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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Francisco Ángel López Nordelo, en representación de la entidad Electrimática Insular, S.L. y por D. José Juan Quintana González, en representación de la entidad Inmuebles y Construcciones Quintana, Ojeda y Gil, S.L., la Orden de 6 de julio de 1993 (libro 01, folio 450), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía recaída en el expediente nº 35/97/92.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de julio de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Orden por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos por D. Francisco Ángel López Nordelo, en representación de la entidad Electrimática Insular, S.L. y por D. José Juan Quintana González, en representación de la entidad Inmuebles y Construcciones Quintana, Ojeda y Gil, S.L. (INYCO, S.L.), frente a la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas recaída el 8 de octubre de 1992, sobre retención de boletines de instalación eléctrica.
Vistos los recursos de alzada interpuestos por D. Francisco Ángel López Nordelo, en representación de la entidad Electrimática Insular, S.L. y por D. José Juan Quintana González, en representación de la entidad Inmuebles y Construcciones Quintana, Ojeda y Gil, S.L. (INYCO, S.L.), frente a la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas recaída el 8 de octubre de 1992, sobre retención de boletines de instalación eléctrica, y teniendo en cuenta los siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 3 de julio de 1992, D. José Juan Quintana González, en representación de la empresa INYCO, S.L. formuló reclamación contra la empresa instaladora Electrimática Insular, S.L. ante la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas por la negativa de dicha empresa instaladora a entregar los boletines de instalación eléctrica correspondientes a los chalets en el Camino Las Arenillas, s/n, término municipal de Santa Brígida, exigiendo como requisito indispensable el pago de la cantidad reclamada.
Segundo.- Una vez tramitado el expediente administrativo, la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas por delegación de la Dirección General de Industria y Energía dicta Resolución el 8 de octubre de 1992 apoyándose jurídicamente en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 20 de septiembre de 1973 y en la Circular 118 del Ministerio de Industria y Energía de fecha 24 de enero de 1979, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
1ª) La única persona que puede extender el boletín de instalación eléctrica es el instalador autorizado que realizó la instalación.
2ª) La resolución de los problemas económicos suscitados en una relación contractual compete únicamente a los Tribunales de Justicia.
3ª) Fijación de un plazo de seis meses para que las partes lleguen a un acuerdo en orden de a la legalización de la instalación eléctrica de las viviendas sitas en la Urbanización Las Arenillas, término municipal de Santa Brígida. Transcurrido dicho plazo, esta Dirección Territorial para evitar perjuicios a terceros de buena fe podrá adoptar la de autorizar con carácter excepcional la contratación de otro instalador para la finalidad de las obras.
Tercero.- Contra la citada Resolución se interpone por D. Francisco Ángel López Nordelo, en representación de la entidad Electrimática Insular, S.L., recurso de alzada en el cual viene a formular en resumen las siguientes alegaciones:
1ª) A juicio de la empresa recurrente resulta arbitraria, desproporcionada y al margen de la legalidad la resolución administrativa al distanciarse la Administración de analógica y normal interpretación de la norma jurídica. En efecto, el artículo 25 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión dispone que en todo caso y para autorizar cualquier instalación, la Delegación deberá recibir y conformar el boletín extendido por el instalador autorizado que realiza el montaje, y asimismo, el artº. 4.2 de la Orden de 17 de diciembre de 1980 que desarrolla el Real Decreto de 26 de septiembre de 1980, sobre liberalización industrial, hace una remisión al expresado artículo 25 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
2ª) La resolución impugnada deviene no conforme a Derecho al vulnerar el Principio General de Derecho de Jerarquía de las Normas Jurídicas, ya que una Circular no puede contradecir lo establecido en un Decreto, norma con rango reglamentario de obligado acatamiento para la Administración, conforme al principio de legalidad establecido en el artº. 25 de la Constitución.
3ª) A juicio de la empresa recurrente, la Administración aquí ha actuado convencionalmente sin otro objeto que buscar un efecto en una relación privada pues se actúa supra ordenadamente a los intereses en juego, como un árbitro, sin ser titular de un interés propio, intentando suplir al Juez en la resolución de conflictos entre partes privadas.
Cuarto.- Contra la Resolución de 8 de octubre de 1992, se interpuso también recurso de alzada por D. José Juan Quintana González en el cual viene a decir, en resumen, lo siguiente:
1. Que la Constructora Francisco Bordón Pérez ha sido la que ha precintado la obra y ha impedido el paso a la misma y no INYCO, S.L.
2. Que INYCO, S.L. no puede económicamente seguir un solo día más sin tener energía eléctrica en los chalets, ya que desde agosto de 1992 los nuevos propietarios de los chalets que se han vendido están negándose a pagar y devolviendo las letras de cambio que habían firmado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En el presente caso existe un conflicto de índole económico entre la empresa instaladora Electrimática Insular, S.L. e INYCO, S.L. que se suscita en una relación contractual de naturaleza privada, por lo que el conocimiento y resolución de las cuestiones económicas derivadas de una relación contractual privada compete a los Tribunales de Justicia. Sin embargo, el boletín de instalación eléctrica se configura como un documento técnico, cumple con las reglamentaciones técnicas que le son de aplicación, en orden a su puesta en marcha, por tanto, extender sus efectos más allá del campo técnico para dilucidar cuestiones contractuales va contra el espíritu y la finalidad del propio artículo 25 del Reglamento Electrónico de Baja Tensión. Segundo.- No se vulnera el principio de jerarquía al aplicar la Circular 111 del Ministerio de Industria y Energía sobre Boletín de Instalador eléctrico para puesta en servicio de instalaciones eléctricas de baja tensión, de fecha 24 de enero de 1979, pues la misma no contradice normas de rango superior, tales como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sino que rellena una laguna legal, contemplando un supuesto concreto no regulado en la legislación aplicable, con la finalidad de evitar que se cause perjuicio a terceros de buena fe.
Tercero.- La precitada Circular 118 del Ministerio de Industria y Energía, dispone que para el caso de ser necesario el Boletín del Instalador y éste no lo entregue como acción de presión para el cobro de su trabajo (supuesto del hecho del presente expediente), la solución será la siguiente:
a) En primer lugar las partes deberán llegar a un acuerdo pudiendo actuar la Administración como mediadora a título privado, y establece textualmente: sin que su decisión sea susceptible de recurso. Por lo tanto, se observa que la Resolución recurrida a pesar de apoyarse en esta Circular del Ministerio de Industria y Energía se ha incumplido en este extremo, pues al pie de la Resolución de 8 de octubre de 1992 se dispuso que contra la misma cabía anteponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, vulnerándose, por tanto, lo dispuesto en la mencionada Circular 118 del Ministerio de Industria y Energía.
b) En segundo lugar, la Circular 118 autoriza a la Administración, para el caso de que transcurrido un tiempo prudencial sin resolver el litigio, a recabar un dictamen técnico emitido por facultativo competente, en el que se exprese que la instalación reúne las condiciones reglamentarias, y a la vista del mismo la Administración hará una Resolución motivada autorizando la puesta en servicio de dichas instalaciones. Resolución que será comunicada a las partes implicadas con expresión de los recursos que pudieran interponer, y plazo para hacerlo. De forma que la Dirección Territorial debió haber solicitado al referido informe y posteriormente dictar la Resolución motivada y recurrida, y no resolver en una primera fase cuando actuaba como mero mediador privado. Cuarto.- El artículo 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo (cuyo contenido mantiene y el artículo 113 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), dispone: cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido, por tanto deberá retrotraerse al momento a que se dictó la Resolución ahora recurrida.
VISTOS
Lo dispuesto en los Reales Decretos núms. 2.578/1982 y 2.091/1984, de 24 de julio y 26 de septiembre, denominados respectivamente de Transferencias de Competencias, Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la entonces Junta de Canarias en materia de industria y energía y de Valoración Definitiva y Ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados y adaptación de los transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria, energía y minas (B.O.E. núms. 248, de 16.10.82 y 278, de 20.11.84), así como el artículo 8.3 del Decreto 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo.
Por todo lo cual, el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio DISPONE:
No resolver sobre el fondo del asunto y ordenar la retroacción del expediente al momento de la Resolución recurrida, con el fin de que se cumpla lo dispuesto en la Circular 118 del Ministerio de Industria y Energía de 24 de enero de 1979.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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