No teniendo constancia esta Dirección General de Vivienda del domicilio de D. Benjamín Recouso Martínez, y siendo necesario notificarle la imposición de multa coercitiva recaída en el expediente sancionador VP-69/89, de conformidad con lo previsto en el artº. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, R E S U E L V O:
Notificar a D. Benjamín Recouso Martínez la imposición de multa coercitiva de fecha 24 de marzo de 1993, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
Habiendo sido desatendida por Vd., la ejecución de las obras correctoras impuestas por Resolución firme de esta Dirección General de fecha 27 de septiembre de 1990, recaída en el expediente de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 32/1976, de 2 de agosto, en relación con los artículos 50 del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre, y 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en imponer multa coercitiva por importe de 50.000 pesetas, cuyo pago deberá hacer efectivo en el plazo de ocho días, ante la Sección de Régimen Económico, Habilitación y Pagaduría de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, apercibiéndosele de que, de no hacerlo así en el plazo señalado, se procederá a la expedición de descubierto para su exacción por la vía de apremio.
Igualmente se le significa que de persistir en el incumplimiento de lo ordenado en la citada Resolución, se le podrán imponer sucesivas multas coercitivas hasta su total ejecución, pudiendo dar lugar asimismo, a la incoación de nuevo expediente sancionador con carácter de urgencia como medio de ejecución, pudiendo dar lugar asimismo, a la incoación de medio de ejecución forzosa, de conformidad con lo previsto en el artº. 56 y siguientes del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre.
Estas multas coercitivas, como actos de impulsión de procedimiento, no tienen carácter resolutorio, y por tanto, no son recurribles en ulterior instancia.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de 1993.- La Directora General de Vivienda, María Isabel Déniz de León.
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