de septiembre, ha sido tramitado en este Departamento, de acuerdo con las previsiones de la Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos, un expediente relativo a la solicitud formulada por GRAMACAN, S.A., según la cual precisa le sea otorgada una concesión administrativa sobre una superficie marina de veinte mil metros cuadrados en la Bahía de Santa Águeda (término municipal de San Bartolomé de Tirajana), situada en aguas de Canarias, al suroeste de Gran Canaria, según coordenadas geográficas, para proceder a la instalación de jaulas flotantes destinadas a la cría y engorde de peces, especies Dorada y Lubina.
De conformidad con el artículo 10º de la anteriormente mencionada Ley de Cultivos Marinos, el expediente fue sometido a información pública (Resolución de la Consejería de Pesca y Transportes de 26 de abril de 1993; B.O.C. nº 73, de 7 de junio), así como también se recabaron los informes preceptivos de los Organismos a que hace referencia el propio artículo, que fueron emitidos dentro del plazo legal de un mes, establecido en el artículo 1º de la Ley de Cultivos Marinos, entendiéndose evacuados en sentido favorable aquellos que no lo hiciesen dentro del mismo, tal como preceptúa el referido artículo.
Por tanto, en su virtud, en uso de las facultades a mi conferidas en la normativa vigente,
D I S P O N G O:
Otorgar a GRAMACAN, S.A. una concesión administrativa sobre una superficie marina de veinte mil metros cuadrados en aguas de la Bahía de Santa Águeda (término municipal de San Bartolomé de Tirajana), en aguas de Canarias, según coordenadas geográficas, para proceder a la instalación de 12 jaulas flotantes destinadas al engorde de peces, especies Dorada y Lubina, siempre que se cumpla con lo establecido en la Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos, y normativa complementaria de la misma, y con sujeción a las siguientes condiciones:
Primera.- La concesión administrativa se otorga sin perjuicio de terceros y siempre y cuando no afecte a los intereses generales, por un periodo de diez años, que se contará partir de la iniciación de las actividades de explotación, pudiendo ser prorrogada por igual plazo a solicitud del interesado.
Asimismo, dicha concesión no podrá causar interferencias en el normal desenvolvimiento de las operaciones que realicen las embarcaciones, ni supondrá obstáculo alguno para la instalación de aquellos elementos fijos o móviles que puedan complementar los servicios portuarios.
Segunda.- Dentro de la superficie marina objeto de la concesión, el número máximo de jaulas flotantes con destino al engorde de peces (Dorada y Lubina) no superará la cifra de doce.
La referida superficie marina está situada al suroeste de la isla de Gran Canaria.
En cuanto a las jaulas situadas en el exterior del puerto, dicha superficie queda delimitada por las siguientes coordenadas geográficas:
Longitud Latitud
27º 45 00 15º 39 33 27º 45 00 15º 39 20 27º 45 12 15º 39 33 27º 45 12 15º 39 20
El emplazamiento de las jaulas a instalar no será fijo, quedando supeditado en cada momento a las necesidades de los servicios portuarios, de acuerdo con las indicaciones que a tal fin dé el Servicio de Puertos de la Dirección General de Obras Públicas, de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
Tercera.- A partir de la publicación de la presente Orden, se establece un plazo de dos años para iniciar las actividades de explotación.
Cuarta.- Cualquier tipo de transmisión, cesión, gravamen o acto que altere la titularidad o posesión de la concesión, requerirá la previa autorización de esta Consejería.
Quinta.- La presente concesión podrá ser expropiada por causa de utilidad pública o de interés social, con la indemnización que corresponda con arreglo a la legislación vigente en la materia.
Sexta.- La presente concesión se extinguirá siempre que concurra alguna de las siguientes causas, pudiendo ser ésta total o parcial, según que afecten a la totalidad de las jaulas o únicamente a las ubicadas en el interior o en el exterior del refugio, respectivamente:
1. El abandono de la concesión. Una vez comenzada la explotación, el cese de la actividad por un periodo superior a dos años será considerado como abandono de la concesión.
2. La renuncia del interesado.
3. El vencimiento del plazo de puesta en explotación que se establece en la condición tercera, así como el de las prórrogas que a tal fin se pudieran otorgar.
4. El vencimiento del plazo de otorgamiento, sin haberse solicitado prórroga del mismo o sin haber cumplido la sanción que se pudiese imponer por tal causa.
5. Causar daños ecológicos evidentes o peligro para la salud pública.
6. Representar peligro u obstáculo para la navegación o para las operaciones portuarias habituales y dificultar o impedir la ampliación del puerto o la dotación de equipamiento e instalaciones para el tráfico marítimo u otros riesgos de análoga naturaleza debido a las instalaciones o su funcionamiento, de acuerdo con lo que dictamine la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
7. El no dotar a las instalaciones del adecuado balizamiento diurno y nocturno, así como el no reponer los deterioros que puedan producirse en el mismo.
8. Cualesquiera otras causas que pudiesen ser determinadas en disposiciones de desarrollo de la Ley de Cultivos Marinos.
9. El incumplimiento de cualesquiera de las normas que regulan esta concesión o de las normas de la legislación vigente que afecten a la misma.
Séptima.- La Consejería de Pesca y Transportes efectuará cuantas inspecciones y reconocimientos estime oportunos en relación con los métodos de cultivo, instalaciones y producción, sin perjuicio de las que pudiera realizar el Organismo competente en materia de sanidad.
Octava.- Será de aplicación la normativa tributaria vigente autonómica o estatal, según corresponda, en todas aquellas obligaciones de naturaleza tributaria que se deriven del otorgamiento de la presente concesión administrativa, tales como el establecimiento del canon de ocupación que pudiera corresponder, así como las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados relacionados con la misma, o bien en lo relativo a las posibles exenciones y declaraciones de no sujeción que se pudieran emitir.
Novena.- La concesión administrativa comenzará a tener efectos a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de agosto de 1993.
EL CONSEJERO DE PESCA Y TRANSPORTES, p.s., EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (Decreto 145/1993, de 29 de julio; B.O.C. nº 99, de 2.8.93), José Mendoza Cabrera.
© Gobierno de Canarias