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Se hace saber a Rubén Reyes Yanes, con título de empresa operadora revocado, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador, que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de la Presidencia, con el nº 66/92, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, recayendo una sanción de un millón de pesetas, por la instalación y funcionamiento en el Bar Old Bill, sito en calle Funchal, Los Cristianos, de la máquina recreativa tipo B, TF-B-2316, encontrándose en la actualidad la citada empresa operadora sin título, al habérsele revocado según Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 17 de octubre de 1991 (B.O.C. nº 27, de 26.2.92), procediéndose a la cancelación del título de empresa operadora y a la declaración de extinción de las autorizaciones de explotación de máquinas recreativas y de azar que tuviera en el momento de producirse la cancelación, procediéndose al precinto de la máquina.
Se confirma el precinto de la máquina.
Lo que supone infracción a los artículos 8, 9 y 18.1.c) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), y artículos 5 y 6.1 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre (B.O.C. nº 158, de 31.12.85).
Sancionándose como disponen el artº. 39.1 del citado Decreto y artº. 21.2.1.a) de la mencionada Ley.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación a la Consejería de Presidencia y Turismo, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 1993.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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