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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Ricardo Ángel Molini Dezotti la Orden de 19 de mayo de 1993 (libro 01, folio 318) que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38/168/91.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por D. Ricardo Ángel Molini Dezotti, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 2 de noviembre de 1992, recaída en el expediente nº 38/168/91 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 7 de enero del año en curso, en el mayorista de carne Rimoli, sito en la calle Tirso de Molina, 5, bajo, de esta capital, y mediante acta nº 18.408 instruida al efecto se pudo comprobar que esta empresa importadora comercializaba el producto alimentario congelado lomo sin cordón, localizado en el Supermercado Kosas, de Santa Cruz de Tenerife, lo que consta en acta de inspección nº 16.473, quien a su vez lo había adquirido a Comunidad de Bienes Codi y ésta a Congelados Raber, S.A. reflejado en actas de inspección núms. 16.350 y 18.185, respectivamente. En el etiquetado del citado producto figuran literalmente los siguientes datos: Carne vacuna congelada sin hueso. Corte del cuarto trasero de novillo, lomo sin cordón, Tenderloin 2/3 LBS., Sec. de Estado Agríc., Ganadería y Pesca, inspeccionado industria argentina, consumir preferentemente antes de 18 meses y conservar a 18º C. Producto elaborado en Est. nº of. 2082. Fecha de elaboración 11.10.89; careciendo por tanto de diversos requisitos exigidos por la legislación vigente.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 32 del Real Decreto 379/1984 (B.O.E. nº 99), por el que se regula la reglamentación técnico-sanitaria de industria al por menor y al por mayor y envasadores de productos y derivados elaborados y de establecimientos de comercio al por menor, en concordancia con el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa al consumidor y de la producción agroalimentaria; y Real Decreto 1.122/1988, de 23 de septiembre, por el que se regula la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados.
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas. Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 27 de noviembre de 1992, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
Con referencia al asunto del epígrafe, insiste en no apreciar culposidad y responsabilidad en los hechos imputados a su empresa.
Más aún, en el capítulo Nuevas cuestiones planteadas o derivadas del expediente que no hayan sido de anterior consideración, se indica claramente que por su parte no infringe la ley.
Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 32 del Real Decreto 379/1984 (B.O.E. nº 99), por el que se regula la reglamentación técnico-sanitaria de industria al menor y al por mayor y envasadores de productos y derivados elaborados y de establecimientos de comercio al por menor, en concordancia con el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa al consumidor y de la producción agroalimentaria.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 20.1.k) del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque y deje sin efecto la Resolución recurrida, por cuanto el artículo 27.a) de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios 26/1984, de 18 de julio (B.O.E. nº 196), establece la responsabilidad del vendedor, fabricante o suministrador de piezas o productos en cuanto al origen, identidad e idoneidad de los mismos; por tanto responde de la comisión de una infracción leve, pues ha incumplido los preceptos aplicables correspondientes indicados en el Considerando segundo, en la medida en que el etiquetado del producto en cuestión carece de determinados requisitos exigidos por la legislación vigente, entre otros:
a) La exigencia de hacer constar el contenido neto utilizando como unidad de medida el gramo o kilogramo.
b) No se indica la remisión expresa de la fecha de elaboración requerida por el artº. 10 del Real Decreto 1.122/1988.
c) No realiza una total identificación del nombre o razón social del fabricante, envasador o importador, y en todo caso el domicilio.
d) No se cumple por otro lado la denominación taxativa de la lista de ingredientes; todo ello se deduce fundamentalmente de los Reales Decretos 379/1989, 1.945/1983 y 1.122/1988.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, y el posterior 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias; así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por D. Ricardo Ángel Molini Dezotti, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 2 de noviembre de 1992, recaída en el expediente nº 38/168/91, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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