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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a Dña. María Leal Cinta la Orden de 30 de marzo de 1993 (libro 01, folio 190), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38/365/90.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por Dña. María Leal Cinta, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 18 de mayo de 1992, recaída en el expediente nº 38/365/90, y que determinó la imposición de una sanción de multa de quince mil (15.000) pesetas y
RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 17 de abril de 1990, en el establecimiento de venta menor de productos alimenticios, propiedad de Dña. María Leal Cinta, sito en la Cruz del Señor, Divina Pastora, bloque nº 5 B, del Barrio del Perú, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante Acta nº 15.334 instruida al efecto, se comprobó que tenía dispuesto para su venta al público pan común sin envasar, alternando la persona que lo vende, con el cobro de dinero y la venta de otros productos a granel.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176, de 24 de julio), en concordancia con el artículo 2.1.2 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, y con el artículo 11.3.a) del Real Decreto 1.137/1984, de 28 de marzo (B.O.E. nº 146), por el que se establece la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, circulación y comercio del pan y panes especiales.
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de quince mil (15.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 8 de junio de 1992, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente: se recoge la Resolución dictada por el Director Territorial de Comercio y Consumo por delegación del Director General de Comercio y Consumo.
Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria, Comercio y Consumo.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176, de 24 de julio), en concordancia con el artículo 2.1.2 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, y con el artículo 11.3.a) del Real Decreto 1.137/1984, de 28 de marzo (B.O.E. nº 146), por el que se establece la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, circulación y comercio del pan y panes especiales.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 20.1.k) del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176, de 24 de julio).
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución dictada.
Por cuanto:
El recurrente como propietario, encontrándose además en el momento de la inspección en el establecimiento, es quien tiene que velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a cada uno de los productos que comercializa, tal y como señala el artículo 27.a) de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al declarar la responsabilidad del vendedor, por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al origen, identidad e idoneidad de los mismos; por tanto responde de la vulneración de la normativa legal sobre la fabricación, circulación y comercio del pan, indicada en el considerando segundo, sin que pueda eximirse de la responsabilidad, alegando el no haber sido informada de la normativa aplicable por el inspector, que previamente al 17 de abril de 1990, visitó el establecimiento; por cuanto las disposiciones legales han de ser cumplidas por todo ciudadano de forma objetiva y general, independientemente de su conocimiento o desconocimiento de la misma, por ello el artº. 6.1 del Código Civil proclama como principio general la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento y la Constitución en el artº. 9.3 señala que los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
Sexto: el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos, por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores. VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 147/1991, de 17 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria, Comercio y Consumo, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
Desestimar en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por Dña. María Leal Cinta frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 18 de mayo de 1992, recaída en el expediente nº 38/365/90, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de quince mil (15.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de 2 meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. El Consejero de Industria, Comercio y Consumo, Andrés Calvo González.
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