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Visto el testimonio de la sentencia nº 160/93, dictada el 8 de marzo de 1993, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº 450/92, interpuesto por D. Antonio Alberto Padilla, contra la Orden del Consejero de Turismo y Transportes de 6 de marzo de 1992, que declaró la inadmisión del recurso de alzada promovido contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes de 30 de octubre de 1991, recaída en el expediente sancionador GC-768-0-91, sentencia cuya parte dispositiva contiene el siguiente pronunciamiento que se transcribe literalmente:
Fallo
En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido:
Primero.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Antonio Alberto Padilla, contra la resolución de la que se hace mención en el Antecedente de Hecho segundo de esta sentencia, la que anulamos por considerarla ajustada a Derecho; y entrando en el fondo del asunto por economía procesal, lo desestimamos contra la resolución de la que se hace mención en el Antecedente de Hecho primero, por considerarla ajustada a Derecho.
Segundo.- No hacer especial pronunciamiento sobre costas.
En su virtud, esta Consejería de Pesca y Transportes, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1989, de 1 de julio, del Poder Judicial y demás preceptos concordantes de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del fallo de la sentencia de referencia a los efectos de su conocimiento y cumplimiento.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 1993.
EL CONSEJERO DE PESCA Y TRANSPORTES, Juan Carlos Becerra Robayna.
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