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No habiéndose podido notificar al interesado, en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución recaída en el expediente tramitado en esta Dirección General con referencia 384/92.U, de conformidad con el apartado cuarto del antedicho artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Fernando Gordo Pertusa la Resolución nº 86, de fecha 26 de febrero de 1993, recaída en el expediente 384/92.U, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente:
Resultando que en el lugar denominado subida Barranco Bufadero (entrada por María Jiménez), término municipal de Santa Cruz de Tenerife, se están realizando obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada de dos plantas (baja de 105 metros cuadrados y alta de 72 metros cuadrados) y tres garajes adosados con cubierta a cuatro aguas de 50 metros cuadrados, promovidas por D. Fernando Gordo Pertusa, sin la preceptiva licencia municipal de obras ni la previa autorización del Director General de Urbanismo, conforme a la Ley 5/1987, de 7 de abril, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Considerando que de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, en relación con el artículo 248 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, procede la suspensión de las referidas obras y la apertura del oportuno expediente en orden a determinar el carácter legalizable o ilegalizable de las mismas.
Considerando que el Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental es competente para ordenar la suspensión de las referidas obras, de conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, en relación con el artículo 21 de la citada Ley 7/1990, de 14 de mayo.
Vistos el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación y, habiéndose observado todas las prescripciones legales,
R E S U E L V O:
Ordenar la suspensión de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada de dos plantas (baja de 105 metros cuadrados y alta de 72 metros cuadrados) y 3 garajes adosados con cubierta a cuatro aguas de 50 metros cuadrados, que promueve D. Fernando Gordo Pertusa, en subida Barranco Bufadero (entrada por María Jiménez), término municipal de Santa Cruz de Tenerife y, en orden a garantizar dicha medida, precíntense las citadas obras, una vez transcurrido el plazo de tres días a partir de la notificación de la presente, plazo que se le concede a efectos de poder retirar cuantos útiles y demás bienes le sean necesarios, advirtiendo que de continuarse las obras se procederá a la retirada de la maquinaria afecta a éstas, así como dar traslado de los hechos a la fiscalía por ser presuntamente constitutivos del delito de desobediencia, tipificado en el artículo 237 del Código Penal.
Requerir al Ayuntamiento para que incoe en el plazo de un mes el oportuno expediente a los efectos del citado artículo 248 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, advirtiéndole que de estar ubicadas las obras en suelo clasificado como rústico, no podrá ser declarado el carácter legalizable o ilegalizable de las mismas, sin la previa autorización o denegación del Director General de Urbanismo, conforme a la Ley 5/1987, de 7 de abril, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico, y que de no actuar en consecuencia, esta Dirección General se subrogará en las competencias municipales en los términos previstos en el artículo 252 del citado Texto Refundido.
Requerir, asimismo, al Ayuntamiento para que incoe el correspondiente expediente sancionador, apercibiéndole de que su inactividad dará lugar a la subrogación por la Dirección General en los términos previstos en el artículo 47.2 de la citada Ley 7/1990, de 14 de mayo, debiéndose remitir a este Centro Directivo en el plazo de los diez días siguientes a la adopción de las correspondientes actuaciones, informe sobre las mismas, a efectos de las citadas subrogaciones.
Contra dicha Resolución cabe interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial, en el plazo de un mes a partir del siguiente al de su notificación.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de julio de 1993.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, p.s., el Director General de Urbanismo, Faustino García Márquez (Orden de 30.4.93; B.O.C. nº 57, de 3.5.93).
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