Vista la necesidad de proceder a la modificación de la composición de las Comisiones de Valoración de los distintos concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en este Departamento, aprobados mediante Órdenes de fecha 26 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 141, de 8.10.92), debido por una parte a la publicación del Decreto 62/1993, de 13 de abril, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma, y de otra, a la concurrencia en determinados miembros de alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 28.2.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En uso de las facultades conferidas por el artículo 4º del Decreto 114/1992, de 9 de julio, por el que se aprueba el Programa de concursos de traslados de 1992, entre funcionarios de carrera,
D I S P O N G O:
Primero.- Modificar la composición de las Comisiones de Valoración que van a evaluar los méritos aportados por los concursantes, para la provisión de los puestos de trabajo convocados por Órdenes de esta Consejería de fecha 26 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 141, de 8.10.92), designando como Presidente de todas ellas, y en sustitución de Dña. Francisca Luengo Orol, a D. Miguel Dalmacio Benítez Cruz, Secretario General Técnico de esta Consejería, a excepción de la convocatoria nº 15.D.611.05/92, cuya presidencia recaerá en D. Enrique Torres Curbelo, Director General de Ordenación y Fomento Industrial y Comercial.
Segundo.- Asimismo, y por lo que se refiere a la convocatoria del concurso de méritos nº 15.B.331.02/92, nombrar como vocal de la misma a Dña. Beatriz Suárez Álvarez, Jefe de Sección de Personal, en sustitución de Dña. María Eugenia Montes Galán.
Tercero.- Por lo que se refiere a la convocatoria del concurso de méritos nº 15.C.511.04/92 nombrar como vocal de la misma a Dña. María Eugenia Montes Galán, Jefe de Sección de Personal y Gestión Económica, en sustitución de D. Juan Hardisson Rumeu.
Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio asimismo, de la posibilidad de ejercer la potestad de recusación prevista en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 1993.
EL CONSEJERO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, José Vicente León Fernández.
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