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Se hace saber a D. Guillermo Marrero Santos, titular de la empresa operadora nº 472, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador, que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de Presidencia y Turismo, con el nº 144/92, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, recayendo una sanción de 200.000 pesetas, por la instalación y funcionamiento en el Bar 7 Hermanos, sito en Taco, La Laguna, calle El Cardonal, bloque 30, local 33, de las máquinas recreativas tipo B, TF-B-5556 y TF-B-9850, careciendo de justificante de abono de la Tasa Fiscal de Juego. Asimismo el establecimiento carece de Libro de Reclamaciones y Reglamento de Juego.
Lo que supone infracción a los artículos 30.1.d), 31.1.c) y d), y 44 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificada como falta grave, la falta de entrega por la empresa operadora al titular del establecimiento donde esté instalada la máquina de los Libros a conservar en el local, correspondiéndole una multa de cien mil pesetas; como falta leve, la carencia de justificante de abono de la Tasa Fiscal de Juego, correspondiéndole una multa de cien mil pesetas, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40.4, 41.3 y 42 del citado Decreto 93/1988, y en relación con los artículos 22 y siguientes de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre (B.O.C. nº 158, de 31.12.85).
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse ante el Consejero de Presidencia y Turismo, recurso ordinario, en el plazo de un mes, contado desde el día de su publicación, en virtud de lo dispuesto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de junio de 1993.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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