Se hace saber a Los Reyes Recreativos, con título de empresa operadora en baja, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador, que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de la Presidencia, con el nº 92/92, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, recayendo una sanción de un millón de pesetas, por la instalación y funcionamiento en el Bar La Roca, sito en calle Aceriños, Urbanización La Paz, Puerto de la Cruz, al haberse comprobado por la Inspección del Juego, según Acta de fecha 29 de mayo, que la máquina recreativa tipo B, modelo 1628, serie A-277, pertenece a la citada empresa operadora, Los Reyes Recreativos, la cual carece de título de empresa operadora, según Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de 17 de octubre de 1991 (B.O.C. nº 27, de 26.2.92).
Lo que supone infracción a los artículos 8, 9 y 18.1.c) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificada como falta muy grave la explotación de máquinas de juego por personas físicas o jurídicas no autorizadas como empresa operadora, a tenor de lo dispuesto en el artº. 39.1, correspondiendo a la sanción propuesta una multa de un millón de pesetas.
Todo ello de acuerdo con el artº. 42 del referido Decreto 93/1988 y artº. 22 y siguientes de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre (B.O.C.A.C. nº 158, de 31.12.85).
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su publicación, previa la comunicación a la Consejería de Presidencia y Turismo, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 1993.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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