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Se hace saber a D. Apolonio Reyes Yanes, con título de empresa operadora revocado, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de la Presidencia, con el nº 63/92, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, recayendo una sanción de un millón de pesetas, por la instalación y funcionamiento de la máquina recreativa TF-B-9481, de su propiedad, en el bar Fruits Paradise, sito en Los Cristianos, calle Funchal, 10, apartamentos Funchal, encontrándose el titular de la máquina sin título de empresa operadora, al habérsele revocado según Decreto 254/1989, de 19 de octubre, del Consejo de Gobierno, debiendo cesar en la explotación de máquinas de juego y de azar. Se procede al precinto cautelar confirmándose mediante Resolución de la Viceconsejera para las Administraciones Públicas, de fecha 20 de abril de 1992.
Lo que supone infracción a los artículos 8, 9 y 18.1.c) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificada como falta muy grave la explotación de máquinas de juego por personas físicas o jurídicas no autorizadas como empresa operadora, a tenor de lo dispuesto en el artº. 39.1, correspondiendo una sanción de un millón de pesetas, de acuerdo con el artº. 42 del referido Decreto 93/1988, y artº. 22 y siguientes de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre (B.O.C. nº 158, de 31.12.85).
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su publicación, previa la comunicación a la Consejería de Presidencia y Turismo, en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 1993.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas Gónzalez-Moro.
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