Estás en:
En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,
R E S U E L V O:
Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de fecha 4 de mayo de 1993, por el que se suspende la aprobación definitiva del Plan Parcial Sector 8, Lomo Blanco, término municipal de Tías, cuyo texto figura como anexo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 1993.- El Director General de Urbanismo, Faustino García Márquez.
A N E X O
La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 4 de mayo de 1993, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
Primero: suspender, al amparo de lo preceptuado en el artículo 132.3.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, la aprobación definitiva del Plan Parcial Sector 8, Lomo Blanco, término municipal de Tías (Lanzarote), hasta tanto se dé cumplimiento a la subsanación de las siguientes deficiencias:
1. Conforme determina el punto 4º del informe emitido por el Servicio de Carreteras de la Dirección General de Obras Públicas, de 29 de junio de 1992, la existencia de una zona expropiada junto a la carretera de circunvalación deberá ser respetada en su totalidad, sin que pueda contabilizarse como zona verde por el Plan Parcial.
2. Conforme se señala en el Informe Urbanístico sobre adecuación al P.I.O.T. de Lanzarote, el Plan se ajustará a las siguientes indicaciones:
2.1. Deberá corregirse la categoría de los establecimientos hoteleros, que serán como mínimo de 4 estrellas (artº. 3.3.2.4.A del PIOT).
2.2. Deberá corregirse asimismo la clasificación de los apartamentos, bungalows y villas que tendrán que ser como mínimo de 4 llaves (artº. 3.3.2.4 A.1 del PIOT).
2.3. La superficie construida mínima en apartamentos y bungalows será de 70 m2 de uso alojativo por unidad y 35 m2 construidos de uso alojativo por plaza. 2.4. Deberán cumplirse las Condiciones Generales de la Edificación siguientes:
a) Condiciones de calidad e higiene de los edificios (artículos 5.5.6.1 a 5.5.6.6).
b) Condiciones de las dotaciones y los servicios de los edificios (artículos 5.5.6.1 a 5.5.7.7).
c) Aparcamientos y garajes en los edificios (artículos 5.5.8.1 a 5.5.8.4).
d) Condiciones de seguridad en los edificios (artículos 5.5.9.1 a 5.5.9.4).
3. Vista la documentación gráfica (Planos Parcelarios y de Zonificación y Red Viaria) se comprueba que dos de las edificaciones existentes se encuentran afectadas por la franja perimetral de espacio libre, de 25 m de ancho, establecida para los S.A.U. de uso turístico, por lo cual no deben figuran sus parcelas (E e I) en el correspondiente plano quedando fuera de ordenación.
4. El cálculo del número máximo y densidad bruta de viviendas se realiza partiendo de la edificabilidad del sector, incluyendo la complementaria, por lo que el número de viviendas resultante así obtenido no es correcto. Esto no influye en el cálculo de las dotaciones previstas por el Plan, que cumplen con lo especificado por las Normas Subsidiarias de Tías para el S.A.U., así como con los módulos mínimos de reserva para dotaciones del anexo al Reglamento de Planeamiento en su artº. 10.
Deberá, no obstante, modificarse dicho parámetro y fijarse el mismo en 135 viviendas.
5. No se garantiza el suministro de agua por parte de INALSA.
6. El cálculo del aprovechamiento medio debe realizarse utilizando diferentes coeficientes de homogeneización o valoración de los distintos usos, correspondiendo al Ayuntamiento el 15% del mismo.
7. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización (Estudio Económico-Financiero), no incluye el coste de la desaladora, calculándose el mismo en base a unos valores que se consideran muy bajos.
Por otro lado, no se justifican los medios económicos y financieros de los promotores, considerándose insuficiente la afirmación de que cuentan con capital suficiente.
8. La evaluación económica no se realiza con referencia a las obras y servicios estipulados en el artº. 55 del Reglamento de Planeamiento.
9. En cuanto a las Condiciones Generales de Edificación, en el apartado 4.3 Higiene, se deberá suprimir la referencia a la Orden de 29 de febrero de 1944, del Ministerio de Gobernación, y remitir al Decreto 47/1991, de 25 de marzo, por el que se regulan en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias las condiciones de habitabilidad de las viviendas.
10. En el plano de zonificación y red viaria, figuran denominadas las parcelas J, K, M1 y M2, con uso complementario, especificándose en la memoria que albergarán los servicios de interés público y social (religioso, asistencial, sanitario, ...) y comercial. En el cuadro de características no especifica la proporción o cuantías de cada uno. Deberá pues, definirse cada uno. Por otro lado y según el artº. 48.2 del Reglamento de Planeamiento deberá expresarse el destino público o privado de los terrenos que se destinen a dotaciones.
11. Debe especificarse la prohibición de ubicar casetas de transformación en las zonas libres públicas, tal y como se regula en las Normas Subsidiarias.
12. Las parcelas E e I aparecen en el plano de zonificación y red viaria con uso residencial y en el plano de parcelación como zona verde. Las dos quedan fuera de ordenación, debiéndose colocar sobre ellas la trama de zona verde.
13. Dado el carácter finalista de los Planes, la subdivisión de parcelas permitidas por las Ordenanzas reguladoras del presente Plan en su artº. 4.2.9 debe condicionarse a que se apoyen estrictamente en el viario destinado en el documento.
Segundo: una vez subsanado el documento, se remitirá nuevamente por la Administración Municipal a esta Comisión para su aprobación definitiva.
Tercero: el Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y se notificará expresamente al promotor, Ayuntamiento de Tías y Cabildo Insular de Lanzarote.
Contra este Acuerdo cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir de su notificación, que deberá venir acompañado de dos copias, ante la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, y contra su desestimación expresa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución del recurso; y si ésta fuera presunta, en el plazo de un año a partir de la interposición del recurso de reposición en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
© Gobierno de Canarias